En una serie de actos inéditos en la
historia de las elecciones mexicanas, al menos cinco de los empresarios más
poderosos del país dieron la cara para atacar a un candidato: el que los ha
acusado desde 2006 de pactar con el PRI y el PAN para impedir su triunfo electoral.
En la actuale campaña ese aspirante,
Andrés Manuel López Obrador, cuenta con el respaldo de un creciente porcentaje
de electores, y los magnates repiten sus maniobras sigilosas, pero además
presionan para que sus empleados, socios y clientes no voten por la opción que
los horroriza. Sin embargo, a diferencia de 2012, esta vez el dinero no parece
inclinar la balanza.
Al
consumirse dos tercios del periodo oficial de campaña, a un mes de que se
celebren los comicios presidenciales del 1 de julio, algunos magnates mexicanos
se coordinaron para hacer llamados –unos más directos que otros– a no votar por
el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López
Obrador, ante la amplia ventaja que le dan prácticamente todas las encuestas de
intención de voto.
La inusual
campaña, calificada por Lorenzo Córdova, el consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), como un juego “en el límite de la legalidad”,
supuestamente está destinada a pedir que los empleados de grandes empresas
razonen su voto, mediten sobre el “riesgo” del “populismo” y el
“autoritarismo”, y tomen “las medidas necesarias” “para amortiguar un posible
deterioro del patrimonio”.
También
evocaron los daños que causaron en el país los regímenes de Luis Echeverría y
José López Portillo, igual que en Venezuela los de Hugo Chávez y Nicolás
Maduro. Y harán más.
En pleno
lanzamiento de la campaña empresarial, Ricardo Monreal Ávila, quien coordina la
“defensa del voto” en la Segunda Circunscripción de la campaña de López
Obrador, afirmó en un video de su canal de YouTube que el pasado 17 de mayo,
tres días antes del segundo debate presidencial, los magnates volvieron a
visitar al presidente Peña Nieto para pedirle una vez más la declinación de
José Antonio Meade en favor de Ricardo Anaya –el más cercano perseguidor de
López Obrador en las encuestas– o que el gobierno interviniera de modo más
directo en la elección.
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