A puerta
cerrada y con una manifestación de derechohabientes en las inmediaciones, la mayoría del PRI y sus aliados en la
Legislatura mexiquense aprobaron la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios que plantea migrar el sistema de pensiones a las Afores y,
tácitamente, el aumento de la edad de jubilación.
La sesión
plenaria comenzó puntualmente a las 16:00 horas. A los medios de comunicación
se les permitió el acceso hasta ese momento. La iniciativa ni siquiera fue leída, pues hubo dispensa de trámite. Al
final, se registraron 39 votos a favor y 19 en contra.
Desde las
10:00 horas, derechohabientes del
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) se
manifestaron a las afueras del Palacio Legislativo en demanda de detener la
iniciativa.
Aunque integraron una comisión para
ser escuchados por los legisladores, éstos nunca los recibieron, sólo los
atendieron algunos de sus representantes.
Durante la
discusión, el diputado morenista
Vladimir Hernández Villegas denunció que la reforma implica una precarización
de las jubilaciones a los trabajadores del Estado de México. Acusó que el aval
se realizó al vapor.
“Hoy somos minoría, pero la historia
nos juzgará, actuaremos en consecuencia, fieles y congruentes”, dijo de manera escueta.
El
perredista Arturo Piña García lamentó
que la propuesta del gobernador, Alfredo del Mazo Maza, deja en claro que el
PRI no entendió el rechazo social -manifestado por los ciudadanos en las urnas
el pasado 1 de julio- a este tipo de acciones.
Destacó la necesidad de aclarar y, en
su defecto, sancionar la descomposición financiera del Instituto, antes de
proponer cualquier medida en detrimento de los derechohabientes.
El legislador recordó que los
problemas administrativos al menos datan desde la gestión del exgobernador
César Camacho. Añadió que con Arturo Montiel Rojas hubo señalamientos de que
las pensiones se utilizaron como su “caja chica”, pues se trata de recursos no
fiscalizables, no auditables y no exigidos.
Además de la migración del sistema
solidario al individual en las pensiones, prosiguió, se plantea que la
jubilación sólo será posible cuando se supere en 30% el ahorro de la pensión
garantizada, lo que, en términos reales, implica que el trabajador necesite
laborar más años para pensionarse.
Piña García recordó que, en la última reforma del 2012,
se incrementaron las aportaciones para la atención médica y el sistema de
capitalización individual, además se aumentó la edad de jubilación de 60 a 63
años.
El panista
Alberto Díaz Trujillo demandó una
auditoría al ISSEMyM, tras considerar que no existe el quebranto financiero en que
se pretende justificar la reforma.
Los estados financieros del Instituto
al 31 de diciembre de 2016, indicó, revelan una liquidez por ocho mil 787.4
millones, y que por cada peso de adeudo se disponía de 6.77 pesos para cumplir
con los compromisos en el corto plazo. Además, dijo que de que ese año no se
ejercieron mil 860 millones, “lo que contrasta con el escenario de necesidad
planteado por el Ejecutivo”.
Díaz
Trujillo añadió que “no hay colapso
financiero, se debe requerir un informe de auditoría al Órgano Superior de
Fiscalización (OSFEM) para conocer las fallas en la gestión administrativa del
ISSEMyM, pues en los informes de Cuentas Públicas la crisis de solvencia no fue
considerada”.
Esta reforma exprés, dijo, no atiende
ni resuelve la problemática del ISSEMyM.
Al final de
la sesión, los manifestantes reclamaron,
sin éxito, que el diputado priista Omar Velázquez Ruiz, otrora secretario
general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEyM),
diera la cara.
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