La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) destruyó 16 armas alemanas Heckler & Koch (H&K) que le fueron
aseguradas a la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, entre ellas al menos
tres fusiles que fueron accionados la noche del 26 de septiembre de 2014,
cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó Reforma.
De acuerdo
con el expediente AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 de la Sedena difundido en enero de
2017, citado por el periódico, el Primer
Batallón de Materiales de Guerra, localizado en Santa Lucía, Estado de México,
destruyó 16 fusiles modelos G36 de dicho fabricante.
Según
información publicada por Reforma, la
Procuraduría General de la República (PGR) precisó en el oficio
SEIDO/UEIDMS/FE-D/1340/2015 que sus peritos determinaron que al menos tres
fusiles Heckler & Koch fueron disparados hace casi cuatro años en el sitio
donde el normalista Aldo Gutiérrez recibió un balazo que lo dejó en estado
vegetativo.
Por su
parte, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer el pasado miércoles en su informe que uno
de los fusiles alemanes fue asignado a la agente municipal Verónica Bahena
Cruz, quien se encuentra detenida.
“La destrucción de evidencia
balística de personas que se encuentran privadas de libertad por el caso Iguala
podría constituir una grave falta en el cuidado de las evidencias y de las
pruebas que implican a los responsables”, subrayó el organismo en el documento.
El pasado 15
de mayo, la Audiencia Provincial de Stuttgart en Alemania abrió un proceso por
presunta exportación ilegal de armas a México contra seis ex empleados del fabricante
Heckler&Koch.
La Fiscalía
de Stuttgart considera que los acusados violaron en varias ocasiones la ley de
control de exportación de armas.
En la apertura del juicio, el Fiscal
Karlheinz Erkert dijo que los acusados vendieron entre 2006 y 2009 cerca de
cuatro mil 500 fusiles, así como ametralladores y munición por valor de 4.1
millones de euros, en zonas mexicanas con problemas de violencia.
Los acusados rechazan los cargos y
aseguran que la venta de las armas a esas áreas problemáticas fue realizada por
las autoridades mexicanas.
En el centro
de este proceso, que continuará el próximo jueves y dentro del cual están
programadas veinticinco vistas hasta octubre, está una reglamentación que exige
a los compradores de armas alemanas una declaración sobre el destino de las
mismas.
Normalmente, el
receptor acepta no vender las armas a países terceros, pero en el caso mexicano
el compromiso, según la fiscalía, había sido no destinarlas a determinadas
zonas problemáticas.
El proceso deberá aclarar si los
acusados tenían información sobre esa reglamentación, así como el papel
desempeñado por la empresa.
El
fabricante alemán es investigado desde 2010 por la fiscalía de Stuttgart por
presunto envío ilegal de armas a estados mexicanos con conflictos violentos,
entre ellos Guerrero. Estas mismas armas fueron usadas en el ataque a los
normalistas en 2011, en una protesta en la que fueron asesinados dos
estudiantes. Y en esa ocasión, no estaban en manos de agentes locales, sino
estatales.
Alemania
legalmente le vende armas a México, sin embargo,
hay una muy clara y expresa prohibición de que los rifles de asalto sean usados
en Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco (aunque la presencia del armamento se
ha documentado en los tres primeros estados).
La
Procuraduría General de la República (PGR) no ha dado detalles sobre el origen
de las armas.
En diciembre de 2015, el diario
alemán Tageszeitung publicó que autoridades mexicanas confiscaron 228 armas en
el marco de las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes en
Iguala, Guerrero, y que 36 eran fusiles G36 de la marca Heckler & Koch, aunque
dijo que no se sabía si habían sido usados.
El diario tuvo acceso al expediente
del caso Iguala iniciado por la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE). Allí se especifica que había además fusiles de asalto italianos Beretta
tipo SCP (sic) 70/90 y fusiles AR-15 producidos por la empresa estadounidense
Colt. Se desconoce cómo llegaron esas armas a una fuerza policiaca mexicana,
cuando su exportación a países con conflictos bélicos o donde se violen los
derechos humanos está estrictamente prohibida en Alemania.
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