Senadores de oposición presentaron
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de
inconstitucionalidad contra la Ley General de Comunicación Social, por
considerar que es contraria a la libertad de expresión y a otros principios de
la Constitución.
Un grupo de 52 senadores del PAN, PT,
PRD y Morena presentaron el recurso contra la ley que promulgó el presidente
Enrique Peña Nieto el pasado 11 de mayo, luego de que la mayoría del PRI y de
sus aliados la aprobaran en Cámara de Diputados y el Senado.
Conocida
como “Ley Chayote” por haber legalizado
la discrecionalidad en el gasto gubernamental en publicidad oficial, la
legislación podría ser revisada por el pleno de la Corte, luego de que la
Primera Sala del máximo tribunal ordenó en noviembre pasado al Congreso
legislar en la materia debido a que el propio Legislativo se había comprometido
a hacerlo desde el 2007.
El Colectivo
#MediosLibres, integrado por un centenar de organizaciones sociales y
periodistas de todo el país, lamentó que
hasta ahora ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ni el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (INAI), hayan interpuesto ningún recurso de
control constitucional contra la ley.
Los
senadores que acudieron a la Corte argumentan
que la #LeyChayote vulnera de manera sustancial el derecho a la libertad de
expresión porque viola los principios internacionales en publicidad oficial y
los establecidos en el artículo 134 de la Constitución.
Además, incumple los criterios establecidos por la
Primera Sala cuando le pidió al Congreso que terminara con el vacío legislativo
en la materia. Esa resolución indicó que el control arbitrario de la publicidad
por parte de los entes públicos representa un mecanismo de control de la
prensa.
El recurso de los senadores también
considera que la ley aprobada vulnera el derecho a la libertad de imprenta y el
derecho a las audiencias, además de que fue aprobada con violaciones al proceso
legislativo.
El Colectivo insistió en que la ley
mantiene malas prácticas como el uso excesivo de los recursos públicos y la
censura indirecta, pero sobre todo, que la aprobación de la ley fue una
simulación para cumplir con la sentencia de la Primera Sala y no caer en
desacato.
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