La inmoralidad del Excel.

Jorge Zepeda Patterson.

Sí, pero no. Es cierto que muchos de los servidores públicos son trabajadores diligentes que laboran largas horas, son eficaces y no lucran con el erario. Quizá son la mayoría. Personal de confianza que desempeña con responsabilidad y con orgullo las muchas tareas que realiza el sector público. Una comunidad profesional que conduce el día a día de las actividades que desempeña el Estado y, mal que bien, logra mantener el tinglado funcionando pese a todo. En conjunto esta burocracia técnica alta y media alta concentra un acervo importante de conocimientos, un corpus desarrollado a lo largo de los años tras largas curvas de aprendizaje, un destilado invaluable resultado del ensayo y el error. Áreas jurídicas, internacionales, financieras, ingenieriles y un largo etcétera.

Y también es cierto que una porción de este cuerpo de conocimiento podría perderse irremediablemente si el gobierno de la alternancia elimina a estos segmentos como parte de la nueva política de austeridad. Son justamente estos niveles (medios y medios altos, llamados “de confianza”) los que tanto por sus salarios elevados como por su precariedad jurídica resultan susceptibles de eliminar y permiten hacer un ahorro significativo sin consecuencias obrero-patronales.

El problema es que esos cuadros son justamente los más calificados. Durante años el personal sindicalizado fue carne de cañón para el ejercicio clientelar, el pago de favores, la mantención de cuotas, las prebendas entre políticos. Desde luego es imposible generalizar y existen muchos trabajadores sindicalizados responsables y eficientes. Pero resulta imposible negar el hecho de que el tráfico de plazas fue la moneda de cambio de los líderes charros, los sempiternos Gamboa Pascoe, a cambio de su lealtad al PRI. El resultado fue el engrosamiento de la burocracia sin seguir criterios de eficacia o mérito. Una escalera jerárquica en la que se asciende no por la capacidad técnica y mucho menos ética, sino por la lealtad política incondicional.

Fue por esta razón que el gobierno debió echar mano de cuadros convocados por su capacidad para sacar adelante los compromisos. Es decir, el personal de confianza.

Los políticos pueden ser corruptos, pero eso no quiere decir que sean imbéciles; siempre han entendido que alguien tiene que hacer que siga funcionando la maquinaria del Estado y para eso necesitan abogados, economistas, fiscalistas, ingenieros y administradores capaces de “sacar la chamba”. Cuadros razonablemente preparados y con sueldos competitivos con el mercado, que el líder sindical o los compromisos políticos no les permitirían contratar por la vía tradicional.

 Hoy muchos temen que con el despido masivo de esta categoría, el desempeño del gobierno resulte seriamente afectado. Desde luego es un riesgo. Pero también habría que decir que este segmento profesional es parcialmente responsable de que el votante se haya decepcionado de los gobiernos del PRI y el PAN y exija un cambio sustantivo. Los Videgaray, los Nuño y los Meade son los jefes de estos cuadros técnicos, los empleados de confianza que se hicieron indispensables a los gobernantes y terminaron convertidos en sus alfiles y consejeros.

Detrás de los endeudamientos infames de las finanzas estatales y el enriquecimiento absurdo de los gobernadores o las licitaciones tan complejas como abusivas, hay una ingeniería jurídica y financiera que no inventó la clase política sino los cuadros técnicos de confianza. Son ellos los que construyeron con su Excel los espejismos legitimadores del soberano; los que impusieron a sus personeros en el INEGI sin importarles el contrapeso de poderes o la autonomía democrática.

En ese sentido son víctimas, pero también victimarios.

Voces como la de Claudio X González claman contra el peligro que acecha al país en caso de prescindir de estos calificados cuadros. Pero no podemos soslayar que esos “calificados cuadros” son en buena parte responsables de la debacle que hoy padecemos. Por comodidad, por conveniencia, por soberbia, por ingenuidad, por negligencia o por una combinación de todas las anteriores, el hecho es que se convirtieron en cómplices pasivos (si no es que en el instrumento) para que la élite política perpetrara las infamias de los últimos años.

Puedo entender los riesgos que implica perder una parte de este colectivo calificado, pero también entiendo que una estrategia radical de cambio en el servicio público pase por un replanteamiento del papel que estos cuadros han jugado en estos años. No, no han sido neutros. Y por lo mismo, tampoco son víctimas inocentes de la depuración que habrá de venir.

Dicho lo anterior, solo espero que tales recortes no hagan tabula rasa y sepan distinguir entre justos pecadores y puedan encontrar el justo balance entre la austeridad y la eficiencia.