La advertencia ignorada.

Javier Risco.

Quejarse de la violencia desde la comodidad de un puesto público pierde todo su valor si estando en funciones dejas crecer al monstruo desde el interior.

Hoy, tanto el Jefe de Gobierno actual, José Ramón Amieva, como el suspirante a Senador, Miguel Ángel Mancera, tienen bajo su responsabilidad haber dejado gestarse, crecer y explotar uno de los mayores conflictos sociales y laborales en una de las pocas (quizá la única) instituciones del gobierno capitalino que cuenta con el respaldo y admiración ciudadana: el cuerpo de bomberos.

Hace meses, tras la renuncia del Jefe Vulcano, en este espacio expusimos la forma en que el entonces líder sindical Ismael Figueroa estaba siendo premiado por el Frente con una candidatura pese a las múltiples denuncias que había de explotación a los bomberos sindicalizados, pese al uso electoral del cuerpo de bomberos, pese a su fatal y casi inexistente desempeño como “independiente” en la Asamblea Constituyente… desde entonces el conflicto creció.

Las constantes denuncias públicas que el Jefe Vulcano, Raúl Esquivel, quien hoy forma parte de la Comisión de Reconstrucción, hizo en contra de Figueroa se cristalizaron de la forma más trágica: con el asesinato de Javier García Salinas, un bombero opositor a Figueroa, con 27 años de servicio en el cuerpo de Bomberos y que denunció públicamente al hoy candidato al Congreso local de intimidación y amenazas. De hecho, días antes de que lo mataran, subió un video a sus redes sociales en el que responsabilizaba a Ismael Figueroa de cualquier daño a él o su familia. No sirvió la advertencia.

Peor… dos días antes de su homicidio, García Salinas pidió la intervención de José Ramón Amieva en el conflicto laboral del sindicato de Bomberos, petición que como la que el Jefe Vulcano hizo a Miguel Ángel Mancera por 2 años, fue ignorada.

“Vengo a denunciar que a partir de la segunda quincena de abril nos suspendieron el pago, porque no quisimos apoyar al candidato, ex secretario del Sindicato de Bomberos, en su campaña. Señor José Ramón Amieva: tome cartas en el asunto, porque somos 27 familias que estamos en esta misma situación.

“No pone un alto. Se está comportando como solapador de estos delincuentes electorales, si no es que cómplice”, acusó en un video que queda como prueba de la omisión.

Nadie hizo nada y murió.

Hace un par de meses, en una manifestación multitudinaria en las afueras de la Asamblea Legislativa, Ismael Figueroa señaló abiertamente a dos reporteros de estar “vendidos” como una incitación a la violencia contra ellos. Sus agremiados se lanzaron contra los periodistas y todo quedó registrado en un video que circuló a través de redes sociales y por lo que me atrevo a no usar la presunción de inocencia.

Otro episodio de violencia que terminó sin consecuencias. Otro episodio en contra del Bombero. Otro reclamo al Frente por una candidatura sin méritos. Otro grito al vacío.

Este mismo personaje fue investigado por el INE por estar presionando a los bomberos para cambiarse de domicilio a Benito Juárez (donde originalmente sería candidato para una diputación federal) y así obtener votos, lo que está calificado como “turismo electoral” y que implica un delito. Nada pasó.

Es verdad que el asesinato de Javier García no puede atribuírsele directamente a Figueroa y que debe abrirse una investigación; sin embargo, diferentes botones de muestra a lo largo de dos años dan cuenta el deterioro de la institución y su uso con fines políticos. Los bomberos se volvieron en la ciudad como los transportistas en el Edomex: el brazo armado del gobierno en turno. ¿Y la candidata Alejandra Barrales a quien se le ha cuestionado por mantener la candidatura de Figueroa? Argumentando golpeteo político en lugar de exigir una investigación a fondo. ¿Y aún se preguntan por qué con cada tragedia surge la frase de ‘Fue el Estado’? Un gobierno omiso ante los gritos de auxilio es, siempre, responsable de las consecuencias.