La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
puso en evidencia la actuación ilegal de la Procuraduría General de la
República (PGR) en la detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, a quien la
dependencia presentó como “La Rana” o “El Güereque”, presunto partícipe en la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, pero
que en realidad es ajeno a los hechos.
En un amplio
comunicado, la CNDH explicó que la
dependencia federal estaba advertida desde octubre de 2017 de que Sandoval
Rodríguez no era la persona a la que a seis imputados por el caso Ayotzinapa
señalaban con los apodos mencionados, pero no lo identificaban con su nombre.
No obstante, dijo, procedió a detener de manera ilegal y consignar a Sandoval
Rodríguez.
Peor aún, el organismo denunció que, pese a que desde
el 23 de mayo puso a disposición de la PGR “evidencias indubitables” de quién
es la persona a la que apodan “La Rana” o “El Güereque”, -misma que se
encuentra en California, Estados Unidos-, la PGR ha determinado continuar el
proceso judicial contra Sandoval Rodríguez por los delitos de delincuencia organizada
y secuestro en agravio de los normalistas de Ayotzinapa.
Según la
CNDH: “En lugar de proceder a realizar
las diligencias pertinentes para remediar la irregularidad que ella misma
produjo y que tiene a la persona equivocada en prisión, la autoridad
ministerial federal hizo uso del tiempo que con prudencia espero la CNDH para
dar a conocer a la opinión pública este asunto -precisamente con la finalidad
de no entorpecer las investigaciones oficiales- para buscar evidencias que
hasta hoy día después de tres años, ocho meses y 23 días, no han aparecido,
para inculpar al detenido Erick Uriel Sandoval Rodríguez, lo cual, desde
cualquier punto de vista es inaceptable”.
Así lo dijo en su reporte, tras
acusar a la PGR de exigir “al detenido que sea él quien demuestre que no es la
persona a la que se refirieron los autores de la desaparición de los
normalistas como su cómplice”.
En su investigación, la Comisión confirmó que en octubre de
2017 el domicilio del padre de Sandoval Rodríguez “fue allanado en su búsqueda”
por policías ministeriales federales, quienes “intentaron llevarse a su padre,
no sin antes retenerlo en su propia casa por espacio de tres horas, sustrayendo
objetos y fotografías sin consentimiento alguno”.
Lo anterior fue denunciado por él y
su familia ante la PGR, “en particular a la Oficina de Investigación responsable del ‘Caso
Iguala’ y concretamente a un director General Adjunto”.
Sin
coincidencias.
La CNDH dijo que ya puso al tanto a la Secretaría
de Gobernación (Segob) de las anomalías. Agregó que hizo una exhaustiva
revisión del expediente, así como las descripciones físicas y el retrato
hablado de la persona a la que mencionan los seis inculpados, sin que haya
coincidencias con Sandoval Rodríguez.
Entre las características que se
describen los detenidos identificados como “El Pato”, “El Jona”, “El Chereje”,
“El Lucas”, “El Cepillo” y “El Duva” (edad, lunar en la cara, cicatriz en
muñeca de la mano izquierda, cicatriz o marca por el uso de “piercing” en ambas
orejas, tatuajes de figuras de flama en ambos brazos y una rana en el lado
superior izquierdo de la espalda), “NO CORRESPONDEN CON
LAS DE ERICK URIEL SANDOVAL RODRÍGUEZ”.
Es más, “ante la duda del juez de que el detenido
pudiera haber borrado los tatuajes, la CNDH practicó examen médico pericial al
detenido y determinó que no existe indicio alguno que indique que la persona
haya modificado o eliminado algún tatuaje de su cuerpo”, agregó el
organismo.
La CNDH no sólo demostró que el
detenido no corresponde al descrito en el expediente, sino que se abocó a
buscarlo, es decir, hizo el trabajo de la PGR, logrando la identificación de la
persona que responde al nombre de “Édgar”, que aparece en el retrato hablado
como “La Rana” o “El Güereque”.
Al recurrir
a 13 entrevistas, entre ellas, la del
tatuador de “Édgar”, el organismo obtuvo “acta de nacimiento, acta de
matrimonio, CURP y fotografías”, además “realizó una diligencia de inspección
en la que ubicó y fijó fotográficamente la casa en la que habitó ‘Édgar’ al día
en que ocurrieron los hechos de desaparición de los estudiantes”, documentación
que puso en manos de la PGR para que actuara en consecuencia.
En su comunicado,
la CNDH explicó que, con la
documentación necesaria para proceder a la corrección del error, adjuntó la
solicitud de Medidas Cautelares para la salvaguarda de Sandoval Rodríguez, de
sus familiares y testigos.
Sin embargo,
añadió la CNDH, “agentes de la autoridad
se negaron a emitir medidas precautorias solicitadas, aduciendo irracionalmente
que dichas medidas debían ser planteadas ante el juez que sigue el caso del
ilegalmente detenido Erick Uriel Sandoval Rodríguez. Es incomprensible también
que la PGR haya guardado silencio respecto de la petición de implementar
medidas cautelares a favor de 17 personas más que, evidentemente, no están
sujetas a ningún tipo de procedimiento judicial y menos a disposición de órgano
judicial alguno”.
El organismo
puntualizó que en la respuesta que la
PGR le turnó, “no objetó ninguna de las evidencias ni contradijo ninguno de los
argumentos” presentados por este mismo e, incluso, “puede inferirse que
implícitamente reconoce su desacierto en la detención” de Sandoval
Rodríguez.
De éste,
indicó que “estuvo en la aptitud de
desvirtuar su identidad atendiendo al derecho de defensa que le asiste” y que
“del año 2015 a la fecha de la detención no se recibió amparo o recurso alguno
mediante el cual se acreditara alguna excluyente de responsabilidad, o se
ofreciera algún tipo de prueba en contrario”.
Superficialidad
y la falta de exhaustividad.
El organismo
adjuntó a su comunicado un documento en
el que narró paso a paso el caso, desde que el 12 de marzo Sandoval Rodríguez
fue presentado por el responsable de la Oficina del Caso Iguala, Alfredo
Higuera Bernal, quien más tarde reconoció ante el organismo que esa persona “no
fue puesta a disposición de esa autoridad”.
Al entrar en
contacto con el detenido, personal de la
CNDH confirmó que, desde octubre de 2017 la Oficina del Caso Iguala sabía que
Sandoval Rodríguez no era la persona apodada “La Rana” o “El Güereque”, sin
demeritar que no hay elementos que provoquen confusión.
Añadió que, ante la inexplicable consignación de
Sandoval, el 27 de marzo la CNDH pidió a la PGR que explicara los elementos
probatorios para determinar la participación de Sandoval en los hechos del 26 y
27 de septiembre de 2014; con qué pruebas contaba de que le apodaban “La Rana”
y “El Güereque”, y en qué momento surgió su nombre, cuestionamientos a los que,
en un oficio del 9 de abril, “la PGR evadió la respuesta”.
El organismo
también detalló las acciones que realizó
para esclarecer que Sandoval es un maestro de educación física de Cocula,
Guerrero. Además, habló de a quién señalaban los seis imputados como “La Rana”
o “El Güereque”.
Tras una
ardua investigación, que incluyó entrevistas con los seis imputados, vecinos de
Cocula y diversos testigos, la CNDH ubicó a “La Rana” en el estado de
California, Estados Unidos, información que compartió con la PGR.
Sin éxito, la CNDH solicitó a la
dependencia resolver la situación jurídica de Sandoval Rodríguez y repararle el
daño. También le pidió determinar responsabilidades por las actuaciones de los
agentes ministeriales y elementos policiales que tenían a su cargo el caso; así
como de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(Seido) que firmaron dos pliegos de consignación contra Sandoval.
Lo mismo le requirió para el director
general adjunto de la Oficina especial para el “Caso Iguala”, a quien Sandoval
y su familia “le hicieron llegar las pruebas que demostraban el error en que
estaban incurriendo las autoridades”. Además, pidió a la
PGR que, conforme a sus atribuciones, confirmara la información sobre la
identidad de la persona a la que los imputados señalan como “La Rana” o “El
Güereque” y que actuara en consecuencia.
“Conforme a lo que se ha expuesto, es
claro que la PGR tuvo la oportunidad de enmendar el desacierto en este caso,
pero algunos de sus servidores públicos declinaron hacerlo.
“La precipitación, la superficialidad
y la falta de exhaustividad en las indagaciones de la PGR y de las instancias
policiales federales, particularmente de agentes del Ministerio Público de la
Federación y elementos de las Policías, Federal y Federal Ministerial
propiciaron la detención equívoca de Erick Uriel Sandoval Rodríguez”, puntualizó la CNDH.
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