“Aquí estoy, yo siempre dije la verdad”,
expresó Valentina Rosendo Cantú con voz firme, como ha sido su tono desde que
inició su lucha por justicia hace 16 años, cuando entonces tenía 17 años.
La indígena me’phaa se presentó ante
medios de comunicación para informar sobre la sentencia emitida por el juzgado
Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero, en la que se condena a 19 años,
cinco meses y un día a dos militares del 41 Batallón de Infantería por tortura
y violación en agravio en Rosendo Cantú, el 16 de febrero de 2002.
Acompañada
por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel
Barrera, así como por sus abogados, Vidulfo Rosales y Santiago Aguirre,
subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Valentina
Rosendo fue arropada por el representante en México del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab; la directora
ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional Tania Reneaum, así
como por la relatora sobre Discriminación de las Mujeres del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, Alfa Facia Montejo.
Cargando en brazos a su hija de ocho
meses, Rosendo Cantú hizo un recuento de su largo recorrido en busca de
justicia, que la llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), instancias ante
las que rindió testimonio frente a representantes del Estado mexicano, que
finalmente fue condenado en 2010 como responsable de los agravios contra la
indígena me’phaa.
“El gobierno nunca me creyó, nunca me hizo
caso. Desde el principio todos los funcionarios siempre se burlaban de mí,
desde que puse mi denuncia el agente del Ministerio Público nunca me ayudó. Hoy
puedo demostrar que siembre dije la verdad y aquí estoy”, señaló.
La víctima recordó que durante su
búsqueda de justicia fue objeto de amenazas, hostigamiento, intentos por
“desaparecerme a mí y a mi hija” e, incluso, de ofrecimientos de dinero para
que cejara en su lucha de denunciar a los militares.
“Yo siempre he dicho que no busco
dinero, sino justicia”, dijo al destacar que la importancia de la sentencia
radica en que “va a servir para la lucha de otras mujeres, para que tengan
esperanza, como las compañeras de Atenco”.
Caso de
consideración.
Jan Jarab destacó que el caso de Valentina Rosendo
Cantú “debería estar en el centro de las consideraciones en la discusión
pública sobre cómo debe cambiar el modelo de seguridad para México” que, a
partir del año pasado, le dio amplias facultades de actuación a las Fuerzas
Armadas a través de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
Al recordar que la posición de la
ONU-DH ha sido contraria a la militarización de la seguridad pública, como lo
expresó en 2007 la exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos,
Louise Albour, destacó que el de Valentina “es un caso donde se utilizaron
fuerzas armadas antes de que se decidiera enviar fuerzas armadas en tareas de
seguridad en 2006 de manera más amplia en el estado de Guerrero, que tiene
trayectoria muy larga desde las décadas de la mal llamada Guerra Sucia que
también permanecen en la impunidad”.
El
representante de ONU-DH agregó que su
oficina ha documentado otros casos de tortura sexual “como método de
investigación, en los que hay sentencias absolutorias para las mujeres
torturadas, pero no con sentencias condenatorias para los perpetradores”.
Para Jan
Jarab, casos como el de Valentina
Rosendo y de otros de los que ha tenido conocimiento la ONU-DH, deberían
considerarse “como un fenómeno mucho más amplio y en el contexto de la
impunidad ya mencionada, que es algo no debe ocurrir que deberían ser
sancionados y tomar medidas de prevención”.
Tania Reneaum
acotó que, en una investigación realizada por Amnistía Internacional sobre
mujeres en reclusión, se pudo confirmar
que “el 100% de las mujeres sufrieron desde abusos verbales hasta abuso sexual,
en 33 % de los casos, y que la violencia contra las mujeres es una forma de
amedrentar, averiguar y una forma irregular de llevar casos hasta la justicia”.
La
investigación de la organización confirmó
también la impunidad, pues “en respuesta a una solicitud de información, la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó a Amnistía que no se había
suspendido a ningún soldado por abuso sexual, en el periodo de 2010 a 2015, en
tanto que la Secretaría de Marina (Semar) indicó que lo hizo a cuatro marinos”.
La defensora reiteró que siendo un
“hecho frecuente generalizado, en un contexto de profunda impunidad hacia las
violencias hacia las mujeres”, la sentencia que condena a los dos militares por
haber torturado sexualmente a Rosendo Cantú es de gran relevancia, de manera
particular porque la jueza Séptimo de Distrito Iliana Fabricia Contreras
Perales, “dio pleno valor probatorio al testimonio de la víctima, esto no es
menor en un país donde sólo tienen voz quienes tiene el dominio de la palabra y
quienes tienen el poder”, más aún cuando se trata de la primera en condenar a
militares por tortura sexual.
Pese a
sentencias, persiste impunidad.
Santiago
Aguirre, quien formó parte del equipo jurídico que litigó el caso ante la
CoIDH, destacó que, pese a que la sentencia
es de primera instancia, es “la primera que resulta de una sentencia de la
CoIDH”.
Recordó que a pesar de que México ha
sido condenado por el tribunal en diversas ocasiones, “las sentencias han
promovido un gran cambio en el país, pero la impunidad es tan fuerte en México
que no han logrado debilitarla”.
Aguirre hizo
un repaso de los casos que han llegado a la CoIDH, y la impunidad en la que se
encuentran, como es el de la desaparición forzada por militares de Rosendo
Radilla Pacheco, cuyo caso propició la reforma al Código de Justicia Militar, “pero hasta ahora no están detenidos los
responsables de su desaparición y seguimos sin saber el paradero de Rosendo”.
La sentencia
del Campo Algodonero “fijó protocolos de actuación en casos de feminicidio para
todo el continente, pero los
funcionarios responsables de no haber procurado justicia siguen sin sanciones.
En tanto que los torturadores de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, los
campesinos ecologistas, siguen libres”.
Vidulfo
Rosales apuntó que, al ser una sentencia
de primera instancia, uno de los responsables, Armando Pérez Abarca, ya apeló
la resolución judicial, por lo que hizo un llamado al Poder Judicial Federal a
que se mantenga la condena, toda vez que “se han incorporado los estándares internacionales
al analizar las pruebas”.
El abogado se sumó a las consideraciones de Jarab de
que el fallo judicial podría tener un impacto en la discusión sobre la LSI, ya
que es una muestra de “lo que sucede cuando militares desempeñan labores de
seguridad pública, ilustra la inviabilidad de sacar el ejército a las calles”.
Alda Facio manifestó su solidaridad
con Valentina y saludó que los tribunales mexicanos “estén incorporando los
estándares internacionales” en las sentencias. Luego, ofreció su respaldo hasta
que la sentencia quede firme.
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