Javier Risco.
El 26 de abril pasado escribí sobre
Ayotzinapa, se cumplían 43 meses de la desaparición de los normalistas. Muchas
veces he dedicado este espacio a manera de recordatorio, el tiempo hace que se
diluyan las tragedias excepto en las personas que las sufren en primera
persona; recuerdo que ese día me dijo un colega periodista: “¿por qué escribes
de eso? No es nota, te lees chairo”.
Mi
recordatorio era una pregunta que me he hecho desde el día de la tragedia ¿por qué el presidente Peña Nieto ha sido
incapaz de ir a la Normal Rural Isidro Burgos? Ante una de las mayores crisis
de su sexenio ha decidido verla de lejos, ni siquiera sabe cómo son las aulas,
los maestros, la vida después de perder a una generación de estudiantes.
Nos perdemos en la coyuntura de la
tragedia de hoy y dejamos en el olvido la de ayer, la de hace un año, la de los
43. Insistir es una forma de decirle a las víctimas que algunos seguimos tan
indignados como el primer día. Quizá si todos insistiéramos no acumularíamos
tantas.
Sin embargo,
hoy sí hay nota sobre Ayotzinapa, una
que nos recuerda que han pasado investigaciones vacías donde su supuesta
“verdad” puede ser derrumbada desde cualquier ángulo.
Ayer, en un hecho inédito, los
magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas,
ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el Caso Iguala, el
tribunal federal concluyó que la investigación de la Procuraduría General de la
República no fue pronta, efectiva, independiente, ni imparcial. La tristemente
famosa “verdad histórica” que tan cansado dejó a Murillo Karam quedó sin
efecto.
De acuerdo
con el fallo judicial, la Comisión de la
Verdad estará integrada por representantes de las víctimas, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación; sin
embargo, sólo la CNDH y los representantes de las víctimas decidirán las líneas
de investigación y las pruebas a desahogar.
El fallo
señala: “Debido a que en México,
lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el
mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar
los defectos en la investigación […] consiste en permitir que sean las propias
víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos,
quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del
Ministerio Público.
De ese modo,
entre el Ministerio Público, los
representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente
entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad,
se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso
Iguala)”.
Tal vez uno de los puntos más
importantes del fallo es la posibilidad de incorporación de más organizaciones
de protección a Derechos Humanos, nacionales e internacionales en el proceso.
Aquel enfrentamiento del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el gobierno mexicano,
a quien señalaron de obstaculizar su investigación, los señalamientos de
cientos de testigos que contradicen la versión del Ejército y la policía sobre
dónde y cómo fueron los ataques a los normalistas, los múltiples señalamientos
de especialistas diciendo que la versión sobre el basurero de Cocula y el final
que pudieron tener los jóvenes era inverosímil y la exigencia de justicia que
durante más de 3 años han dado los padres hoy tienen un eco fuerte que le dice
al gobierno agonizante del saliente PRI que oficialmente la indagatoria
judicial más compleja en décadas, la hicieron mal y que hay 43 familias por las
que aún se debe buscar verdad y justicia.
Este fallo no sólo es el recordatorio
de que a esta administración los derechos humanos no le interesaron, sino que debe ser un botón de
muestra para el siguiente gobierno, la
exigencia del esclarecimiento de los 43 no se irá en la maleta de Enrique Peña
el próximo 1 de diciembre, se quedará junto a la siguiente administración que
deberá garantizar respuestas y mecanismos de no repetición. Y se quedará para
ser un recordatorio constante de que cualquier versión por muy oficial que sea,
se cae como la credibilidad de todo un gobierno, no sólo ante las víctimas y
los gobernados, sino a los ojos del mundo que también ha observado el caso. Hoy
recordemos Ayotzinapa.
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