Layda Sansores y Televisa.

Gabriel Sosa Plata.

Bajo la intensidad de las campañas políticas, en los últimos días se ha reforzado la percepción que hay un acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y las televisoras, particularmente por la cobertura informativa favorable que se ha dado en televisión al candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

En contraste, Ricardo Anaya, candidato de la coalición “Por México al Frente”, no ha sido tratado de la misma manera y como destacó el doctor Raúl Trejo Delarbre en La Crónica (11 de junio), “las televisoras convierten en acontecimiento político un video anónimo, sin interés informativo, creado para calumniar” al queretano. En dicho video, como se recordará, aparece un hermano de Manuel Barreiro refiriéndose a las supuestas operaciones de lavado de dinero en beneficio de Anaya y sus aspiraciones presidenciales.

Esta semana, sin embargo, hubo un giro informativo. Justo en el noticiario estelar de Televisa que conduce Denise Maerker, se presentó un reportaje de Fátima Monterrosa en el que se revela que la senadora con licencia del Partido del Trabajo (PT) y candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón por la misma coalición que apoya a Andrés Manuel López Obrador, facturó a nombre del Senado gastos personales que ascienden a los 700 mil pesos entre los años 2016 y 2017.

Un dispendio de recursos, al parecer no relacionado con su labor como legisladora, que generó innumerables críticas a la política, pero sobre todo a quien la respalda: López Obrador. El caso se suma al cuestionamiento de políticos que se han sumado a la campaña del candidato a la Presidencia, como Lino Korrodi, operador financiero de Amigos de Fox; el ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino, y la postulación de candidatos impresentables como Napoleón Gómez Urrutia, ex dirigente minero, para ocupar un lugar en el Senado, o Patricio Zambrano, considerado para la Alcaldía de Monterrey.

Para quienes trabajan en los medios de comunicación, es claro que este tipo de notas raspan en algún sentido al candidato presidencial y abonan a la percepción que López Obrador protege a personajes corruptos o de cuestionable trayectoria en aras de ampliar sus alianzas y fortalecer su candidatura con tal de llegar al poder, con los costos que sean necesarios.

Si Televisa supuestamente ya pactó con López Obrador ¿por qué darle vuelo a una nota que revela los supuestos excesos de una Senadora, que como carambola pega al candidato presidencial? ¿Por qué un hecho cuestionable merece tanto espacio, a diferencia de otras denuncias de corrupción que se han evidenciado en el actual sexenio y que también perjudican al candidato de la coalición “Todos por México”, ¿José Antonio Meade?

Una primera respuesta es que el pacto es sólo con López Obrador, pero sin incluir a ninguna de las personas que apoya o aspiran a cargos de elección de su partido. Algo similar a lo que ocurre en cuanto a la relación con el presidente de la República en turno: él es intocable, pero no el resto de los funcionarios.

Una segunda posibilidad es que había el interés de empujar a otros candidatos a la Alcaldía de Álvaro Obregón. No creo que le interese mucho esto a Televisa, pero no quería dejar de mencionarlo.

Una tercera respuesta es que no hay pacto y que en la investigación de la periodista Fátima Monterrosa había “nota”, como se dice en el gremio periodístico, que merecía un espacio importante en el noticiario estelar. Su difusión sólo podría lograr un impacto en este momento electoral, no después, y advertir así la ciudadanía sobre el perfil de una candidata. Después de todo para eso sirve el periodismo ético.

Paralelamente, el reportaje serviría de mensaje para demostrar que Televisa no ha hecho pacto con López Obrador ni con cualquier otro candidato y que quienes aseguran lo contrario están equivocados. Es más, AMLO declaró que el reportaje de Fátima Monterrosa “es parte de la guerra sucia” en contra de su coalición, a la cual (esto no lo dijo él, sino quien esto escribe) ¿se prestó Televisa?

En todo caso, como comenté la semana pasada, sabremos de algún acuerdo si, en caso de ganar AMLO, la agenda del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en materia de medios y telecomunicaciones se modifica a favor de algún interés mediático y rompe con lo que hasta ahora ha defendido en el Congreso.

DERECHO DE RÉPLICA.

A partir de la revelación de Televisa, Layda Sansores solicitó ejercer su derecho de réplica. Ella quería hacerlo en el noticiario, en vivo, y ocupar el mismo espacio que se le concedió al reportaje que la alude. Denise Maerker no aceptó. Concedió la réplica a través de la grabación que haría la reportera que hizo la investigación, pero la candidata se negó.

Horas antes, la candidata respondió en una carta que esos recursos se utilizaron para la cena de fin de año para trabajadores del Senado, “quienes reciben un ingreso quincenal de mil 750 pesos, y no tienen prestaciones laborales”. Luego subió un video a sus redes sociales en el que refrenda su posición: que se trata de una mentira, que hay una línea de ataque en su contra porque confrontó a Peña Nieto, etc. Ese video fue transmitido íntegro en el noticiario de Denise Maerker.

La ley reglamentaria de derecho de réplica no precisa si la réplica debe hacerse, si procede, en vivo o no. Sólo se refiere a concederlo en caso de información inexacta o falsa en la siguiente emisión. Si se niega, el medio debe argumentar las razones. No es el caso. El espacio se abrió, pero la candidata no quiso sujetarse a la condición que impuso Televisa para materializarlo. A mi parecer, la televisora no violó la ley.

Independientemente del diferendo, la revelación es la punta del iceberg sobre el gasto dispendioso y discrecional de senadoras y senadores, que debe investigarse con mayor profundidad. También es necesario indagar la manera en cómo ejercen esos recursos otros legisladores porque es ofensivo para nuestra sociedad y abona al desprestigio de una institución del Estado mexicano.

Con el poder que tiene para obtener testimonios y documentos, Televisa podría aportar mucho en este caso. No puede creerse que Layda Sansores sea la única legisladora que habría incurrido en falta legal o ética. El abanico para difundir hechos similares sin distinciones ni colores partidistas puede crecer y habría un aporte social, pero también a la credibilidad del medio de comunicación. Bajo este escenario, ¿hasta cuándo vendrán los reportajes sobre la corrupción en el círculo más cercano del presidente? ¿Hasta que termine el sexenio, como casi siempre ocurre?

AMLO RESPETARÁ REFORMA DE TELECOMUNICACIONES.

Ayer se llevó a cabo el foro “¿Ganamos o perdemos los consumidores con la reforma de telecomunicaciones?”. Lo convocó Irene Levy, de Observatel, y Carlos Martínez, de Central Ciudadano y Consumidor. Fue un éxito, ya que hubo representantes del órgano autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de la industria, de la academia y público en general que literalmente abarrotó el salón principal de Casa Lamm.

El “plato fuerte” fue la participación de los representantes de Ricardo Anaya, López Obrador y José Antonio Meade, quienes coincidieron en abatir la brecha digital, incrementar la conectividad, aumentar la infraestructura de telecomunicaciones y promover la alfabetización digital.

El representante de López Obrador, Abel Hibert, calificó la Reforma de telecomunicaciones como exitosa. También dijo que si el candidato gana la presidencia se respetará la autonomía del IFT y que se incentivará el aprovechamiento de la llamada red compartida para mejorar la prestación de servicios en todo el territorio nacional.

“No queremos inventar el agua caliente”, dijo Hibert ante las dudas que la industria pudiera tener sobre el proyecto de nación que propone en telecomunicaciones la coalición Juntos Haremos Historia. Precisó que no hay ninguna relación o acercamiento con el empresario Carlos Slim, con el fin de beneficiar a su empresa América Móvil. “El preponderante (en telecomunicaciones) debe seguir con sus obligaciones”, dijo.