La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a través de la ONU-DH México, emitió una serie de recomendaciones al
Estado mexicano ante la falta de acceso a la justicia de mujeres y niñas y los
altos niveles de violencia que atraviesa el país.
Las recomendaciones
enfatizan la necesidad de concluir el proceso de armonización legislativa en
los niveles federal, estatal y municipal acorde con los estándares
internacionales que garantizar el acceso a la justicia.
La CEDAW es el
instrumento internacional vinculante sobre los derechos humanos de las mujeres
y niñas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y cuyo
cumplimiento de medidas es obligatorio para los países integrantes de la ONU.
Aunque la CEDAW reconoció los avances del país en materia
legislativa y de políticas públicas emprendidas para erradicar la
discriminación hacia las mujeres, reprochó los altos niveles de violencia.
Las recomendaciones
destacan la necesidad de fortalecer el acceso de las mujeres al mercado laboral
y al crédito, en igualdad de condiciones; la creación de políticas de
prevención desde el sector educativo para acabar con la violencia y los
estereotipos sexistas.
Además, resalta “la
urgencia de garantizar los derechos de poblaciones vulnerables como la
población LGBTI, las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las defensoras de
derechos humanos y las periodistas”, en este apartado incluye recomendaciones
específicas para México sobre mujeres migrantes, solicitantes de asilo y
refugiadas.
Exhortan a las
autoridades a tomar “medidas urgentes” para prevenir las muertes violentas, los
homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres. El Comité también enuncia
recomendaciones sobre los derechos y la salud sexual y reproductiva de las
niñas y mujeres.
Este es el panorama para las mujeres mexicanas detectados por
la CEDAW y las recomendaciones solicitadas para cada caso.
Violencia de Género.
La CEDAW lamenta los
patrones persistentes de violencia generalizada basada en el género contra
mujeres y niñas. Considera preocupante los niveles de violencia física,
psicológica y sexual, así como el aumento de la violencia doméstica, las
desapariciones forzadas, la tortura sexual y asesinato, en particular el
feminicidio, que se vive a nivel nacional.
La Convención resalta
que estos crímenes son a menudo cometidos por actores estatales y no estatales,
incluidos los grupos del crimen organizado. Hechos que se suman “a la
incompleta armonización de las legislaciones estatales con la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2016) para tipificar el
feminicidio.
Por ello el CEDAW insta
al Estado a:
Fortalecer su
estrategia de seguridad pública para combatir el crimen organizado en
conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos de las
mujeres y niñas, para eliminar los altos niveles de inseguridad y violencia.
Adoptar medidas para
aumentar la conciencia de los derechos humanos de las mujeres a través de
campañas y la creación de capacidad pública diseñados e implementados con la
participación activa de las organizaciones de mujeres.
Adoptar medidas
urgentes para prevenir las muertes violentas, homicidios y desapariciones
forzadas de mujeres.
Asegurar que el
feminicidio sea penalizado en todos los códigos penales estatales de
conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (2016), y estandarizar los protocolos de investigación de la policía
de feminicidio.
Discriminación contra
las mujeres.
En este rubro la CEDAW
recalca y pide atención en la falta de mecanismos efectivos y el presupuesto
insuficiente para aplicar y supervisar las leyes relativas a la igualdad de
género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Situación que
propicia la prevalencia de la discriminación, en particular contra las mujeres
indígenas, afro-mexicanas, migrantes, mujeres con discapacidad, y la comunidad
LGBTTTI.
Aunada a la ausencia de
un código penal unificado y de un mecanismo judicial para juzgar los casos de
discriminación contra las mujeres que se ha traducido en bajas tasas de
enjuiciamiento en los casos de discriminación basada en el sexo.
Razones por las que recomienda:
Derogar las
disposiciones de la legislación que discriminan a las mujeres y las niñas y
armonizar las definiciones y sanciones para la discriminación y la violencia
contra las mujeres legales.
Establecer una base
mínima que garantice plenamente los derechos de las mujeres a través de una ley
general en materia penal.
Establecer un mecanismo
de denuncia judicial para ocuparse específicamente de los casos de
discriminación contra las mujeres.
Adoptar una hoja de
ruta que incluya los recursos adecuados, una línea de tiempo y metas
mensurables que requieren las autoridades federales, estatales y locales para
aplicar las leyes pertinentes para prevenir y eliminar todas las formas de
discriminación de hecho contra las mujeres.
Acceso a la justicia.
La CEDAW señala las
barreras institucionales, estructurales y prácticas que obstaculizan el acceso
de las mujeres a la justicia, condiciones que fomentan los estereotipos
discriminatorios y el desconocimiento de los derechos de las mujeres.
Remarcan como un
obstáculo de acceso a la justicia, la falta de responsabilidad de algunos
jueces que no cumplan con el desempeño jurisdiccional sensible al género,
combinado con las barreras lingüísticas y geográficas que enfrentan las mujeres
de bajos ingresos y la limitada información acerca de sus derechos, así como
los recursos legales disponibles para ellas.
Ante este panorama la CEDAW recomienda:
Garantizar la creación
de capacidad sistemática y obligatoria de los jueces, fiscales, defensores
públicos, abogados, agentes de las policías federal, estatal y local, sobre los
derechos de las mujeres.
Adoptar medidas para
garantizar la aplicación del Protocolo Tribunal Supremo de Justicia con una
perspectiva de género en lo que respecta a los sistemas judiciales a nivel
federal y estatal.
Asegurar que la
información sobre los recursos legales está disponible para las mujeres
víctimas de la violencia basada en el género y todas las formas de
discriminación.
Alentar a las mujeres a
denunciar los casos de violencia de género, incluida la violencia doméstica, y
asegurar que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a recursos
oportunos y efectivos.
Igualdad de género.
La CEDAW señala que a
pesar del aumento en el presupuesto de género, los recursos siguen siendo
insuficientes. Esta situación se suma a la falta de coordinación sistemática e
institucional, a nivel federal, estatal y municipal, entre las dependencias que
constituyen el Sistema Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres.
Otro tema a tratar en
este punto es la insuficiente participación de las organizaciones de mujeres en
el diseño y seguimiento de políticas públicas en materia de igualdad de género.
Por tanto, recomienda al Gobierno Federal:
Aumentar los recursos
humanos, técnicos y financieros del Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), y aumentar su capacidad para promover y supervisar la aplicación
de las políticas de igualdad de género.
Adoptar una estrategia
para contar con un presupuesto de género con recursos suficientes para la
aplicación de los derechos de las mujeres y la aplicación de mecanismos de
control.
Fortalecer esfuerzos
para garantizar la coordinación sistemática e institucionalizada entre el
Instituto Nacional de la Mujer, el Estado y las oficinas municipales de la
mujer.
Asegurarse que el
Programa Nacional para la Igualdad (PROIGUALDAD), política de igualdad de
género (2013-2024), incorpore los avances ya realizados a través del programa
anterior llevado a cabo de 2013 a 2018.
Estereotipos.
México es un país en el
que los estereotipos discriminatorios entre hombres y mujeres persisten con
relación a las funciones y responsabilidades de ambos sexos en la familia y en
la sociedad, además de contar con una arraigada cultura del machismo, entornos
que impiden el progreso en la promoción de la igualdad de género.
CEDAW remarca también la normalización de la violencia contra
las mujeres y las imágenes estereotipadas y sexualizadas de éstas, y
recomienda:
Adoptar una estrategia
global dirigida a las mujeres, hombres, niñas y niños a superar la cultura del
machismo y estereotipos discriminatorios sobre los roles y responsabilidades de
las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad.
Desarrollar una
estrategia de educación para los medios de comunicación que incluya
orientaciones y mecanismos de vigilancia para eliminar los estereotipos que
discriminan a las mujeres, y fomentar coberturas sensibles al género, sobre
todo en las campañas electorales.
Defensoras de derechos humanos y periodistas.
El contexto de
violencia en México para las defensoras y periodistas de derechos humanos es
preocupante. Los informes, según la CEDAW indica que los medios sociales, y los
ataques digitales, se utilizan como una herramienta por grupos anónimos de
incitar a la violencia contra las mujeres.
La CEDAW recomienda:
Adoptar medidas
concretas y eficaces para aplicar plenamente y con sensibilidad de género de la
Mecanismo Federal para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y
Periodistas en todos los estados.
Prevenir, investigar,
procesar y castigar a los ataques y otras formas de abusos cometidos contra
este sector y se tomen medidas efectivas para combatir la impunidad.
Estas observaciones,
argumenta la CEDAW, constituyen un marco para avanzar hacia la igualdad
sustantiva y la no discriminación hacia las mujeres y las niñas en México.
Ante el pronunciamiento
de la CEDAW para el Estado mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) informó que observará el cumplimiento de las 57 recomendaciones
emitidas para la eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las
Mujeres.
“Se trata de medidas
urgentes de implementar para eliminar las condiciones de discriminación y
violencia contra las mujeres y niñas mexicanas”, expresan en un comunicado.
Agregan que la resolución de la CEDAW “incluye la obligación del Estado mexicano de presentar en el plazo de
dos años un informe preliminar de avances en materia de acciones para frenar la
violencia basada en género”.
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