Un juez federal ordenó la liberación
de cuatro detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal
rural de Ayotzinapa, aunque solo uno podría salir de prisión porque los otros
tienen otras causas penales en su contra como integrantes de Guerreros Unidos.
El juez
Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros,
Tamaulipas, argumentó que la
Procuraduría General de la República (PGR) falló en aportar pruebas contra los
cuatro acusados, a quienes se les acusa de ser miembros del grupo al que la PGR
responsabiliza de la desaparición de los normalistas.
Los beneficiados son Marco Antonio
Ríos Berber, Martín Alejandro Macedo Barrera, Luis Alberto José Gaspar, Honorio
Antúnez Osorio, quienes estaban acusados de secuestro y delincuencia
organizada.
A excepción de José Gaspar, los demás
seguirán en prisión porque están bajo otros procesos penales.
Según la PGR, Ríos Berber fue el
encargado de comprar el diésel con el que supuestamente disolvieron los cuerpos
de los estudiantes en el basurero de Cocula, el municipio vecino de Iguala,
donde fueron desaparecidos los normalistas entre el 26 y el 27 de septiembre de
2014.
El juzgado
que ordenó la liberación es el mismo en donde se lleva la causa penal por
cohecho en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de
Iguala José Luis Abarca. Según la PGR, junto con sus hermanos, Pineda Villa
formó parte del liderazgo de Guerreros Unidos.
Pineda Villa
busca que su caso se siga en la Ciudad de México, para lo que solicitó un
amparo que deberá resolver el ministro José Ramón Cossío en la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La semana
pasada, un tribunal colegiado de Tamaulipas desechó la investigación de la PGR
sobre la desaparición de los estudiantes y ordenó la creación de una Comisión
de la Verdad.
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