Jenaro Villamil.
En la política y en las
campañas no hay coincidencias. En vísperas de que la exsecretaria de Desarrollo Social
(Sedesol) y actual titular de la Sedatu, Rosario Robles, reapareciera
mediáticamente en una entrevista en la sección Tragaluz de Milenio TV, para
defenderse de la “infamia maestra” (sic), se
ventiló públicamente el despido de Muna Dora Buchahin, titular de la Dirección
General de Asuntos Forenses de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y
principal responsable de la investigación sobre el presunto desvío de 7 mil 700
millones de pesos de la Sedesol.
Buchahin, quien tenía
pendientes aún varias auditorías por completar, dio a conocer una carta donde
el actual titular de la ASF, David Colmenares Páramo, le pidió la renuncia. En
la parte medular de su misiva, la auditora informa que “están en curso ocho
auditorías forenses y existen cinco propuestas más para investigar el Programa
Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de 2017. Dos de ellas
se refieren a denuncias documentadas y vinculadas nuevamente con Sedatu y sus
convenios con instituciones públicas de educación superior en 2016, con desvíos
graves de 275.2 millones de pesos descubiertos durante la ejecución de nuestras
auditorías en diciembre de 2017”.
En otras palabras,
Muna Dora traía más irregularidades en contra de Rosario Robles y de su equipo,
el mismo que durante su paso por la Sedesol hizo de la Cruzada Nacional contra
el Hambre y de varios programas sociales “consentidos” del peñismo, un pretexto
para triangular millonarios fondos públicos. Aún no se sabe si se trató de robo
o de desvío para campañas políticas o ambas cosas.
Rosario Robles ha
insistido una y otra vez que su “nombre” no aparece en esas transferencias e
irregularidades, como si necesitara aparecer la firma de la principal
responsable de ambas dependencias para acreditar su responsabilidad política y
administrativa por omisión o complicidad.
Tampoco aparece la
firma de su Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, principal arquitecto y responsable
de estas irregularidades, según se ha documentado en varios reportajes de
Proceso y de los portales digitales que dieron a conocer #LaEstafaMaestra.
La clave de la misiva de Muna Dora está en el punto 3:
“Llama la atención el
dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la ASF en sentido
negativo, sin haberse acercado a esta dirección general -área técnica
responsable de los hallazgos y de la ejecución de las auditorías- a pesar de
los graves antecedentes que son de conocimiento público, revelados en los
informes de auditorías de 2012, detallándose el modus operandi, los probables
responsables, los montos desviados y el grave daño social ocasionado bajo
esquemas de corrupción y simulación.
“Los montos alcanzan
los 7,700 millones de pesos e involucran a funcionarios de Sedesol, Sedatu, las
universidades y terceros presuntos proveedores implicados en la articulación de
estas redes de empresas fachada. Por su trascendencia e importancia, las denuncias
se hicieron del conocimiento superior y fueron enviadas a la UAJ desde el 14 de
marzo pasado para su inmediato trámite y atención, a fin de evitar dilaciones”.
Buchahin no lo dice,
pero es claro que está alertando sobre un intento de darle “carpetazo” a una de
las investigaciones más profundas y que más han indignado a la sociedad
mexicana en relación con la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu).
Tampoco menciona el
nombre del principal responsable de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF,
pero basta una revisión en el organigrama para darse cuenta que es Víctor
Manuel Andrade Martínez, hermano de Virgilio Andrade, el extitular de la
Secretaría de la Función Pública, responsable de exonerar al presidente Enrique Peña Nieto
del presunto conflicto de interés en el caso de la Casa Blanca. Andrade fue
“premiado” por su principal respaldo y amigo en el gabinete, Luis Videgaray,
dirigiendo el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), que
también ha servido para el reparto de tarjetas para damnificados de los sismos
en Chiapas.
Víctor Manuel Andrade Martínez pertenece a la ASF desde 2009,
y es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos durante este sexenio. Apenas en
julio de 2016 recibió la presea al “Mérito Jurídico en Fiscalización”. Si la exauditora general Muna Dora Buchahin
está en lo correcto, estamos ante una operación política del más alto nivel
para encubrir no sólo a Rosario Robles y sus principales funcionarios, sino a
toda la red que conoció y apoyó esta estrategia de la “estafa maestra”.
En la misma entrevista con Milenio TV, Rosario Robles afirmó
que su principal adversario es quien “no quería que llegara al Senado de la
República para defender el legado del presidente Peña Nieto”. No aclara si se
refirió al exdirigente nacional priista Enrique Ochoa Reza, al candidato
presidencial priista José Antonio Meade o al jefe político de ambos, el actual
canciller Luis Videgaray. No es ningún secreto que Robles era una aliada del
secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, en la disputa por la
sucesión presidencial de Peña Nieto.
La respuesta de la ASF
a los señalamientos de Muna Dora Buchahin han sido vulgares y ridículos. Tienen
la clara intención de desviar la atención al fondo del problema.
La exauditora general
ahora es acusada de presunto “conflicto de interés” por pertenecer al capítulo
en México de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE, por
sus siglas en inglés). Trece años al frente de su área en la ASF y sólo hasta
ahora se “dieron cuenta” que ella impulsaba cursos a través de esta agrupación.
Algo similar sucedió con el despido del extitular de la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade),
Santiago Nieto Castillo. Justo cuando había avanzado en la investigación del
presunto desvío y triangulación de 16 millones de dólares de la empresa
Odebrechet en la campaña de 2012, Nieto Castillo fue relevado. No lo acusaron
de mal investigador (igual que a Muna Dora), sino de “filtrar” a medios de
comunicación partes del expediente.
Estamos en la zona más
oscura del fin del sexenio de Peña Nieto. Son las vendettas internas dentro de
un gabinete plagado de irregularidades, triangulaciones y cleptocracia. La
sombra de Luis Videgaray, como un oscuro Darth Vader, arrastra la guadaña antes
que se cierre el último telón del sexenio.
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