Georgina
Morett.
De todas las secretarías a
descentralizar, la de Desarrollo Social es, quizá, la más relevante por su
volumen de personal y por su abultado presupuesto. Su futura titular es María
Luisa Albores González.
De acuerdo
con los planes anunciados por el próximo presidente de la República, Albores González, una chiapaneca que hizo
su carrera política en Puebla, tiene la responsabilidad de descentralizar la
Sedesol, no al hermoso pueblo serrano de Cuetzalan, como seguramente le
gustaría a ella, sino a Oaxaca capital, una de las entidades más pobres del
país.
A esa ciudad de poco más de 264 mil
habitantes, en donde existe sólo un hospital regional del ISSSTE, se
trasladarán al menos 3 mil 597 familias que trabajan en el sector central de la
dependencia.
No sabemos si la maestría en
pedagogía de María Luis Albores sea su mejor carta de presentación, pero sus
críticos tendrán que reconocer que no le falta experiencia, pues ya fue
secretaria de la Reforma Agraria en aquel célebre gabinete del “gobierno
legítimo” de López Obrador.
¿Cuánto
dinero manejará María Luisa? Poca cosa, por mencionar unos cuantos programas,
en números redondos: 45 mil millones de pesos para Prospera, otros 40 mil
millones para la pensión de adultos mayores, y unos cuatro mil millones para el
programa de estancias infantiles y madres solteras.
Pero no son
los únicos: para comedores comunitarios, tres mil millones; para abasto rural,
dos mil millones; para el fomento a la economía social, dos mil millones, y
para el abasto de leche, unos mil 200 millones.
Esas cifras corresponden a 2018, pero
pueden aumentar considerablemente si en verdad el nuevo gobierno está dispuesto
a cumplir con sus promesas de campaña. Será una gran tarea para Albores
González, mucho más grande que el reordenamiento territorial de Cuetzalan, al
cual, según su propia biografía, se dedica desde 2009.
Porque además será la encargada de la
pensión universal para los adultos mayores, que será del doble de las que se
entrega actualmente y de la que se dará a los ninis.
Los
traidores.
Circula por redes sociales una
información en la que califican a 12 militantes distinguidos del PAN como
“traidores”. Esta lista la encabeza el excandidato presidencial Ricardo Anaya,
a quién se le acusa de controlar el padrón y dividir al partido, de impulsar
una alianza perdedora, poner plurinominales impresentables y haber hecho 121
viajes a Atlanta con un costo de 13 millones de pesos.
El segundo en la lista es Damián
Zepeda, de quién dicen se aferra a la dirigencia hasta llegar al Senado en
lugar de salir con dignidad, además de que tiene una denuncia ante la Fiscalía
de Sonora por un desvío de 700 millones de pesos.
En esta
lista también están Carlos Castaños, a
quien se le acusa de abuso de autoridad por la expulsión de Ernesto Cordero;
Jorge Villalobos, Alejandro Higuera, Carlos Felton, Edgardo Burgos, Adolfo
Rojo, Alfonso López Brito, Zenén Xóchihua, Miguel Camacho y Adolfo Beltrán.
Este tipo de documentos muestran el
hartazgo en el partido, que será la principal oposición en el Legislativo.
Y en este
momento uno de los aspirantes a la dirigencia panista, el senador Ernesto
Ruffo, propuso que, para garantizar la “absoluta transparencia”, haya
elecciones primarias como precampaña y que con eso se sustituya el período de
recolección del 10 por ciento de firmas.
Para estas,
propone el diseño de una aplicación (app) para que se identifiquen con huella
digital y den su apoyo a los aspirantes y así se respete la secrecía y
confidencialidad.
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