Adela Navarro Bello.
La corrupción en
Petróleos Mexicanos ha sido sistemática.
Desde pagos de cirugías
estéticas con los dineros de la paraestatal, becas para los parientes de
directivos, sospechosas y altísimas rentas de barcos, buques, plataformas;
nepotismo en la asignación de contratos, moches sobre las transacciones con
recursos públicos, hasta los muy recientes y graves casos de corrupción
denunciados por particulares, periodistas e investigadores, pero no
investigados por la autoridad.
En el sexenio del
panista Vicente Fox Quesada, los hermanos Bribiesca, hijos de Martha Sahagún,
fueron harto señalados de lucraron desde su privilegiada posición para que
fueran adjudicados contratos a la empresa Oceanografía, lo cual lograron no sin
la ayuda de los directivos de Petróleos Mexicanos. Además, los contratos otorgados a la empresa familiar de quien fue Secretario
de Gobernación con Felipe calderón Hinojosa, Juan Camilo Muriño. Años después la onerosa beca otorgada al
hijo del hoy gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y por supuesto
el notorio caso de los sobornos de Odebrech ya en el sexenio de Enrique Peña
Nieto, casos todos (y los desconocidos) que suman por lo menos 18 años de
corrupción en Petróleos Mexicanos.
En ninguno ha habido
sanciones, ni investigaciones ministeriales que procesen y lleven a sentencias
judiciales a los sospechosos. En Pemex la impunidad ha imperado por todo lo
alto.
Aun cuando el virtual presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, declaró durante la campaña que no investigaría personalmente los
actos de corrupción de Enrique Peña Nieto y su séquito de colaboradores, es pertinente que las instituciones
encargadas de ello durante la próxima administración, sí lo hagan. Evadir esa
responsabilidad, no castigar la corrupción, sería un mal mensaje para los
empresarios que han sido sobornados, los inversionistas a los que les han
pedido moches, y las compañías que restan a la utilidad la comisión que han de
darle al alto funcionario del gobierno federal para poder seguir operando.
Al caso de Odebrech en
el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, en cual directivos de la compañía
brasileña aceptaron y declararon oficialmente en tribunales de Brasil, haber
pagado sobornos a Emilio Lozoya Austin para obtener contratos, y a quien
conocieron incluso durante la campaña de Peña a la Presidencia y antes que
Lozoya se convirtiera en director de Petróleos Mexicanos, hoy se suma otro. El
caso Oro Negro.
Accionistas de la
naviera Oro Negro radicados en Europa y los Estados Unidos, han denunciado
públicamente que directivos de Pemex afectaron sus operaciones y relaciones de
negocios con el gobierno federal, cuando se negaron a participar en actos de
corrupción.
De hecho, aseguran que
poseen “grabaciones (que) revelan que altos funcionarios de Pemex y del
gobierno mexicano a menudo recibían sobornos de otros contratistas de Pemex”.
La compañía Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro,
S.A.P.I. de C.V., posee y renta cinco plataformas de perforación
extraterritoriales a Petróleos Mexicanos. Para
darse una idea, reportes emitidos por transparencia y publicados en la
Internet, indican que en dos años, de diciembre de 2012 a diciembre de 2014,
justo al inicio del sexenio de Peña Nieto, PEMEX Exploración y Producción,
realizó 49 adjudicaciones directas a 27 empresas (entre las que se encuentra
Oro Negro) para rentar plataformas por un monto de 104 mil 84 millones 545 mil
pesos, de acuerdo al portal de Contralínea y a datos del portal de
transparencia de la paraestatal.
El negocio de las
plataformas es pues, multimillonario. De ahí la proclividad a la corrupción con
métodos que van desde solicitar porcentajes de la adjudicación, del precio del
arrendamiento mensual, hasta de una parte de las utilidades de la empresa
depositadas a terceros.
El 19 de julio en el periódico The New York Times, de los
Estados Unidos, fue publicado un
desplegado por parte de los accionistas estadounidenses y europeos de Oro Negro
–retomado el martes en México por la periodista Carmen Aristegui- donde acusan
haber sido denunciados, denostados, afectados en sus transacciones comerciales
y puesto en aprietos económicos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto,
por Pemex, lo cual sucedió cuando se negaron a participar en actos de
corrupción, al negarse a pagar sobornos para que contratos les fueran
adjudicados.
Aseguran sobre la
investigación contra la compañía que representan: “… es una investigación
infundada en represalia por las demandas que los accionistas estadounidenses de
Oro Negro presentaron contra México el mes pasado, en donde alegan que México
intentó sacar a Oro Negro del negocio porque la empresa se negó a participar en
el patrón endémico de corrupción de México y Pemex, al negarse a pagar sobornos
por los contratos de Pemex”.
El caso no es difícil
de visualizar dados los antecedentes en los sexenios de Fox, Calderón y el
propio Peña, por mencionar a los menos –insisto-. Sobornos, Pemex, contratos,
corrupción, son palabras que suelen ir ligadas además de escucharse reales, aun cuando no en México, pero sí en
otros países, se realizan investigaciones ministeriales al respecto.
Los accionistas de Oro Negro también denuncian públicamente una situación que tampoco le parecerá
extraña. Dicen, cuando se refieren a la presión del Estado y la corrupción en
el actual gobierno: “México, a menudo, no muestra ningún respeto por el Estado
de Derecho y con frecuencia utiliza todos sus órganos, incluidas las agencias
encargadas de hacer cumplir la ley, a su discreción y para destruir a aquellos
que se niegan a participar en la corrupción”. Lamentable pero cierto, y hay
casos de sobra.
Explican para quien los
lea más allá de sus fronteras, que en Petróleos
Mexicanos los afectaron a partir de 2015 (en 2014 sí obtuvieron contratos de
acuerdo a los datos de transparencia), cuando les redujeron las tarifas en tres
contratos y les cancelaron dos, hasta llegar en 2017 a la cancelación de todos
los contratos, justifican que esto sucedió debido a que “Pemex buscó destruir a
Oro Negro porque la empresa se rehusó a participar en su corrupción”.
Lo mejor de todo si
resulta verdad, es que los accionistas redactan en el desplegado del 19 de
julio, que los inversionistas de los Estados Unidos poseen grabaciones (no
especifican si de audio, video, o ambas) “de altos y antiguos funcionarios de
Pemex que admiten que Petróleos Mexicanos destruyó a Oro Negro porque Oro Negro
se niega a pagar sobornos”. También que en las grabaciones se revela que
funcionarios de Pemex y del Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto,
recibían sobornos por parte otros contratistas de la paraestatal.
De igual manera que
está documentado cómo en las mismas condiciones de infraestructura y propuesta,
otras compañías fueron beneficiadas por Pemex al tiempo que Oro Negro estaba
siendo afectada.
Las denuncias
presentadas por la compañía buscan resarcir el daño que el hostigamiento por
parte de funcionarios de Pemex al no aceptar pagarles sobornos ha causado a la
compañía, lo cual, sumando cuentas tasan en unos mil millones de dólares.
Desde Petróleos
Mexicanos han lanzado una respuesta al desplegado, pero no lo hicieron el 19 de
julio cuando se publicó en el diario neoyorkino, sino el 23 de julio cuando
dicho documento fue leído por la periodista Aristegui, hasta entonces
reaccionaron sobre una acusación que ya tenía cinco días denunciada
públicamente. Retaron los gobiernistas a los accionistas a presentar las
grabaciones incriminatorias que dicen tener, para “evaluar su autenticidad y
relevancia”.
Además, que “a
diferencia de todos los demás proveedores, Oro Negro tomó la decisión
unilateral de rechazar los términos de Pemex y decidió iniciar el proceso para
declararse en bancarrota”.
Ante la poca
credibilidad que tienen los actuales funcionarios de Pemex, la corrupción que
de manera sistemática se ha originado en esa paraestatal en los últimos 18
años, los sobornos y los actos de corrupción denunciados ahora no están fuera
de la lógica del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el cual se ha
caracterizado por eso, además de por utilizar a las instituciones para
presionar, y proveer impunidad a los funcionarios señalados en actos
deshonestos.
Por eso es necesario,
preponderante y urgente, que al tomar posesión en la próxima administración
federal, se investigue la corrupción de todo el sexenio peñanietista,
particularmente los sobornos en Pemex. Lo cual podría dar certeza para que
otros sobornados que no se animan a hacer lo que los accionistas de Oro Negro
se decidan a dejar de pagar sobornos, a denunciar la corrupción, y a evidenciar
la podredumbre en el actual sexenio.
Dejar de lado estos
casos de corrupción, no investigarlos, significará la continuidad de un sistema
que está fundado en la corrupción.
Y eso no es lo que
prometió el próximo presidente.
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