A una semana
de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid
Ra’ad Al Hussein, llamara al gobierno de
Enrique Peña Nieto a “poner fin a la ola de desapariciones en la ciudad de
Nuevo Laredo”, su representante en México, Jan Jarab, acudió a una misión de
trabajo a la ciudad fronteriza.
Jarab participó en una mesa de trabajo con
autoridades y familiares de víctimas de desaparición y ejecuciones
extrajudiciales, “para alcanzar acuerdos y avanzar en soluciones ante la grave
situación que se vive” en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De acuerdo
con una comunicación de la ONU- DH, en el encuentro Jarab urgió a las autoridades federales a buscar “particularmente con vida” a
los desaparecidos, 23 identificados por su oficina, 31 por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) y 17 por el Comité contra la Desaparición
Forzada de la ONU (CED), en los primeros cinco meses del año.
De igual manera, exigió la
investigación de los hechos y sanción a los responsables “para evitar la
impunidad”, así como protección a las familias y testigos –“en un contexto de
amenazas” recibidas por algunos familiares– y garantías de no repetición.
Para el representante de la ONU,
siendo la desaparición “uno de los retos más grandes de México, esta ola
reciente de desapariciones en Nuevo Laredo se ubica entre las más preocupantes.
Se trata de un caso emblemático en su conjunto”, dijo.
En la mesa
de trabajo participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Avante, y
funcionarios de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
(Segob), así como el fiscal especializado en Búsqueda de Personas
Desaparecidas, Abel Galván; el Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto
Cabrera, y el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama.
También
acudió personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la
delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado.
En
entrevista telefónica, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo
Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, informó
que en la reunión participaron la mayoría de las familias de desaparecidos en
los últimos meses, quienes identifican como responsables a elementos de la
Secretaría de Marina (Semar) perteneciente al cuerpo de Operaciones Especiales
desplegados en la ciudad fronteriza.
Ramos
Vázquez destacó que durante la mesa de
trabajo se notificó que efectivos de ese cuerpo castrense “están concentrados
en la Ciudad de México, a disposición para ser investigados”, y en breve se
accederá a los cuarteles navales instalados en Nuevo Laredo para su revisión.
El defensor dijo que las autoridades
de la PGR se comprometieron a iniciar la revisión de los 23 casos de los que
tuvo conocimiento la ONU-DH y de los cuales ya existían antecedentes en la
subdelegación de la dependencia en Nuevo Laredo.
Asimismo, detalló que en un plazo de 48 horas se
coordinarán búsquedas en la entidad por parte de la Comisión Nacional de
Búsqueda, “toda vez que en la entidad no existe ni fiscalía especializada, ni
unidad de búsqueda de personas desaparecidas”, pese a que así lo ordena la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
“Hasta ahora el gobernador Francisco
Javier García Cabeza de Vaca no tiene el más mínimo interés en dar respuesta a
las demandas de justicia de las familias, ni siquiera se presentó a la reunión,
que se realizó en instalaciones de la presidencia municipal, encabezada por
Rafael Pedraza”, apuntó.
De acuerdo
con el defensor, durante el encuentro
algunas de las mujeres que buscan a sus familiares denunciaron a la página de
Facebook “La Voz del Pueblo2”, por difamar a las familias de las víctimas y a
Ramos Vázquez, y mostraron que mientras se llevaba a cabo la reunión, los
administradores de la web publicaron mensajes intimidatorios contra algunas
mujeres que buscan a sus maridos.
A través de esa misma página de
Facebook, Proceso recibió mensajes intimidatorios
tras la publicación de un segundo reportaje sobre la “ola de desapariciones” en
Nuevo Laredo.
“El subsecretario (de la Segob)
revisó la página en ese momento, y le pidió al personal de la PGR iniciar una
investigación al respecto para identificar a los responsables”, apuntó Ramos Vázquez.
También
refirió que durante la mesa de trabajo se
estableció crear un “esquema de protección” para las familias que han
denunciado desapariciones a manos de marinos, en particular de cuatro mujeres
que fueron amenazadas, así como del propio Ramos Vázquez.
“Lo que pudimos observar es que la
presencia del representante de la ONU-DH y del segundo visitador de la CNDH
debe comprometer a las autoridades a esclarecer los casos, castigar a los
responsables y garantizar que no vuelvan a suceder situaciones similares”, concluyó el presidente del CDHNL.
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