La Comisión de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió sancionar a Morena con el pago de
una multa superior a los 197 millones de pesos, derivada de la investigación
propiciada por una queja del PRI que acusó al partido de Andrés Manuel López
Obrador de diseñar un esquema ilegal de financiamiento paralelo para configurar
el fideicomiso que éste prometió a los damnificados de los sismos del
septiembre pasado.
A reserva de
que el Consejo General de dicho instituto la apruebe en su sesión del próximo
18 de julio, el proyecto de resolución
propuso limitarse a multar a Morena por “la constitución de un fideicomiso que
no reportó a la autoridad”, según lo difundido mediante un comunicado de
prensa.
Según la
autoridad, al fideicomiso ingresaron
78.8 millones de pesos: 44 a través de depósitos en efectivo, 19.7 vía
transferencias bancarias y 14.7 en cheques de caja, mientras que egresaron 64.4
millones a través de cheques cobrados en efectivo por miembros del partido.
Establecido
lo anterior, la autoridad resolvió que
Morena constituyó el fideicomiso para “allegarse de recursos como un mecanismo
de financiamiento alterno a las reglas al financiamiento” establecidas en la
ley.
Sin embargo,
el órgano fiscalizador reportó no haber
encontrado evidencia de que hubieran desviado recursos públicos con fines
electorales.
“La queja se presentó por desvío de
recursos públicos para gastos de campaña y el financiamiento es de origen
privado. Revisamos la contabilidad del partido y no encontramos recursos
públicos en el financiamiento. Al ser dinero en efectivo no pudimos seguir un
rastro que compruebe que se utilizó como gasto de campaña”, explicó el presidente de la comisión fiscalizadora, Ciro Murayama.
La sanción impuesta, según la
resolución, equivaldría a 250% del monto involucrado, sumando un total exacto
de 197 millones 46 mil 413 pesos “al haberse configurado la omisión en el
reporte de ingresos, el rebase del límite de aportaciones en efectivo, recibir
aportaciones de personas desconocidas y recibir aportaciones de personas
morales, un ente prohibido”.
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