Acción Ciudadana Frente
a la Pobreza, conformada por más de 60 organizaciones de la sociedad civil,
exigió al Gobierno de Enrique Peña Nieto que en los 95 días que le restan,
asuma su responsabilidad histórica con 62 millones de mexicanos que viven sin
ingreso suficiente para adquirir una canasta básica que les asegure
alimentación, salud, educación y vivienda adecuadas, depurando los padrones de
los programas sociales para que se deje de lucrar con la pobreza.
“Ya basta de acciones
clientelares, aisladas, duplicadas y sin objetivos claros. “La pobreza debe
dejar de ser el objeto del deseo de la política”, dijo Rogelio Gómez Hermosillo
al presentar propuestas de eliminar la compra de votos a los destinatarios de los
programas sociales y los principios de un plan integral de superación de la
pobreza y la desigualdad.
La pobreza es la
manzana podrida del sistema mexicano, señaló Acción Ciudadana Frente a la
Pobreza, “divide cruelmente a la sociedad con más de un cincuenta por ciento de
mexicanos pobres y sin derechos”.
El Gobierno en los días
que restan podría, al menos, depurar los padrones de beneficiarios y dejar de
desviar los recursos que deben llegar a quienes más lo necesitan, señaló Gómez
Hermosillo.
Este lunes, Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza presentó los resultados del ejercicio ciudadano
Democracia Sin Pobreza, el cual evidenció que la compra y coacción del voto es
una práctica con presencia nacional que ejercen los partidos políticos
mexicanos, que es inútil porque no resuelve la pobreza, que es ilegal porque
altera la voluntad soberana del pueblo, porque es inmoral porque lucra con la
dignidad de los más pobres, y, además, queda impune como consecuencia de la
debilidad institucional en que opera.
Desde la esfera del
poder, denunció, se ejecutan un conjunto de acciones y se
toman decisiones que facilitan la compra de votos y su impunidad, sostiene la
organización que documentó que el proceso de debilitamiento institucional se
inicia desde el diseño discrecional del presupuesto de egresos, pasa por la
falta de transparencia y rendición de cuentas de los programas sociales y por
la presencia de instituciones de fiscalización sin dientes como la Fepade, lo
que propicia que los procesos electorales concluyan sin castigo para nadie.
“En particular fue
grave la actuación del Tribunal que revocó la resolución del INE que buscaba
impedir el uso clientelista de programas sociales”, destacaron las organizaciones.
Los resultados de Democracia Sin Pobreza indicaron que la oferta de compra y coacción del voto podría haber
llegado al 33.5 por ciento del electorado nacional, es decir aproximadamente a
29. 9 millones de personas.
Gracias que un 17.3 por
ciento de ellos, es decir 15. 5 millones de ciudadanos, rechazaron la oferta de
dinero a cambio de su voto, la compra de votos no alcanzó dimensiones que
afectaran los resultados en las urnas.
El ejercicio ciudadano Democracia Sin Pobreza promovió la participación ciudadana en el
proceso electoral 2018 para denunciar las acciones de compra y coacción del
voto en el país.
En abril se abrió el sitio web www.democraciasinpobreza.mx en el cual se puso a disposición de la
ciudadanía un formulario de denuncias, con la participación de los ciudadanos
se armó un mapa de calor que muestra las localidades del país donde ocurrió la
compra de votos, en otro mapa de la República Mexicana se mostró los precios a
que fue comprado el voto en cada localidad donde ocurrió, se incluyó un
compendió de las leyes que castigan la compra de votos y un análisis de la
debilidad institucional que propicia esa práctica.
Previo a las elecciones del primero de julio, la empresa de
demoscopia Data Opinión Publica y Mercados, con el patrocinio de Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza, levantó
una encuesta con una muestra de mil 253 ciudadanos y un porcentaje de confianza
estadístico de 95 por ciento que reveló la dimensión de la compra y coacción
del voto en México.
Frente a la Pobreza también se congratuló con las intenciones
anunciadas por el futuro gobierno federal de darle prioridad a la superación de
la pobreza y sugirió hacerlo con un plan integral que articule la política
social y la política económica para garantizar crecimiento y distribución
equitativa de los beneficios, así como adoptar el enfoque de derechos previsto
en el artículo 1 de la Constitución.
Reconoció también la
propuesta del presidente electo de reforzar las sanciones contra el fraude
electoral, y pidió reforzar sanciones, en lo electoral y administrativo a
quienes condicionan programas sociales y realizan operativos de compra y la
coacción de votos.
LA PROPUESTA PARA REDUCIR LA POBREZA.
Para Acción Ciudadana
Frente a la Pobreza, el plan frente a la pobreza debe estar basado en dos
grandes principios:
–Nuevo modelo económico
articulado a la política social.
–Enfoque de derechos
conforme al art. 1º de la Constitución.
De acuerdo con las organizaciones, el nuevo modelo económico
articulado a la política social debe considerar al menos:
1. Erradicar la
pobreza laboral con salario suficiente. Incrementar el salario mínimo hasta que
cubra las necesidades de las personas que trabajan y sus familias. Y recuperar
gradual y realmente el valor de los salarios. Hoy el 40 por ciento de quienes
trabajan no cubren el costo de la canasta alimentaria. Quien trabaja no debe
ser pobre.
2. Fomentar la
productividad del sector social. Crear un fondo de fomento a las cooperativas y
las empresas de propiedad social, eliminando los subsidios regresivos del
campo, que dan más a quienes más tienen. Para fortalecer la capacidad
productiva de las comunidades indígenas y los pequeños productores del campo.
3. Crear opciones de
“2ª oportunidad” para jóvenes. Espacios de formación para jóvenes en rezago
educativo con vinculación a trabajos bien remunerados y formas de aprendizaje y
desarrollo de competencias para culminar el ciclo secundario.
Hay 11 millones de
jóvenes mayores de 20 y menores de 30 años, sin educación media superior
completa.
4. Multiplicar la
Inversión en infraestructura y desarrollo productivo, en el sur –sureste del
país con modelos de asociación de las comunidades y pueblos en los grandes
proyectos de inversión, para la creación de cadenas productivas de valor.
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