En cuanto sea investido con la banda presidencial, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) estará
frente a una abultada herencia. Las administraciones de sus antecesores, tanto
los panistas Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012), como el priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) dejaron 12 millones
333 mil 746 millones de expedientes reservados.
En esas montañas de
oscuras carpetas hay asuntos cruciales para el destino que tomará México por
tratarse -en muchos casos- de tramas de corrupción. Es el pasado del país,
nublado por el recurso de la reserva del que se valieron los Gobiernos
anteriores de manera sistemática. Pero nadie, conforme marca la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, puede romperla antes de 2021,
2024 o 2028.
Desde 2004, cuando fue creado el Índice de Expedientes
Reservados, los asuntos guardados por el
Gobierno son más que en ningún otro momento. La secrecía aumentó conforme
pasaron los Gobiernos. Vicente Fox Quesada (2000-2006) concluyó con 3 millones
839 mil carpetas y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) con ocho millones,
según una búsqueda de esta Unidad de Datos. Peña Nieto aumentó en cinco años de
Gobierno en 55 por ciento esos secretos.
[http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Expedientes_Registrados]
Hay un asunto guardado
que integró alguna vez ese Índice, pero al que ya se le decretó “archivo”. Se
trata de la indagatoria sobre el supuesto enriquecimiento de Vicente Fox
Quesada. Y hay otro que, no obstante que es negado en forma sistemática
mediante amparos legales, no está incluido (se considera en este texto por
tener un comportamiento de secrecía): el sueldo de Carlos Romero Deschamps,
dirigente del sindicato petrolero.
Presionado por las
acusaciones de corrupción en su Gobierno, después de los escándalos de la Casa
Blanca y Obrascón Huarte Lain (OHL), en 2015, el presidente Enrique
Peña Nieto promulgó un nuevo marco jurídico de la Transparencia y el acceso a
la información. En el nuevo orden quedó claro que los documentos cerrados
podrán abrirse cuando se extingan las causas que dieron origen a su
clasificación, expire el plazo de la reserva o exista una resolución de una
autoridad competente.
Son millones de expedientes, pero he aquí algunos ejemplos.
EL ENRIQUECIMIENTO DE VICENTE FOX. (DECRETO DE ARCHIVO)
Bajo reserva de 2007 a
2010, a la indagatoria que contenía un análisis y “cruce de datos” de 32
cuentas bancarias de Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, así como las
declaraciones patrimoniales que por ley presentó de 2000 a 2006, se le dictó
acuerdo de archivo.
De modo que la Secretaría de la Función Pública, donde esa
documentación debiera estar archivada, la declaró “inexistente”. Es decir, ya
no se la puede entregar a ningún ciudadano. Según esa dependencia, en una
respuesta a una solicitud de información, el expediente 142/2007, iniciado al
matrimonio Fox-Sahagún, se “radicó” en la Dirección General Adjunta de
Verificación Patrimonial y se “dictó acuerdo de archivo por falta de
elementos”.
Según la Función Pública –que durante el Gobierno de Enrique
Peña Nieto estuviera acéfala durante dos años y luego fuera ocupada por
Virgilio Andrade- el expediente fue remitido a la Procuraduría General de la
República “para cumplir con los requerimientos del Ministerio Público de la
Federación”.
Vicente Fox Quesada reconoció haber apoyado en 2012 a Enrique
Peña Nieto para evitar que AMLO llegara al poder. En esta imagen de 2013, se
observa al panista y al priista estrechar manos luego de una conferencia en
León Guanajuato. Foto: Presidencia de la República.
LA GUERRA DE CALDERÓN. CANDADO HASTA 2024.
En septiembre de 2012,
Felipe Calderón se reunió con Enrique Peña Nieto en Los Pinos y le entregó un
diagnóstico de la seguridad del país titulado “Panorama Nacional”. La
Presidencia de la República reservó hasta 2024, tanto el documento como lo que
se dijeron esa vez los dos políticos.
Por esos días, la guerra había alcanzado puntos climáticos.
La Procuraduría General de la República (PGR) reconocía 121 mil muertos en los
últimos seis años y en un tribunal de La Haya, un grupo de ciudadanos y
abogados había entregado un expediente para acusar al jefe del Ejecutivo de
crímenes de lesa humanidad. Ese legajo fue creciendo con los días: empezó con
700 fojas y para el cambio de poderes en 2012, tenía más de siete mil.
En el peñanietismo, la guerra siguió campante, como si nada.
Los homicidios y sus formas funestas superaron a los años de Calderón en el
poder presidencial. El Secretariado Ejecutivo reportó 20 mil cinco homicidios
dolosos del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2009. Del 1 de
diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2015, el mismo reporte dio 54 mil 454
asesinatos. Es decir, una diferencia de 34 mil 449. En 2017, la cifra fue de 23
mil 968. Octubre de ese año fue el más violento desde 1997, con dos mil 764
asesinatos.
En sus discursos, el presidente Enrique Peña Nieto jamás
pronunció la palabra “guerra”, pero en la acción, no la suspendió. Peña y
Calderón sumaron más de 234 mil muertos. Y lo que Calderón Hinojosa le dijo a
Peña Nieto aquella tarde de septiembre, sobre la violencia en el país, no puede
conocerse.
ODERBRECHT. CANDADO HASTA 2021.
Petróleos Mexicanos
(Pemex) reservó hasta 2021 todos los datos que conciernan a las negociaciones
para otorgar a Oderbrecht un contrato por mil 811 millones de pesos que le
otorgó por adjudicación directa a la brasileña Oderbrecht para el proyecto de
aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.
El gigante de la construcción brasileño admitió haber pagado
casi 800 millones de dólares en sobornos a lo largo de América Latina para
ganar contratos públicos en una docena de países, entre ellos México. Las
consecuencias de las investigaciones afectaron a todas las naciones donde
operaba la empresa, con presidentes enjuiciados, funcionarios arrestado y
vuelcos políticos desde Perú hasta Panamá.
En esta cauda de
corrupción, hubo dos excepciones: Venezuela y México.
Según testigos ante la Procuraduría General de la República,
en el municipio de Guarulhos, Sao Paulo, en Brasil, el Gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para presentar cargo en
contra de funcionarios vinculados al escándalo. Entre los funcionarios que
presuntamente recibieron sobornos está Emilio Lozoya Austin, quien dirigiría
Pemex de 2012 a 2016, mientras el Gobierno de Enrique Peña Nieto impulsaba la
Reforma Energética.
CISEN Y THE HACKING TEAM. CANDADO HASTA 2027.
El Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) desaparecerá en el próximo Gobierno,
según anunció Alfonso Durazo, el hombre propuesto para ocupar la titularidad de
la Secretaría de Seguridad Pública. Pero ese centro reservó hasta 2027, los
contratos CISEN 128/13 y CISEN /020/15 con la empresa italiana, The Hacking
Team, con los que compró “Galileo RCS”, un software para realizar espionaje por
el que pagó 1 millón 390 mil euros y con el que al final, alcanzó menos del 2
por ciento de efectividad.
Garante del acceso de los ciudadanos a la información, el
INAI no sólo avaló la determinación del CISEN de reservar la información del
espionaje porque se trataba de información que podría vulnerar la seguridad nacional.
En pleno, el instituto instruyó al órgano de inteligencia a modificar la
justificación de la reserva. Le pidió que no se basara en el artículo 14 de la
antigua Ley Federal de Transparencia –como lo había hecho -, sino en el 13 de
la misma ley en aras de dejar claro que la revelación de la información del
spyware Galileo podría conllevar riesgos.
EL ZÓCALO, UN ESTACIONAMIENTO. CANDADO HASTA 2026.
El 2 de septiembre de
2014, cuando el presidente Enrique Peña Nieto dio su mensaje alusivo al Segundo
Informe de Gobierno, la Plaza de la Constitución –el epicentro social del país-
quedó convertida en estacionamiento exclusivo para los invitados del acto
presidencial. Funcionarios, periodistas y empresarios estacionaron camionetas
Suburban, autos blindados y vehículos custodiados por guaruras. Fueron unos 250
vehículos cuyo costo promedio era de un millón de pesos.
Dentro, en El Palacio Nacional, Peña Nieto hablaba de once
reformas estructurales y le cambiaba el nombre al programa para abatir la
pobreza, de Oportunidades a Prospera. ¿Quién dio la orden para que el Zócalo se
convirtiera en ese aparcamiento privado? Los Pinos declaró esa información como
“clasificada durante 12 años”, a pesar de que el mismo día en un comunicado
ofreció disculpas y reconoció que había sido “una decisión equivocada”.
EL SUELDO DE ROMERO DESCHAMPS. (CASI SECRETO DE ESTADO)
Carlos Romero Deschamps
es un mexicano de 74 años que ha logrado guardar con mucha discreción cuánto
gana desde que en 1996 se convirtió en dirigente nacional del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Desde que era
ayudante de Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, su vida mejoró en forma
notoria. Hoy puede ampararse en cuanto los ciudadanos le hacen cualquier
pregunta sobre su tren de vida a través del Instituto Nacional de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), mediante el aparato jurídico
del sindicato petrolero, según consta en juzgados y en el órgano de
Transparencia.
Así, como si se tratara de un secreto de Estado, los
ciudadanos mexicanos no saben con certeza cuánto gana Carlos Romero Deschamps
al dirigir al instituto gremial más poderoso de América Latina por número de
afiliados y conquistas reflejadas en los Contratos Colectivos de Trabajo.
Mientras, el también Senador de la República por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) pasa sus días con tranquilidad y sin grandes
perturbaciones. Es posible verlo en el restaurante The Palm, en Polanco, donde
una comida individual con entradas, plato fuerte y bebidas puede costar hasta
tres mil pesos; o la cantina Cuchilleros, a una calle del edificio del Senado,
donde ordena whisky con agua mineral.
Aunque esconda su
salario, hay algo que sí puede saberse: lo que recibe en conceptos de “ayuda”.
Hasta 2015, el sindicato recibió por ese concepto siete millones de pesos cada
mes. La cifra se incrementó con la firma de un nuevo Contrato Colectivo de
Trabajo que entró en vigor el 1 de agosto pasado y ahora es de siete millones
865 mil 200 pesos.
AVERIGUACIONES SOBRE COLOSIO. CANDADO HASTA 2035.
El asesinato de Luis
Donaldo Colosio Murrieta, quien en 1994 fue candidato por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) es una página que aparenta haberse quedado
atrás. O más bien que fue arrancada de tajo para olvidarla. La investigación
oficial fue reservada hasta 2035 por la Procuraduría General de la República,
por lo que pasarán Gobiernos y Gobiernos antes de que se conozca por qué las
autoridades concluyeron que no hubo autores intelectuales vinculadas a la
política o el narcotráfico.
Aunque la investigación oficial haya concluido y se mantenga
bajo resguardo en la bóveda del Archivo General de la Nación, la sospecha
–jamás la claridad o la satisfacción– ha sido la marca de esta oscura trama.
Tres fiscales y un subprocurador, además de una inversión de millones de pesos,
arrojaron una irrefutable verdad jurídica: no hubo conspiración y esta muerte
se debió al impulso de un solo hombre, Mario Aburto Martínez. Si se desempolvan
los cuatro tomos del Informe de la Investigación del homicidio del licenciado
Colosio Murrieta, elaborado por la Subprocuraduría Especial, hay rostros que
emergen con la misma inercia de aquellos días. Si se pregunta qué dice la
simple mención de los apellidos Colosio Murrieta, es difícil desvincular ciertos
nombres de un trauma social que cumple dos décadas.
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