Un tribunal federal ordenó crear una
Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa y pidió a la Procuraduría General
de la República (PGR) reponer el procedimiento en el caso de 20 de los
detenidos que aseguran haber sido torturados.
De manera unánime, los tres
magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito
determinaron que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas
“no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial” por parte de la PGR,
“como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH) y los protocolos de la ONU”.
La PGR se
puede inconformar con el fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN). Fuentes de la Procuraduría
dijeron a Apro que el fallo del Colegiado ocurrió cuando aún estaba pendiente
de que se desahogaran pruebas en relación con los alegatos de tortura de los
detenidos.
Entre los beneficiados por el
Colegiado se encuentra Gildardo López Astudillo, conocido como “El Cabo Gil”,
acusado de ser uno de los llamados lugartenientes de Guerreros Unidos. La PGR
responsabiliza a esa organización delictiva de haber incinerado en un basurero
a los 43 normalistas, en septiembre de 2014.
En una
resolución inédita, los magistrados del
Colegiado que tiene su sede en Reynosa, Tamaulipas, pidieron al titular del
Ejecutivo la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la
Justicia, y que para su funcionamiento solicite recursos al Congreso de la
Unión.
Incluso establecieron que debe estar
integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación, al que sólo
atribuye funciones de integración de las indagatorias.
Los magistrados precisaron que los
representantes de las víctimas y de la CNDH serán quienes decidan las líneas de
investigación y las pruebas a desahogar; además de que podrán validar la
incorporación de más organizaciones nacionales e internacionales de derechos
humanos.
También explicaron que decidieron la creación de la
comisión ante las graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura,
desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Además, por la falta de una
fiscalía independiente y la orden de investigar la participación de autoridades
de los tres niveles de gobierno en los hechos de Iguala.
El fallo se hizo eco del informe que
en marzo pasado presentó en Ginebra el representante en México de la Oficina
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
Titulado “Doble injusticia. Informe sobre
violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, el
reporte asegura que al menos 34 de los acusados por la PGR fueron detenidos de
manera arbitraria, torturados y entregados al Ministerio Público Federal más de
24 horas después de su detención. Refiere incluso una ejecución extrajudicial.
Los magistrados Juan Antonio Trejo
Espinoza, Héctor Gálvez Tánchez y el autor del proyecto, Mauricio Fernández de
la Mora, resolvieron cuatro amparos en el mismo sentido.
Los recursos favorecieron a Miguel
Ángel Landa Bahena, apodado “El Chequel” o “Duvalín”, Gildardo López Astudillo,
“El Cabo Gil”, Salvador Reza Jacobo y Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”.
El Colegiado
estableció que, para reponer el
procedimiento, la PGR debe presentar dictámenes periciales independientes, como
lo establece el Protocolo de Estambul.
Igual estableció que, si en diez días la PGR
incumple, el juez debe desechar las actuaciones de la dependencia a partir de
la tortura que alegan los inculpados.
Según los
magistrados, “hay indicios suficientes
para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados
fueron obtenidas mediante tortura”.
También determinaron que existe la necesidad de
cumplir con el derecho humano fundamental de acceso a la justicia de las
víctimas; es decir, que los detenidos y procesados por la autoridad sean los
verdaderos responsables.
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