Olga Sánchez Cordero, propuesta para dirigir la Secretaría de
Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene claro que lograr la justicia y seguridad en el país depende de
diferentes aspectos. Desde la creación de comisiones de la verdad sobre casos
específicos y regionales en siete entidades del país, hasta que los salarios de
los jueces y magistrados se mantengan como hasta ahora.
En entrevista con Animal Político, advierte que no sería recomendable hacer una reforma constitucional
para disminuir los ingresos del Poder Judicial como sí aplicaría a la
administración Pública Federal porque “un juzgador es un actor fundamental en
la paz social del país”.
Olga Sánchez Cordero será la primera mujer en ocupar la
Secretaría de Gobernación. Aunque no será la primera vez en que asuma un cargo
habitualmente reservado para hombres. Fue la primera mujer notaria en el
Distrito Federal y la primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia
local. También la única mujer en la Corte cuando ingresó en 1995.
Un ministro, por
ejemplo, gana 260 mil pesos mensuales, más prestaciones como aguinaldo, prima
vacacional y seguro por riesgo suma más de 4 millones de pesos al año, según el
presupuesto de egresos.
Mientras que los
defensores públicos ganan 80 mil pesos mensuales. “¿Es mucho? ¿para quién? Para
llevar juicios bien, donde no haya corrupción donde no les estén pidiendo a sus
defendidos para las copias, para la torta, no les piden porque ellos cuidan sus
puestos. Se capacitan, quién dice que es mucho o poco. Lo dice el mercado de
profesiones”,
explica la futura encargada de la política interior en el país.
Por eso es que para
hacer funcionar este aparato se necesita, además de las garantías en los
salarios, un porcentaje de Presupuesto de Egresos fijo en los estados para el
Poder Judicial e inamovilidad en sus cargos para no estar sujetos “al
contentillo” del gobernador o el Legislativo, dice Sánchez Cordero, quien conoce bien el sistema
luego de 15 años como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por eso es que el ganador de la elección presidencial, Andrés
Manuel López Obrador, sólo sugiere a los
magistrados bajar sus salarios, pero no está puesta sobre la mesa la propuesta
de reformar la Constitución ni para el Poder Judicial ni para órganos autónomos
como el Banco de México. Estas posiciones, insiste, requieren a personal
altamente calificado que requieren esos salarios o de lo contrario, migrarían a
la iniciativa privada donde ganarían mucho más.
La primera mujer en Segob con la tarea de pacificar al país.
Olga Sánchez Cordero tendrá en su primer círculo a Zoé
Robledo, como subsecretario de Gobierno, Tatiana Clouthier, al frente de la
subsecretaría de Democracia Participativa y Alejandro Encinas será
subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Aunque la exministra también obtuvo una senaduría por la vía
plurinominal, pero sólo rendirá protesta y su suplente, la actriz Jesusa
Rodríguez ocupará la curul en septiembre. La abogada continuará en la
transición y luego se integrará al gabinete de López Obrador a partir del 1 de
diciembre.
Como primera
encomienda, su equipo deberá establecer la estrategia para lograr “la paz y
seguridad de cada familia”, un concepto que sustituye al de “pacificación del
país”, porque éste último, dice, “parece tan abstracto, tan etéreo, tan poco
aterrizado”. Reconoce que el efecto no se verá pronto, pero la meta es lograr
que “las familias puedan salir a la calle, con sus hijos, que sepan que van a
regresar del trabajo, de su escuela”.
Y es que la “guerra
contra el narco” lanzada en el sexenio de Felipe Calderón y la permanencia de
las fuerzas armadas haciendo labores policiales también en la administración de
Enrique Peña Nieto ha dejado como saldo miles de víctimas en el país y una
violencia a la alza.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas hay 32 mil desaparecidos en México, mientras que 2018 es ya el año más violento
del que se tenga registro con 15 mil 973 personas asesinadas en los primeros
seis meses.
Parte de la estrategia
para que esas víctimas obtengan justicia será la creación de comisiones de la
verdad regionales en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua,
Veracruz, Estado de México, donde se registran mayores índices de violencia relacionado
con el crimen organizado y violaciones a derechos humanos.
Aunque aún no se define
qué subsecretaría estará a cargo de la coordinación general de las comisiones,
éstas tendrán “un objetivo claro con metodología para avanzar en la
pacificación” y se prevé que inicien en 2019.
Las otras comisiones de
la verdad serán por hechos concretos: la desaparición de los estudiantes de
Ayotzinapa; la presunta ejecución extrajudicial en Tlatlaya; los asesinatos en
Nochixtlán, Oaxaca, tras una protesta magisterial y el asesinato de migrantes
cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa de San Fernando, Tamaulipas.
El Estado está en falta
porque en todos estos casos no hubo una investigación concluyente ni sentencia
hacia los responsables, sobre todo, dice Sánchez Cordero, por falta de voluntad
política en la administración de Enrique Peña Nieto. “Esta vez habrá voluntad
política para resolverlos”, promete.
Las comisiones
regionales y por caso, estarán integradas por la sociedad civil de cada
entidad, porque conocen bien la problemática y “se ha organizado ante la
ausencia de gobierno”; también expertos, nacionales e internacionales y
académicos.
Aunque no ha planteado el presupuesto que necesitará, afirma que la voluntad política deberá
verse reflejado en los recursos de los que puede disponer. Además, espera la
cooperación también de los gobernadores y fiscalías estatales porque este
problema sólo se va a resolver con hechos concretos: “Número uno, reconocer,
número dos, tener la información suficiente como para poder avanzar, y número
tres, tener las metas clarísimas y la metodología para avanzar. No puedes
hacerlo de otra manera”.
En busca de la paz social: despenalización de la mariguana.
Para lograr la paz y seguridad también se debe tocar otro
tema: la despenalización de la mariguana. Primero,
escucharán las propuestas a través de los foros de consulta en la que
intervendrán sociedad civil, expertos, organizaciones de derechos humanos
nacionales e internacionales.
Sánchez Cordero advierte
que “el Estado debe estar presente en todo”, es decir, en la regulación del
consumo, trasiego y producción de mariguana y amapola.
“En Estados Unidos, por
ejemplo, tú te registras para ser consumidor hasta de gomitas de marihuana; el
Estado cobra impuestos importantes, California va a sacar más de 1,000 millones
de dólares de impuestos este año, nada más por la cuestión de la marihuana,
¡mil millones de dólares! Entonces habrá que regularla con una presencia fuerte
del Estado. No vamos a legalizarla, no, no, vamos a regularla”.
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