Investigación
de Arturo Ángel.
*Testimonio
de Xóchitl Tress implica al diputado federal Tarek Abdalá y al contador López
Gachuz en posible desvío de recursos
La Procuraduría General de la
República (PGR) obtuvo la confesión de una exfuncionaria del gobierno de Javier
Duarte quien relató que, por órdenes del exgobernador y con la presunta
complicidad del entonces tesorero del estado, recibió millones de pesos para
adquirir propiedades a través de una empresa, la cual pertenece a la red de
compañías fantasma vinculada con el desvío de recursos públicos en el estado y
el financiamiento electoral ilegal a favor del PRI.
De acuerdo
con autoridades con pleno conocimiento del caso, la persona que declaró ante los fiscales es Xóchitl Tress, exdirectora
de Espacios Educativos en la administración de Javier Duarte.
Tress fue detenida el 31 de agosto
del año pasado por agentes de la Fiscalía de Veracruz acusada de
enriquecimiento ilícito. Tras declararse culpable fue sentenciada a una pena
reducida de tres años de prisión. Luego de dicha sentencia la exfuncionaria
accedió a declarar también ante fiscales de la Procuraduría General de la
República.
La declaración de Tress era
importante para la PGR pues confirma lo que había confesado previamente Juan
José Janeiro, un exoperador financiero de Duarte y hoy colaborador en las
investigaciones, quien señaló que en algún momento recibió la instrucción de
adquirir bienes para Xóchitl Tress.
De acuerdo
con autoridades ministeriales consultadas por este medio, la confesión de Tress permite también conocer y documentar al menos una
de las formas con la que se desviaban recursos públicos hacia compañías
fantasma.
La casa y la
empresa fantasma.
En su
declaración ministerial ante la PGR, Xóchitl Tress dijo que en 2014 Javier Duarte le regaló una propiedad en la calle de
Salmón 281, fraccionamiento Costa de Oro de Boca del Río, cuyo monto
escriturado ascendió a 2 millones 250 mil pesos. Las autoridades sospechan que
la transacción real pudo ser aún mayor.
La
exfuncionaria detalló que el 21 de marzo de 2014, dos días después de haber
asumido el cargo de Directora de Espacios Educativos, Duarte la citó a una reunión en su oficina en la que estaba presente
el entonces tesorero de la entidad y hoy diputado federal Tarek Abdalá Saad.
Esta reunión se dio después de que Tress le había dicho a Duarte que estaba
buscando una nueva casa.
Según la
exfuncionaria, en la reunión Javier
Duarte le dio a escoger entre diversas propiedades, pero ella le dijo que solo
quería un “préstamo” para una propiedad que ya había visto en venta en el
fraccionamiento Costa de Oro. El gobernador le dijo entonces que le “regalaría”
la casa y le encargó a Tarek Abdalá encargarse de la operación.
Tress declaró que Tarek le entregó
500 mil pesos en efectivo para adquirir la propiedad y luego la citó en el
Restaurante El Azafrán en Boca del Río donde estuvieron presentes algunos
contadores y abogados.
A dicha reunión, señala Tress, acudió
una señora que se identificó como Jacqueline Terrón Antonio, representante
legal de la empresa Grupo Comercial Terrami S.A. de C.V. con la que firmó un
convenio en la cual dicha empresa, a cambio de nada, se comprometía a
transferir UN millón 850 mil pesos para la compra de la propiedad.
Terrami es en realidad una empresa
fantasma, de las que existen en el papel, pero no en la realidad. Peor aún:
pertenece exactamente a la misma red que utilizó el gobierno de Javier Duarte
para desviar recursos públicos, y que fue revelada en un reportaje de Animal
Político en mayo de 2016.Hoy se sabe que dicha red de empresas fantasma fue
creada por el despacho del contador Víctor López Gachuz.
Los nexos de Jacqueline Terrón
Antonio y Grupo Comercial Terrami con la red de empresas fantasma son múltiples
y complejos.
Por citar un
ejemplo solamente, hay otra empresa
denominada Servcons S.A. de C.V. en la que Terrón es socia de Leonardo
Hernández, quien a su vez es socio de Virginia Cano Aguilera en la compañía
Bepubligam S.A de C.V.
Virginia Cano es a su vez socia en la
empresa AD911, una de las 20 compañías fantasma señaladas por Animal Político
de desaparecer más de 645 millones de pesos que el gobierno de Duarte les dio a
través de 72 contratos. El SAT luego documentó que estas empresas facturaron
más de 3 mil millones de pesos.
En otra
compañía de la red, Terrón Antonio es
socia de José Alfredo García Barradas, quien a su vez es uno de los dueños de
Logística ASISMEX, la empresa que financió ilegalmente la campaña de Enrique
Peña Nieto, de acuerdo con una investigación del INE.
En su
declaración tanto con la Fiscalía de Veracruz como con la PGR, Xóchitl Tress dijo que en el momento en que
firmó los papeles no sabía que Terrami era una compañía fantasma, aunque
reconoció que tampoco tenía relación alguna con dicha empresa, ni alguna
explicación que justificara que le transfiriera la mayor parte del dinero para
adquirir su propiedad.
Cabe señalar que Terrón Antonio ya
había confesado previamente ante la Fiscalía de Veracruz que era una militante
del PRI, y que aceptó “firmar papeles de diversas empresas”, entre ellas las de
Grupo Comercial Terrami a cambio de un pago mensual de 500 pesos. Negó ser
empresaria y sostuvo que era una persona de bajos recursos.
Más regalos.
En su
declaración Xóchitl Tress confesó
también que luego de recibir la referida propiedad se interesó en los terrenos
contiguos a la referida casa y que pertenecían al mismo lote. Dijo que personas
designadas por Duarte se encargaron de pagar 750 mil pesos por cada uno de los
terrenos.
No fue todo.
Tress también declaró que a principios
de 2014 le comentó a Javier Duarte que había tenido un problema con su
camioneta y que necesitaba reemplazarla. En respuesta el exgobernador la citó a
un encuentro en el World Trade Center donde estuvo presente el tesorero del
gobierno Tarek Abdalá Saad.
De acuerdo
con el dicho de Tress, el exgobernador
de Veracruz le pidió a Abdalá que se encargara de adquirir una camioneta tipo
Land Rover último modelo valuada en más de un millón de pesos. La compra se hizo
a nombre de una empresa denominada Grupo Publicitario Hamburgo SA de CV y
posteriormente le fue entregada a Tress.
La exfuncionaria sostuvo que durante
un año le dio uso a la camioneta pero que cuando dejó el cargo en el área de
espacios educativos del gobierno de Veracruz devolvió el vehículo pues no
estaba a su nombre sino al de la referida compañía.
Cabos
sueltos.
El testimonio de Xóchitl Tress es uno
de varios elementos que la Procuraduría General de la República ha trabajado
como parte de su investigación complementaria por las presuntas operaciones
ilegales efectuadas en la administración de Javier Duarte.
De acuerdo
con autoridades con conocimiento del caso, además
de los testimonios se está dando seguimiento a operaciones bancarias y otros
elementos que permiten sostener en un próximo juicio la probable
responsabilidad de Duarte en los delitos como lavado de dinero y delincuencia
organizada.
La
investigación de la PGR señala que
Duarte, junto con amigos y aliados cercanos se habría beneficiado del uso de
recursos públicos, pero hasta ahora, la Procuraduría no ha acusado penalmente a
ninguno de los exfuncionarios que habrían autorizado la salida de los referidos
recursos sin justificación aparente.
Los
señalamientos de testigos colaboradores de la PGR, al igual que ahora la
declaración de Tress, apuntan a que el
extesorero de la entidad Tarek Abdalá fue uno de los presuntos operadores de la
salida de dinero público hacia empresas irregulares, pero él no se encuentra en
la lista de personas procesadas hasta el momento por la PGR.
Quien intentó proceder en su momento
en contra de Tarek Abdalá Saad fue la Fiscalía General de Justicia de Veracruz
por varios delitos entre ellos peculado. No obstante, el caso se vio frenado luego de que la Cámara
de Diputados rechazó despojarlo del fuero que lo protege como legislador
federal.
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