El Gobierno
mexicano emitió en total una decena de decretos para suprimir vedas existentes
en más de la mitad de las cuencas hidrológicas del país, por ello,
investigadores y académicos en temas de agua y medio ambiente urgieron al presidente
Enrique Peña Nieto a abrogarlos, pues prevén que el vital líquido podría ser
entregado a distintas industrias entre las que incluyen mineras, inmobiliarias,
fracking, cerveceras, refresqueras, entre otras.
De inicio,
¿qué es una zona de veda? De acuerdo con
el propio Gobierno federal son “áreas específicas de las regiones hidrológicas,
cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan
aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se
controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en
cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por
el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos”.
Pero el pasado 5 de junio, en el
marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el mandatario mexicano firmó diez
decretos para eliminar las vedas de 300 cuencas y la acción fue presumida como
una “reserva hídrica para uso ambiental”.
Incluso hoy,
un día después de que medios de
comunicación nacionales dieran a conocer la noticia, la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) emitió un comunicado en el que aseguró que “de ninguna forma
otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán
preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18
millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”.
No obstante,
académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) consultados por
SinEmbargo coincidieron en que el
sistema de vedas es un importante mecanismo de protección para las cuencas y al
ser levantadas se vulnera al vital líquido a la privatización a través de las
concesiones.
“La figura de la veda protege a los
acuíferos de la sobreexplotación […] Nos quieren dorar la píldora como si fuera
algo favorable a la ecología, cuando más bien lo que hace es dejar vulnerable
al país a una profundización de la dinámica de privatización que ya se ha
venido dando”,
afirmó el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Programa de
Investigación para la Sustentabilidad de dicha casa de estudios.
“Las empresas están buscando la
seguridad jurídica de que el agua que se les ofrece no le sea retirada. Las
corporaciones ven con mucha desconfianza las vedas y están exigiéndole al
Gobierno mexicano que sean levantadas, como un mecanismo para proteger sus
intereses a largo plazo. La urgencia de este régimen que ya va de salida, por
abrir esto al mercado, tiene que ver con compromisos con los grandes consorcios
extractivistas. Es una medida muy preocupante y por eso estamos exigiendo su
abrogación”, añadió.
Además,
tanto el investigador Moctezuma, como el maestro Roberto Constantino Toto,
profesor-investigador del Departamento de Producción Económica de la misma
universidad, cuestionaron que en los
decretos que ponen fin a las vedas del Río Santiago, del Río Ameca, de Costa de
Jalisco, de Costa Grande de Guerrero, de Costa Chica de Guerrero, de San
Fernando Soto la Marina, del Río Pánuco, del Río Papaloapan, del Río Actopan y
Río Antigua, y Grijalva-Usumacinta, no se toma en cuenta el derecho humano al
agua, establecido en el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:
“Toda persona tiene derecho al
acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este
derecho y la Ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la
participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Al respecto,
Constantino Toto declaró que “detrás de
una decisión aparentemente técnica y neutra, como esta, se violan preceptos
constitucionales de derechos humanos. Asimismo, existen implicaciones económicas
importantes e implicaciones de despojo”.
Por su
parte, Moctezuma Barragán externó que
una de sus preocupaciones radica en que los decretos establecen zonas de
reserva de aguas nacionales superficiales no sólo para fines doméstico y
ambiental, sino también para público urbano, con lo que –advirtió– se abre la
puerta a que los gobernadores de los distintos estados decidan asignar
cualquier uso al agua, incluido el industrial.
“Los Gobernadores pueden asignar
cualquier uso [al vital líquido], como un uso público urbano, incluso el uso
industrial. Es un mecanismo muy abierto que no garantiza el derecho humano al
agua. Se abre la concesión a asociaciones público privadas como ya han venido
haciendo los gobernadores que han estado en dinámicas de privatización como
Baja California, Coahuila, Puebla, Veracruz, etcétera”, dijo.
Las industrias de minería,
inmobiliarias, fracking, además de las refresqueras y cerveceras y todas
aquellas que requieren grandes volúmenes de agua para llevar a cabo sus tareas,
señalaron, serían beneficiadas con la decena de decretos que dejan en la
indefensión cuencas de todas partes de la República Mexicana.
Mientras
tanto, la población mexicana en general
-a mediano plazo– y las comunidades indígenas –en un futuro más cercano– se
verían afectadas por la poca disponibilidad del vital líquido, indicaron los
expertos. Asimismo, criticaron que la acción se ejecute cuando el sexenio se
encuentra ya en su fase final, pues los efectos podrían notarse hasta la
siguiente administración.
“El país no requiere un ingrediente
adicional de tensión social como éste. Me da la impresión de que se hace en el
último momento para que los costos que implique una decisión tan poco popular
recaiga en la próxima administración”, vaticinó Constantino Toto.
Cabe señalar
que de acuerdo con la Alianza contra el Fracking, la fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de
litros de agua. El portal interactivo Agua.org indica que en el caso de la
minería, durante 2014 consumió alrededor de 437 millones de metros cúbicos del
vital líquido.
Además, el
estudio “Apropiación de agua, medio ambiente y obesidad. Los impactos del
negocio de bebidas embotelladas en México”, de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) estimó que el
conglomerado de títulos que sólo hasta 2012 servían a las diversas plantas
embotelladoras de Coca Cola México, sumaron un volumen concesionado cercano a
los 33.7 millones de metros cúbicos por año. Las cerveceras no se quedan atrás,
por ejemplo, un caso reciente es el de Constellation Brands que requerirá 20
millones de metros cúbicos de agua anualmente.
“Esta medida pone a los núcleos
agrarios vulnerables al despojo de sus aguas y le da un gran poder a los
negocios y a los gobernadores para que se establezcan concesiones como han
hecho ya con empresas que son depredadoras y que buscan hacer del agua un
mecanismo de lucro”,
apuntaló Moctezuma Barragán.
En el mismo
sentido, Constantino Toto remarcó que
existe desigualdad al momento de tomar decisiones de este calibre, pues, las
pequeñas comunidades agrarias no tienen el mismo poder que los grandes
corporativos.
“Si se hace un uso desconsiderado en
materia del patrimonio de la naturaleza, los perdedores inmediatos son las
comunidades agrarias y las comunidades indígenas. En el mediano plazo, somos
todos porque podría darse un uso faccioso de este tipo de instrumentos
institucionales que atraerían corporaciones cuyo único objetivo es incrementar
la rentabilidad de sus inversiones”. comentó.
Ante este
panorama, Moctezuma Barragán hizo un
llamado a que se discuta y apruebe una Ley General de Aguas que prevenga
situaciones como la que actualmente ocurre. Por ello, recordó que desde la
sociedad civil se promueve una iniciativa en la que se presentan propuestas
para lograr que “se corrija la mala gestión del agua” en México, entre ellas:
–Incorporar la participación
ciudadana.
–Poner freno a las malas prácticas, a
la corrupción y a la impunidad.
–Implementar un plan rector en donde
se garantice el derecho humano al agua como prioridad y que los planes rectores
sean vinculantes.
–Elaborar decretos de protección en
zonas de extremo estrés hídrico, a fin de proteger los cuerpos de agua de una
explotación que vaya en contra del derecho humano.
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