Enrique Peña Nieto está por concluir
su sexenio y con un país en crisis laboral, afirman economistas y abogados en
materia de derechos de los trabajadores. Este enorme pendiente de su
administración federal, coinciden, va más allá de sus constantes anuncios de
creación de empleos: la realidad muestra que la mayoría de los mexicanos
trabaja en la informalidad y que los que son formales no tienen los derechos
básicos ni gozan de un salario que pueda salvarlos de la pobreza.
Las cifras sobre la situación laboral
durante la administración de Enrique Peña Nieto muestran que en México no se
vive una situación de “pleno empleo”. De acuerdo con los números presentados
por académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la
tasa de desempleo se ubicará este año en 3.36 por ciento y con 684 mil empleos
registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Pero si esos
empleos se analizan por su nivel salarial, al cuarto trimestre de 2017 el 31.44 por ciento son empleos de uno
hasta dos salarios mínimos, el 23.29 por ciento es de dos hasta tres salarios
mínimos, el 17.53 por ciento es de hasta un salario mínimo, el 14.81 por ciento
es de más de tres y hasta cinco salarios mínimos, el 7.57 por ciento no recibe
ingresos y sólo el 5.37 por ciento recibe más de cinco salarios mínimos.
Esa es la
realidad heredada ahora con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi): de los 746 mil nuevos
empleos creados en 2017, 272 mil corresponden a plazas con ingresos de hasta
tres salarios mínimos, mientras que 363 mil se perdieron en los segmentos de
mayores ingresos.
Y así, aun
con trabajo, surge la pobreza..
México se ubica en el último lugar de
los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) donde la mano de obra fue la peor pagada durante 2016, ya que
se paga un promedio de 14.63 dólares (la media es de 50.21 dólares).
Un informe
del Observatorio de Pobreza y Desigualdad de las Universidades Jesuitas de
América Latina detalló que el salario
mínimo de México es cinco veces menor de lo que debería ser para que una
familia se ubique por arriba de bienestar mínimo y en consecuencia, sólo el 21
por ciento puede comprar la canasta básica, incluido ahí el 10 por ciento de la
población con mayores ingresos.
Según ese
documento, el 74 por ciento de la
población pobre lo es por el factor de los ingresos, mientras que la pobreza
general aumentó 3 puntos porcentuales, según el estudio realizado por la Ibero,
situándose en 65 por ciento total de la población.
¿Cómo se
aborda esta realidad? De acuerdo con académicos consultados por SinEmbargo, la nueva administración encabezada por
Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad, si quiere, de dar golpes
inmediatos, pero también tiene la opción de dar “paliativos”.
MODIFICAR [O
TIRAR] LA REFORMA LABORAL.
Héctor
Rubio, coordinador del Colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, comentó que lo primero que tiene que hacer
el nuevo Gobierno federal es reconocer que “estamos o que llegamos al peor de
los escenarios, con leyes que no se aplican y/o que no funcionan”.
Desde su
perspectiva, el agravante de esta
situación es que hasta este momento y durante este sexenio, las decisiones se
tomaron contra toda evidencia y se optó por implementar acciones cosméticas que
no mejoraron la vida de las personas.
Para Alfredo
Bravo Olivares, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
un primer gran paso del nuevo Gobierno
de López Obrador será abordar la viabilidad de la subcontratación con miras a
eliminarla.
“Que se acabe ese mecanismo de
subcontratación que lo único que genera es precarización laboral, porque es
trabajo sin ninguna prestación social. El outsourcing ha generado que los
esquemas salariales sean más bajos porque la empresa en cuestión contrata a la
empresa que opera como outsourcing y ésta se lleva una ganancia que va en
detrimento del salario del trabajador. Si se elimina a esos intermediarios y se
obliga a la empresa a que contraten directamente, se acabará con el negocio de
unos cuantos”, dijo.
Para el
economista, la Reforma Laboral precarizó
las condiciones de los trabajadores y tanto los organismos del Gobierno federal
como las empresas se han lavado las manos mientras que los trabajadores viven
en condiciones de miseria, por lo que sería erróneo pensar que con solo
eliminar el outsourcing se mejorarán las condiciones del trabajador, aunque sí
se garantizaría el goce de derechos laborales.
En este
sentido, Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con
Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), explicó que la
propuesta que se ha presentado es la de mejorar el nivel de vida a través del
mercado de trabajo con el concepto de flexibilidad laboral con seguridad, que
consiste en que para todos los participantes del mercado de trabajo, sea formal
o informal, debe estar garantizada la seguridad.
“Lo que debería de hacer la siguiente
administración es buscar las condiciones para que el mercado de trabajo
efectivamente sea flexible, pero sin desproveer de seguridad al momento de
pasar de un sector a otro, de un empleo a otro, de una actividad a otra. El
problema de toda la población laboral es que cada vez es más reducido el sector
formal donde se puede tener un trabajo de calidad y estable, entonces lo
primero que hay que hacer es ampliar el sector formal y la forma es eliminando
todos los impuestos o contribuciones que estén ligados al trabajo, como los impuestos
a las nóminas, las contribuciones a la seguridad social todo obstáculo para
hacer una contratación a bajo costo”, explicó en entrevista con este diario digital.
Bravo
Olivares agregó que la urgencia de
acciones concretas y directas es para comenzar a erradicar las consecuencias de
la Reforma Laboral, “convirtió a México en el país de América Latina con el
peor esquema salarial y en el país del mundo donde más horas se trabaja. Si no
se modifica eso que ya está en la ley y que les permite actuar a las empresas
libremente, las condiciones de los jóvenes y de los adultos y de todos los
trabajadores en general, van a seguir por las calles de la amargura”.
LOS SALARIOS
Y LOS EMPRESARIOS.
La reacción de los empresarios
mexicanos es el reto que se observa en puerta cuando se aborde el tema
salarial, que es uno de los que podría salir más rápido.
Par Rubio, desde el primer minuto de esa
administración se puede decidir la existencia de la Comisión Nacional del
Salario Mínimo (Conasami). Para Acción Ciudadana esta institución no tiene
ninguna razón de ser y además los resultados que ha arrojado en los últimos 25
años es el empobrecimiento de los trabajadores y la precarización de las
condiciones en el mercado laboral.
La Conasami ha sido presidida por
Basilio González Núñez por 26 años. Actualmente es el funcionario público más
veterano de México y en casi tres décadas no ha logrado que el salario mínimo
llegue a un nivel de bienestar para los mexicanos. Sin embargo, él sí ha
logrado que su fortuna crezca.
El hombre
que ha negociado con cinco Presidentes de la República, 11 Secretarios del
Trabajo, que trabajó durante el salinismo y luego con el zedillismo al tiempo
de la crisis financiera de 1995; el contemporáneo de los asesinatos del
candidato y secretario general del PRI, Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz
Massieu, así como la muerte del octogenario dirigente de la Confederación de
Trabajadores de México, Fidel Velázquez Sánchez, jamás ha aceptado hacer públicos sus bienes patrimoniales.
Durante el
peñanietismo, el salario bruto de
González Núñez se ha mantenido prácticamente igual: en 2014 era de 173 mil 466
pesos, en 2015 fue de 173 mil 436, en 2016 fue también de 173 mil 436. Es
decir, sólo durante esta administración federal ha percibido más de 10 millones
de pesos.
“Se tiene que acabar con la absurda
contradicción de trabajar y ser pobre. En México el trabajo es un factor que
produce pobreza”,
afirmó Rubio sobre el papel de la Conasami.
De la Torre expuso que aunque los salarios no están por
completo en manos del sector público o de políticas públicas, el nuevo gobierno
sí puede enviar señales de mejorar los salarios mínimos y los máximos.
En cuanto al salario mínimo, el CEEY
observa un margen para elevarlo gradualmente a los 100 pesos diarios, y mejorar
las condiciones de vida para los trabajadores que menos ganan.
El académico
de la UNAM recordó las exigencias de
Estados Unidos y Canadá hacia México para que eleve sus salarios en medio de
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, sin embargo consideró que las
exigencias de los empresarios mexicanos tendrán más peso.
“Está el
decálogo del CCE: están a favor de que
se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores pero sin modificar los
esquemas fiscales. Los empresarios mexicanos quieren que se quite el impuesto
sobre nómina, así pueden dar más prestaciones o incrementar salarios, pero no
quieren sacrificar el 15 por ciento de sus ganancias anuales para incrementar
salarios. Lo siguen dejando como tarea de una oficina que determina un aumento
anual”.
“Claramente tenemos que transitar
hacia esquemas de mayor flexibilidad laboral porque así es la realidad del
mercado laboral en todo el mundo, pero lo que no se ha hecho en México es la
seguridad social para los trabajadores. En otros países donde hay reformas de
flexibilidad no son solo para los empresarios, sino que es, sobre todo, para
los trabajadores. La reforma laboral ha privilegiado la flexibilidad, pero o ha
puesto énfasis en la protección de los trabajadores”, sostuvo Rubio.
“Quieren que les cobren menos
impuestos y sólo así ellos pueden pagar más. Los niveles de desigualdad exigen
que sean los empresarios los que se aprieten el cinturón y esa es la tarea que
tiene que cumplir Obrador para toda la gente que salió a votar por él, que está
esperando eso. La gente está esperando que se revierta la desigualdad existente
sobre la base de las leyes. Los cambios llevan tiempo, pero si no camina por
ahí no tendrá ningún significado para los trabajadores y seguirán en las mismas
condiciones”, agregó
Bravo Olivares.
EL RETO CON
LOS JÓVENES.
Los
investigadores coincidieron en que uno de los principales problemas a atender
son los jóvenes. Para De la Torre, lo
que debe incentivarse es que su primer empleo sea en el sector formal, ya que
se ha observado que eso determina después una trayectoria laboral exitosa.
Rubio agregó que México inicia en
2018 una etapa de bono demográfico que concluirá entre los años 2030 y 2035.
“Lo que hagamos o dejemos de hacer como país
con los jóvenes, empezando ya, va a determinar el futuro y la viabilidad que
México. Lo que se ha hecho con los jóvenes es cerrarles las puertas, las
oportunidades y eso ha repercutido en bajos niveles de crecimiento económico,
baja productividad. Y también en altos índices de violencia, que empiezan
justamente porque los jóvenes no tienen oportunidades y no están logrando
encontrarse en el mercado laboral, que no les ofrece empleos y los que hay son
mal pagados o con altos niveles de precarización”, planteó.
Bravo
Olivares criticó la forma en como son
contratados bajo la idea del “primer empleo”.
“Ocurre en la Auditoría Superior de
la Federación (ASF): contrata becarios para que ‘vayan agarrando experiencia’,
pero con un salario de una tercera parte de lo que pagaría a un profesional con
experiencia. Cuando se acaba el tiempo de becarios, se va y llega otro. Así también
trabajan las empresas privadas: te doy un salario precario, pero vas a
aprender”, dijo
Bravo.
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