México concentra 66% de las Acciones
Urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones
Unidas (CED), informó el organismo con sede en Ginebra, Suiza al dar a conocer
que el registro número 500 corresponde precisamente a una persona de
nacionalidad mexicana.
En un
comunicado, aseguró que esta semana “ha
alcanzado la triste cifra de 500 casos registrados” bajo la figura de Acción
Urgente, “un proceso que eleva a una desaparición forzada desde un nivel local
y personal para convertirla en un asunto entre un Comité de expertos de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las más a las autoridades del país
donde la desaparición ocurrió”.
De acuerdo
con datos del CED, de las 500 Acciones
Urgentes emitidas desde marzo de 2012, corresponden a México 331, es decir
66.2% de los procedimientos, siendo el primero y el último motivado por la
desaparición de una persona de origen mexicano: Marcial Bautista Valle y Areli
Hernández, respectivamente.
“Cada Acción Urgente representa a una
persona desaparecida, cuya familia, allegados y amigos están sufriendo cada
minuto de su vida por no tener idea de su suerte y paradero”, comentó Suela
Janina, presidenta del CED, al dar a conocer el último registro.
Según
información publicada por Apro el pasado 19 de febrero, el año con mayores registros del Comité relacionados con México fue
2015, cuando se acumularon 166 denuncias por desapariciones forzadas.
En lo que va de 2018, el CED ha
recibido 25 comunicaciones por la desaparición de personas cometidas
presuntamente por agentes del Estado, al menos 17 corresponden a denuncias
presentadas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL).
El año pasado, considerado el más
violento de la administración de Enrique Peña Nieto, el organismo solicitó al
Estado mexicano información sobre 31 víctimas.
Janina
lamentó que, desde que entró en vigor la Convención Internacional contra la
Desaparición Forzada, “el número de acciones urgentes ha crecido continuamente”.
Explicó que cuando el CED recibe información sobre un caso, contacta al país
donde se llevó a cabo la desaparición forzada, así como a los allegados a la
víctima o sus representantes.
“Cuando una persona es víctima de una
desaparición forzada, una intervención inmediata es clave”, añadió Raine Huhle, vicepresidente
del CED.
El experto
de origen alemán recordó que “no existe
justificación válida alguna para pedir a los familiares de una persona
desaparecida que espere 24, 48 ó 72 horas antes de tomar acción”.
Durante el
informe anual ante el Consejo de la ONU, en octubre pasado, la presidenta del
CED recordó que México es el país que
más acciones urgentes ha registrado en los últimos cinco años. Por ello, desde
mayo de 2013, ha inquirido al país sobre la posibilidad de una visita, “lo cual
ha sido rechazado”.
Irak es el
segundo país con más Acciones Urgentes, seguido de Colombia.
En la nota
publicada el pasado 19 de febrero por Apro se
resaltó que en marzo de 2015 el CED consideró que en México hay “un contexto de
desapariciones generalizadas en gran parte del Estado, muchas de las cuales
podrían calificarse como desapariciones forzadas”, siendo el caso paradigmático
el de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el informe de país de 2015, el CED
hizo 18 recomendaciones a México, entre las cuales urgió a “reconocer la
competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e
interestatales (…) con miras a reforzar el régimen de protección contra las
desapariciones forzadas”.
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