Si sólo gano 100 mil al mes, me corrompo.

Martín Moreno.

“Bajar sueldo a funcionarios propiciaría corrupción…”, fue la frase de la futura senadora por la coalición “Por México al Frente”, Xóchitl Gálvez, al referirse a la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien planteará al poder legislativo una reforma para que ningún funcionario del gobierno federal o ministro de justicia o electoral, gane más que el Presidente, cuyo tope quedaría en 108 mil pesos mensuales (Peña Nieto tiene un sueldo de 270 mil al mes sin contar, por supuesto, los beneficios que durante su sexenio le aportaron sus contratistas de cabecera, como Grupo Higa).

Como Xóchitl – de quien aún tengo una buena opinión-, piensan igual decenas de miles de funcionarios acostumbrados a enriquecerse al amparo del poder político. En el corazón de cada uno de ellos hay un Carlos Hank agazapado, bajo el lema de “un político pobre, es un pobre político”; o con el viejo refrán priista de “tú ponme en dónde haya, que yo me encargo de lo demás”. ¿O qué tal aquella máxima del sistema de que “el que no tranza, no avanza”?

Así piensan, seguramente, los magistrados de la SCJN, que ganan, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, la fortuna de … ¡651 mil pesos como salario base mensual!

¿O qué tal los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 530 mil pavos al mes? ¿O los integrantes del Consejo de la Judicatura, que ingresan 520 mil pesos? Sin contar, claro, las millonarias prestaciones, bonos y aguinaldos qué para cada uno, se suman de a millones de pesos.

Los consejeros del INE: 236 mil mensuales.

O veamos a los secretarios de Estado: 199 mil.

Y los subsecretarios: 198 mil.

Senadores: 171 mil.

Diputados: 158 mil.

Hagamos ahora un ejercicio un tanto morboso:

El salario del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, era bueno, aunque no al nivel de un magistrado federal: 75 mil pesos mensuales, más prestaciones. ¿Por ello debemos justificar, como plantea Xóchitl, que se haya robado miles de millones de pesos del erario veracruzano?

Y aunque los sueldos del otro Duarte, el chihuahuense César, o el de QR, Roberto Borge, tampoco eran del otro mundo (no rebasaban los 100 mil pesos cada dos quincenas), ¿también debemos entender y hasta justificar que por su nivel salarial hayan resultado un par de pillos, robándose hasta los focos? ¡Por supuesto que no!

Xóchitl Gálvez y miles más que serán afectados por la austeridad que viene, y que se equivocan de punta a punta.

Ganar menos que el presidente de la República (alrededor de unos 100 mil pesos mensuales en promedio durante el próximo sexenio) no justifica, ni mucho menos, que se vuelvan corruptos o más corruptos.

¿O acaso habría que suponer, bajo la lógica de Xóchitl, que si los Duarte, Borge y algunos más, hubieran tenido el mismo nivel salarial que los magistrados, no hubieran sido tan corruptos? ¡CLARO QUE NO! Así hubieran percibido un sueldo de 1 millón de pesos mensual, habrían caído en abusos de corrupción. Está en su formación política y en su ADN priista. Político pobre, pobre político.

No, señores: para quien es corrupto, su salario no le importará. Siempre estará buscando la forma de robar. Tú ponme en dónde haya, que yo me encargo de lo demás.

Y para quien es honesto, su salario será decoroso y no por eso se dedicará a robar.

Abusar de salarios estratosféricos que oscilan entre 200 mil y 650 mil pesos al mes, es, para un país cuya mitad de la población vive en la pobreza, un agravio.

Un agravio nacional.

Más de 35 mil funcionarios ganan, en México, más que el tope impuesto como salario para López Obrador. (El Universal. Rubén Migueles y Miguel Moscosa. 18/Julio/2018.

No pueden seguir así.

De los 51.7 millones de adultos que trabaja en México, solamente el 1.7% (alrededor de 580 mil) logra un salario mayor a los 20 mil pesos mensuales. (El Financiero. Jassiel Valdelamar. 15/Junio/2016).

No pueden seguir así.

Quienes trabajan en el gobierno son funcionarios públicos, siempre han sido estupendamente pagados, incluidos dispendios y prebendas que ya deben ser liquidadas porque son financiadas no de su bolsillo, sino de nuestros impuestos. Excesos agraviantes que deben – y seguramente así será- ser eliminados.

Los legisladores son representantes populares con un sinfín de privilegios.

Los magistrados, jueces y consejeros encarnan a la ley, y se deben conducir con honradez, ética y probidad.

Por eso andan ahora como basiliscos, desesperados por lo que se les viene: el final de sus gastos especiales, de sus bonos, de sus cajas de ahorro, de sus seguros de gastos médicos privados, de sus ejércitos de asesores (solo podrán tener 5 por cabeza), de sus autos nuevos cada año, de sus celulares, de sus incentivos vergonzantes.

Vamos: ¡hasta la casa chica andan perdiendo!

Soy partidario de la libre empresa, de la creación de la riqueza por la vía de negocios sólidos y que actúen al amparo de la ley, de incentivos a pequeños y medianos empresarios que generan ingresos y empleos, de apoyos fiscales para los grandes empresarios que invierten fuerte en el país, de estímulos para quienes se arriesguen a abrir un nuevo negocio, de respaldo a patrones y empleados. En todo ello estoy a favor. Mis padres fueron comerciantes, me enseñaron a trabajar desde chavo y sé lo que es ganarse la vida desde temprana edad en un barrio tan duro como Tepito.

Por eso, quienes aspiren a ser ricos o millonarios, que emprendan un negocio limpio, como cualquier otro ciudadano, y que dejen de lucrar y pervertir los cargos públicos. A la justicia. Al legislativo.

Si quienes pretenden riqueza deshonesta o disimulada lucrando con cargos públicos o de elección popular – ministros, jueces, consejeros electorales, senadores, diputados, gobernadores, etc-, que mejor vayan buscando negocios alternos, pero sin caer en conflictos de interés. Bajo una conducta ética, no debe haberlos.

Nadie está reñido con el dinero ni con el buen vivir. Nadie.

Pero de manera honesta, ética, sin corrupción.

Por eso, es más que necesaria y hasta obligada la austeridad dentro de nuestras podridas estructuras de gobierno, de aparatos de justicia y de legislación.

Y al que robe, cárcel.

No hay más.