La
multinacional Telefónica, dueña de la marca Movistar en México, despidió a directores de este país tras
detectar que la compañía estaba pagando sobornos a alcaldes y gobernadores para
poder instalar torres de radiocomunicación, informó hoy el portal español de
noticias El Confidencial.
Durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto, varias empresas internacionales se han visto involucradas en escándalos
de corrupción, pero nadie paga. Directivos de la española OHL fueron
relacionados con sobornos y tráfico de influencias con varios miembros del
gabinete presidencial y con secretarios del Estado de México, y nunca nadie
pisó una prisión.
Después vino el caso de Odebrecht:
tampoco ha pagado nadie. Hoy The New York Times publica que el Gobierno de
México tiene evidencia suficiente para acusar a funcionarios vinculados con el
caso de la constructora brasileña, pero no actúa porque afectaría al Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
Según
confirmaron distintas fuentes a El Confidencial, la operadora española tomó la decisión de cesar a sus directivos en
México tras recibir denuncias internas sobre actuaciones ilícitas, una
corrupción de la que estaba al tanto la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) como la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.
“Directivos de Telefónica pagaban
sobornos a alcaldes y gobernadores de varios estados de México para poder
instalar sus torres de transmisión. Una infraestructura necesaria para poder
llegar a un número mayor de clientes y hacer frente a sus principales
competidores. A cambio del pago de una comisión, obtenían la licencia. Otras
fuentes indican que el fraude partía de las autoridades locales, que pedían a
la empresa que pasara por caja de forma ilegal para poder levantar sus postes
en sus territorios”,
dice la nota firmada por el periodista Agustín Marco.
De acuerdo
con El Confidencial, “uno de los países
donde Telefónica había detectado actuaciones reprobables era México, su segundo
mercado de Latinoamérica donde la compañía española siempre ha tenido muchos
problemas para competir en lo que califican de inferioridad de condiciones
contra la estadounidense AT&T y la mexicana América Móvil, propiedad del
magnate Carlos Slim. Hasta el punto de que, primero César Alierta, y ahora José
María Alvárez-Pallete, se han replanteado su permanencia en la primera economía
del continente2.
En noviembre
del pasado año, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
obligó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a imponer una tarifa de
0.3 pesos por cada minuto de llamada a Telefónica, debido a que la compañía
utilizaba la red móvil de América Móvil.
LA SANCIÓN
DE LA COMPAÑÍA.
El actual presidente de la filial mexicana
es Carlos Morales Paulín, quien asumió el cargo en junio de 2016 en sustitución
de Francisco Gil Díaz. La investigación de Telefónica se inició a mediados de
2015 y ahora se ha dado por concluida sin especificar las sanciones aplicadas,
detalla El Confidencial.
Movistar tiene 25.88 millones de
clientes en México y el año pasado reportó a su matriz Telefónica ingresos
generales por mil 336 millones de euros, unos 32 mil millones de pesos a tipo
de cambio de 24 por uno.
El consejo
de administración de Telefónica aprobó
el 16 de diciembre de 2015 una política anticorrupción para asegurarse del
comportamiento ético de sus consejeros, ejecutivos y empleados en cualquier
parte del mundo.
“Esta política establece pautas de
comportamiento respecto a la aceptación u ofrecimiento de regalos o
invitaciones, prohibiendo cualquier tipo de soborno”, asegura el documento, en
el que se especifica que “no se permite prometer, ofrecer o dar cualquier
beneficio o ventaja de cualquier naturaleza, de forma directa o indirecta (a
través de un tercero) con el fin de influir en decisiones de cualquier tipo
(incluidas las gubernamentales, administrativas o judiciales) u obtener
ventajas indebidas para la compañía”, dice el medio español.
De acuerdo
con el código de la empresa, los
empleados no podrán entregar nada de valor tangible o intangible “a cualquier
funcionario público o electo, agente, empleado o persona que actúe en nombre de
un gobierno nacional, provincial o local, departamento, agencia, organismo,
compañía de propiedad o control estatal, organización pública internacional,
partido político o entidad que es financiada mayoritariamente por fondos
públicos”.
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