Jesús
Esquivel.
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), parte de la OEA, acabó por “sepultar” la llamada
“verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la conclusión a la
que llegó sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro
Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
“El Estado mexicano, a pesar de que
hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones de este caso,
a la fecha no ha llegado a obtener los objetivos de la propia investigación…
encontrar a los estudiantes”, declaró en conferencia de prensa Esmeralda Troitiño,
relatora especial para México de la CIDH, al presentar el Informe de Balance
del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala.
El órgano jurídico autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) se unió y saludó el fallo del
Tribunal Colegiado del estado de Tamaulipas que el lunes pasado desmoronó la
narrativa oficial del gobierno de Peña Nieto enmarcada en la famosa frase del
exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la “verdad
histórica”, según la
cual los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros
del crimen organizado del estado de Guerrero.
“La investigación ha sido
exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, la verdad, ha sido endémica, no
puedo concebir que llevemos ya más de tres años y medio y no tengamos un
resultado fehaciente”,
agregó por su parte Luis Vargas Silva, el otro relator de la CIDH para el caso
de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de
2014 en el municipio guerrerense de Iguala.
“La
verdad no admite clasificaciones, ni admite nombres, eso de verdad histórica y
de verdad procesal y de verdad real son eufemismos que se han estado creando
para distorsionar, en el fondo, los hechos”, sentenció Vargas Silva.
El informe
del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que cumple con las recomendaciones que
hiciera en julio de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) de la misma OEA, es contundente
al exponer la falta de interés del gobierno de Pena en intentar indagar para
saber la verdad del paradero de los estudiantes de Ayotzinapa.
“A más de tres años de ocurridos los
hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo
desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar
conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento
efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun
cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y
monitoreándose”,
resalta el informe de la CIDH.
La exigencia general del órgano
autónomo de la OEA es que el Estado mexicano no pare en realizar la búsqueda,
investigación, persecuciones y sentencias judiciales que se deban hacer, hasta
que se logre determinar la auténtica verdad de lo que pasó con los normalistas
en Iguala.
“Preocupa a la Comisión que muchas de
las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser
impulsadas procesalmente”, se acusa en el reporte.
Cuando a los
relatores para el caso se les preguntó si consideran que el próximo gobierno
que resulte de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio, podría hacer todo lo contrario de lo que
hasta ahora ha hecho la administración de Peña Nieto para determinar el
paradero de los 43 normalistas, Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH,
dio una respuesta institucional:
“Quisiéramos que todos los candidatos
(a la Presidencia) asumieran un compromiso con la verdad de lo que ocurrió
realmente con los estudiantes”, indicó Abrāo.
Entre varios
de los aspectos del informe presentado en Washington se destaca la queja de la CIDH de que el gobierno de Peña Nieto no
explica la cantidad ni calidad de la información del expediente, ni por qué
cambio la narrativa del caso.
Vargas
Silva, por ejemplo, mencionó la ausencia
de explicaciones de parte del gobierno mexicano a las preguntas sobre los casos
de tortura a los que han sido sometidos algunos de los detenidos, la
manipulación de pruebas y la contaminación de evidencias, como en las que
incurrió Tomás Zerón, el exfuncionario de la PGR al hacer un recorrido por el
río San Juan, donde presuntamente se tiraron las cenizas de los estudiantes
tras haber sido quemados en el basurero de Cocula.
Al relator
de la CIDH se le inquirió sobre si
consideraba la posibilidad en un futuro de que a Zerón se la fincaran delitos
por la manipulación o contaminación de pruebas y evidencias, y expresó:
“El tema de la responsabilidad de
Zerón corresponde a los investigadores, nosotros lamentablemente no somos las
personas que directamente vamos a determinar porque no tenemos competencia ni
responsabilidades, pero sí es importante que el Estado mexicano, a través de la
PGR, las establezca. Es decir, si hay responsabilidad de Tomás Zerón, en qué
consiste ésta, y que sea mucho más efectivo, más directo el resultado de las
investigaciones”, concluyó Vargas Silva.
La CIDH también ensalzó el fallo del Tribunal
Colegiado respecto de la creación de una Comisión de las Verdad para el caso
Ayotzinapa, pero en la que se dé participación y voz a los familiares de las
víctimas.
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