Habitantes de
comunidades de la sierra de Chiconquiac, en la costa centro del estado de
Veracruz, se organizaron para enfrentar los proyectos mineros Caballo Blanco y
El Cobre, de las compañías canadienses Almaden Minerals y Goldgroup.
Entre los planes de las
compañías canadienses, que se intentan frenar, está la extracción de oro a
cielo abierto de la punta del cerro La Paila, ubicado a 3 kilómetros de la
central nuclear de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Laguna Verde, de
acuerdo con información de la agencia Cuartoscuro.
El pasado 25 de mayo, en el municipio veracruzano de Actopan,
en asamblea popular en el atrio de la parroquia de San Francisco de Asis y con
el acompañamiento de los sacerdotes Andrés y Urbano, niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores
de seis pueblos [Mesa de 24, Los Baños, Villa Rica, Tinajitas, Cerro Gordo y
Totolapa] definieron los pasos para resistir y defenderse del plan de las
empresas mineras.
Tras informar de las
consecuencias que la minería a cielo abierto ha provocado en otros estados del
país, los pobladores definieron defenderse y resistir de manera social,
política y legalmente. Los proyectos pretenden iniciar la explotación en julio
“tras conseguir los permisos necesarios”, informó un vocero de la compañía.
Después de realizar una
marcha informativa por las principales calles del municipio y terminar con un
mitin en la plaza Juárez, entre gritos “¡sí a la vida, no a la mina!”,
“¡gritemos muy fuerte, la mina trae muerte!”, “¡en Veracruz queremos vivir, la
mina se tiene que ir!”, las personas exigieron al presidente municipal, Paulino
Domínguez Sánchez, su definición clara en apoyo a la comunidad y no otorgar el
cambio de uso de suelo.
Entre los permisos que
las compañías mineras requieren para iniciar una explotación se encuentran dos
fundamentales: una consulta a las comunidades que aprueben la explotación y el
cambio de uso de suelo, que está en manos del cabildo y titular del municipio.
México es uno de los lugares de mayor riqueza natural y
mineral para la realización de proyectos mineros. De acuerdo con la Secretaría
de Economía, México es el primer destino en inversión en exploración minera en
América Latina y el cuarto en el mundo.
México omite
el reporte de decenas de sustancias contaminantes producidas por la industria
minera, a diferencia de Canadá y Estados Unidos. En 2013, por ejemplo, el
sector minero informó a las autoridades mexicanas que únicamente emitió ocho
tóxicos al medio ambiente, mientras tanto EU declaró 59 y Canadá un total de
63, reveló la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) en su informe “En
balance: emisiones y transferencias de contaminantes en América del Norte”.
El reporte de 162 páginas
compila datos oficiales de cada una de las tres naciones hasta el 2013 y
destaca que Estados Unidos y Canadá abarcan un número mucho más elevado de
contaminantes que los registrados en México, debido a la permisividad o
tolerancia excesiva de las autoridades del país con las compañías mineras,
tanto las nacionales como las extranjeras, especialmente con las de origen
canadiense.
El estudio se basó en el Registro de Emisiones y
Transferencia de Contaminantes (RETC), para el territorio nacional; en el
Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (NPRI), en el caso de Canadá
y en el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) para Estados Unidos.
Las características de los registros de emisiones y
transferencias de contaminantes de América del Norte varían de país a país.
–El RECT de México, que
no es actualizado desde 2015, considera 104 contaminantes y toma en cuenta las
minas de minerales metálicos (sólo beneficio); caleras y cementeras; todos los
establecimientos que emiten contaminantes a aguas de jurisdicción federal;
además de actividades con manejo de residuos peligrosos.
–El NPRI de Canadá
estima tres veces más contaminantes que la República Mexicana, con lo que suma
346 en total, además
considera la totalidad de las instalaciones y actividades mineras, salvo
explotaciones de superficie y canteras con producción inferior a 500 mil
toneladas.
–El TRI de Estados
Unidos valora seis veces más que México, es decir, 675 contaminantes. Por si fuera poco, tiene en cuenta
minas de carbón; minas de minerales metálicos (excepto las de mineral
ferruginoso y de uranio); además de minas de minerales no metálicos (sólo beneficio).
En 2013, las minas
inventariaron emisiones y transferencias de 79 sustancias y únicamente 15 de
ellas coinciden en las plataformas de los tres países. Además, sólo siete de
los 25 contaminantes con más registros del sector causantes de más de 99 por
ciento de las emisiones y transferencias de las minas concordaron en América
del Norte: plomo, arsénico, níquel, cromo, cadmio, cianuros y mercurio.
“En Canadá y Estados
Unidos es obligatorio
—NO ASÍ EN MÉXICO— presentar registros
de zinc, manganeso y cobre (y sus respectivos compuestos), todos ellos
comúnmente emitidos o transferidos por minas de minerales metálicos. El fósforo
total sólo se declara en Canadá, en tanto que el bario se declara sólo en
Estados Unidos”, se lee.
Ante este panorama, el doctor Rodolfo García Zamora,
académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), aseguró que el Gobierno de México es “totalmente omiso” a las graves
consecuencias de contaminación de la tierra, el agua y el aire que provoca la
minería.
“Hay ausencia, opacidad
y complicidad de las dependencias federales. Por un lado, hay liberalidad de la
Secretaría de Economía para otorgar el territorio nacional destinado a
exploración y explotación de la minería. Por el otro existe omisión y
complicidad de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] y la
Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], pues por los
resultados parece que están totalmente subordinadas a las directrices de las
grandes corporaciones mineras”, criticó.
NORMATIVIDADES MANIPULADAS.
Las principales leyes federales que regulan la contaminación
generada por el sector minero en Canadá, de acuerdo con el informe, son cinco:
las leyes canadienses de Evaluación Ambiental y la de Protección Ambiental, la
Ley de Pesca, la Ley del Transporte de Bienes Peligrosos y la Ley de Seguridad
y Control Nuclear.
En Estados Unidos son siete las leyes federales que regulan
la contaminación generada por el sector minero: las leyes Nacional sobre
Política Ambiental, la de Aire Limpio, la de Agua Limpia, sobre Conservación y
Recuperación de Recursos, de Control de Sustancias Tóxicas, Integral de
Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales, y de Control de la
Minería de Superficie y Recuperación.
En el caso de México,
el análisis incluye cuatro principales leyes federales que regulan la
contaminación generada por el sector minero: Ley Minera, Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, además de la Ley de Aguas
Nacionales. Asimismo, cuenta con seis Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
relativas a dicho sector.
En ese sentido, el doctor García Zamora consideró que en territorio nacional las normativas en términos
ambientales “son buenas” sólo en la redacción pero, recriminó, “casi nunca se cumplen
“o son “manipuladas” al servicio de las corporaciones.
El especialista recordó
que durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el Artículo Sexto de
la Ley Minera, dicha actividad extractiva comenzó a ser considerada como
preponderante sobre cualquier otra.
En el mismo tenor, el maestro Eduardo Torres Alonso, miembro
del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y
Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que la normatividad en México es más
laxa que en el resto de América del Norte y eso lo convierte en un país
“atractivo” para la inversión extranjera. Para muestra, dijo, un botón: De 290
mineras en México, 211 son de capital canadiense.
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