La precariedad de la economía en
México obligó a más de 2.1 millones de niños a trabajar el año pasado en
actividades no permitidas, en condiciones alarmantes.
La tercera parte de esos infantes
tenían menos de 14 años, y cuatro de cada de diez ni siquiera recibieron un
ingreso a cambio de su labor, según datos publicados este martes por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Tras señalar que las actividades no
permitidas representan un riesgo para la salud y el desarrollo de los niños –ya
sea por las tareas peligrosas o por los horarios prolongados–, el organismo
detalló que 34% de los menores explotados realizaron trabajo agrícola, 22%
laboró en el sector de servicios y 20% en el comercio; el resto participó en
las industrias extractivas y de la construcción.
Aunado a
ello, las cifras oficiales sobre la
explotación de niños con fines sexuales varían entre 16 mil y 70 mil, con una
concentración más grave del problema en las zonas fronterizas, donde hasta 50
mil menores de edad estarían forzados a prostituirse.
A pesar de la magnitud del problema,
ninguno de los candidatos a la presidencia de la República ha propuesto hasta
ahora planes para erradicar la explotación infantil.
En su proyecto de nación, sólo el
aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador,
señala el trabajo infantil en la agricultura, según integrantes de ‘Mesa Social contra la
explotación de niñas, niños y adolescentes’.
En un evento
realizado esta mañana, la investigadora Norma del Río aseveró que atender el
abandono actual de los niños explotados equivaldría a dejar sin presupuesto y
fuera del foco público a la población de las delegaciones Gustavo A. Madero,
Cuauhtémoc, Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan de la Ciudad de México.
“Los niños, niñas y adolescentes no
están en las agendas políticas de los candidatos, no están en las políticas
públicas (…) el futuro que les estamos dando a nuestros jóvenes es muy oscuro”,
deploró a su vez Alfonso Poiré, asesor de la organización Save The Children
México e integrante de la Mesa Social.
Ante la
ausencia de propuestas de los presidenciables, la Mesa Social elaboró su propia agenda política para erradicar la
explotación del trabajo infantil, y urgió los candidatos a adoptar una serie de
medidas y compromisos presupuestales para lograr ese objetivo en 2024, con un
énfasis especial en los niños indígenas y jornaleros, los más vulnerables de
todos.
“Hablamos de trabajo infantil cuando
hay violación a los derechos fundamentales de la infancia como el recreo, la
educación o la salud”, precisó la doctora Mónica Falcón, quien puso sobre la
mesa el tema del abuso de los plaguicidas en los campos y sus efectos nefastos
sobre la salud de los trabajadores agrícolas, entre ellos los niños.
El Inegi detalló que, si bien 3.2 millones de niños
mexicanos (11% de la población infantil) trabajaban en 2017, hay fuertes
desigualdades a nivel estatal. Por ejemplo, en Nayarit uno de cada cinco niños
laboraba, contra uno de cada 20 en Querétaro, y en nueve estados más de uno de
cada ocho realizó trabajos el año pasado, particularmente en el entorno rural.
Los datos actualizados del Módulo de
Trabajo Infantil muestran que en 58% de los casos de trabajo infantil
reportados en 2017, el empleador era un familiar del niño, cuatro de cada diez
menores trabajadores estaban fuera del sistema educativo, y siete de cada diez
no tenían ingreso u obtuvieron menos de un salario mínimo por su trabajo.
Asimismo, 90% de los niños trabajaron en la
informalidad y 1.4 millones realizaron quehaceres domésticos en condiciones no
adecuadas –principalmente en los estados de Tabasco, Campeche y Baja California
Sur–, pues 40% de ellos le dedican más de 14 horas a la semana.
Según Del
Río, el tema del trabajo infantil nace
de la precariedad en la que se encuentra la situación laboral en México, uno de
los países con las tasas más bajas de movilidad social en el planeta, donde la
mayoría de los trabajadores no tiene seguridad social –la mitad no tiene ni
contrato– y el 25% ingresa menos de un salario mínimo.
De acuerdo
con la investigadora, en el trabajo
infantil se repiten los esquemas de desigualdad y discriminación que imperan en
el país: 22% de los niños que viven en el quintil más pobre trabaja, y lo mismo
afecta a uno de cada cinco menores indígenas.
Una de las
propuestas del grupo de expertos que conforman la Mesa Social plantea obligar a las empresas de
transferencias internacionales a reducir de 7% a 3% sus costos de transacción
en el envío de remesas, pues los 31.6 mil millones de dólares que sumaron en
2017 representan a menudo el principal ingreso de los hogares beneficiarios y
evita el trabajo infantil.
Del Río recordó que seis millones de niños
mexicanos viven en hogares donde falta el padre, la madre o ambos.
La Mesa
Social urgió el próximo gobierno a
reforzar y destinar más recursos a las “insuficientes” medidas implementadas en
los últimos cinco años, como la Comisión Intersecretarial para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil (CITI) y el Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
“Aún queda mucho trabajo por realizar
en este tema, y sobre todo implica un reto de subsistencia y seguimiento frente
al cambio de gobierno”, plantearon los expertos al subrayar la necesidad de alinear las leyes estatales
con la legislación federal.
Del Río deploró que, a raíz de la reforma educativa
implementada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal
redujo de 561 a 383 millones de pesos el presupuesto para apoyar a los niños
trabajadores, y obligó las escuelas a concursas para obtener estos fondos
destinados a los niños.
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