La montaña de billetes.

Alejandro Páez Varela.

“El silencio mata”, se lee en una cinta a modo de mordaza durante la Caravana al Sur en Coatzacoalcos, Veracruz, 17 de septiembre de 2011. Es una foto de Prometeo Lucero, tomada del informe de Artículo 19

Desde hace tiempo corre la versión de que funcionarios de primer nivel y muy cercanos al presidente Enrique Peña Nieto le han hincado el diente al enorme negocio de la publicidad oficial. Es un rumor, y se ha quedado allí porque, se dice, a pocos les conviene moverle. La mayoría de los grandes medios y una lista larga de periodistas con renombre se beneficiaron del dispendio; se les dio lo que nunca antes en la historia. Y nadie se atreverá a moverle mucho al tema. Por ahora.

Hablamos de 60 mil millones de pesos en seis años: una montaña de billetes. Si Peña hubiera ordenado la construcción de casas de un millón cada una, estaría repartiendo, en estos momentos, unas 60 mil viviendas. Imagínense el tamaño del negocio.

En últimas fechas, sin embargo, el rumor se ha robustecido entre algunos de los dueños de los grandes medios mexicanos. Se habla del “hartazgo de algunos” por la voracidad otros.

–¿De qué, específicamente, están hartos los dueños?

–De dar moche.

–¿Moche? ¿Moche-moche? ¿A funcionarios en Los Pinos? –pregunté a una fuente que no está en el Gobierno federal sino del lado de los medios beneficiados.

–Al menos uno de ellos estuvo colectando cuota entre los dueños de medios o entre los gerentes durante estos años.

Lo cuento como me lo dijeron y nada más. Una primera fuente me lo dijo así hace dos semanas. Una segunda (que es la que cito con textuales) me dio los mismos datos hace apenas una semana.

Se habla de un alto funcionario que se habría encargado de recolectar cuotas precisas por la asignación de publicidad oficial. Eso.

Aclaro de una vez que NO tengo un solo dato que lo confirme. Es información muy delicada porque involucra a gente de primer nivel no sólo en Los Pinos, sino en la prensa mexicana.

Pero explicaría perfectamente por qué el derroche. Era derroche y era reparto, parece. Corrupción de altos vuelos con un presupuesto de miles de millones de pesos, y contando.

El gran reto para los dueños de los corporativos de medios mexicanos, en este momento, es acercarse a Andrés Manuel López Obrador; mostrarse amables con él y fumar la pipa de la paz. Sobre todo, los que llevan 18 años haciéndole la vida imposible.

Y están haciendo todo lo que está en sus manos para acercársele. Todos, todo. Saben que a estas alturas las posibilidades de que pierda son, realmente, nulas. Esta semana arranca el Mundial y operará a favor del izquierdista, curiosamente, cuando siempre ha jugado en su contra: paralizará la actividad política y los mexicanos dejarán de escuchar. Entonces es de esperarse que las encuestas no se muevan. Tome usted la foto de esta semana y es casi con la que llegaremos al 1 de julio, a menos de que pase algo muy, pero muy extraordinario.

La mayoría de los grandes que tomaron su tajada de la montaña de dinero –o al menos de quienes he escuchado algo– tienen una cierta resignación. Saben que lo que les entregó Peña Nieto no podrá repetirse con López Obrador. Eso más o menos lo apechugaron, no sin susto: la adicción al dinero público es mucha; vivieron como reyes mientras, según datos de Artículo 19, sus propias redacciones se empobrecieron. Los salarios, en estos años de derroche, no mejoraron para los de a pie.

“Las asignaciones presupuestales que se destinan a distintos medios de comunicación para publicidad oficial no son reflejo de las condiciones laborales que las y los periodistas gozan; es decir, aunque el medio recibe recursos millonarios del Gobierno federal o los gobiernos locales, no tiene como efecto que quienes participan de éste tengan al menos la certeza de que sus notas serán pagadas o sus derechos laborales respetados. Basta señalar que, de acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el sueldo de un periodista oscila entre los 6,000 y 15,000 pesos mensuales, según el estado de la República donde labore (el promedio salarial nacional es de 12,000 pesos mensuales). Asimismo, a pesar del contexto de riesgo al que se enfrenta el ejercicio periodístico, son muy pocas las empresas de medios que se preocupan por garantizar seguridad social”, dice el informe “Democracia Simulada, Nada qué Aplaudir”, presentado el 20 de marzo pasado por la organización internacional.

Claro que el informe no fue publicado por la mayoría de los medios.

Pero me regreso a donde estaba:

Difícilmente habrá, con AMLO, el dinero que los grandes medios y ciertos periodistas estaban acostumbrados a recibir. Y algunos están asustados, también señalaba (con base a los datos que he podido recoger, que son unos cuantos).

Mi cálculo es que, para justificar un ajuste, el eventual Gobierno de López Obrador deberá evidenciar el tamaño del derroche. Deberá mostrar algo de lo que se hizo con la montaña de dinero para poder ganarse a la opinión pública y poder aplicar un ajuste a la baja en el dispendio. Esa, digamos, sería una jugada genial. Pero una magistral sería, sin duda, abrir una gran investigación sobre esos recursos. Y exponer, si se encuentra, la presunta corrupción de la que se habla con insistencia.

El eventual Gobierno de AMLO tendrá la sartén por el mango. Si exhibe algo de lo que pasó, si le pone una patada a la montaña de billetes, podría justificar, de cara a la sociedad, un ajuste en ese gasto. Y eso necesariamente pasará por exhibir uno o varios casos de corrupción con el reparto de publicidad oficial.

También suena, mucho, que hubo acuerdos con ciertos gigantes que manejan la publicidad conocida como “programática”, que es la que va a Internet. Algunos creen que inevitablemente se tendrá que ver hacia la oficina de Alejandra Lagunes Soto Ruiz, quien pasó por MSN, Yahoo, Televisa y Google México antes de entrarle a Presidencia de la República en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, inventada en este sexenio.

Sólo digo lo que escucho. Repito: no me consta nada.

Un personaje clave en la montaña de billetes es el vocero presidencial, Eduardo Sánchez. No digo que él sea a quien ahora se menciona entre ciertos dueños de medios grandes. Nada más digo que es personaje clave en el destino de miles de millones de pesos de publicidad oficial durante el sexenio de Peña Nieto.

Pero, bueno, de Eduardo Sánchez hay pocos datos públicos. De acuerdo con su declaración patrimonial, la que se presenta a la Secretaría de la Función Pública (SFP), pudo tomar decisiones sobre el reparto de 2012 a 2014, cuando estuvo en la Secretaría de Gobernación, específicamente en la Subsecretaría de normatividad de medios.

De allí se brincó a la vocería, que también tiene relación directa con los medios con los que Presidencia de la República habla. En su declaración patrimonial, Eduardo Sánchez no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales y tampoco los relacionados con sus posibles conflictos de interés. ¿Por qué lo decidió así cuando estuvo en MVS como encargado del área jurídica durante 10 años?

Los datos sueltos indican que hay una empresa, Eduardo Sánchez Hernández y Asociados S.C., en la que dice que fue abogado de 2006 a 2012. Pero ésa no tiene contratos con el Gobierno federal, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia.

Como digo, hay pocos datos de él o sobre el tema. Algunos creen que es cosa de tiempo: la fiesta en Los Pinos ha terminado. O casi.

Siento que habrá poca información sobre el tema en las siguientes semanas, o meses, hasta que estalle por algún lado. Algunos creen que va a estallar porque va a estallar: hablamos de 60 mil millones de pesos ejercidos con toda discrecionalidad, sin control.

La montaña no se puede ocultar bajo la cama porque es una montaña, y punto. Y si, como se pregona, el pacto de impunidad está por terminar, cualquier viento en el futuro inmediato hará volar billetes por todos lados.

Yo sólo digo lo que escucho; no me consta nada.