La exjefa
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther
Gordillo, pasó el sexenio de Enrique Peña Nieto en prisión bajo acusaciones que
la Procuraduría General de la República (PGR) no pudo probar.
Después de
cinco años y medio, Gordillo, de 73 años, fue declarada inocente por la
justicia federal. Los últimos cargos en su contra, delincuencia organizada y
operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, fueron
desechados de plano por un tribunal unitario que ordenó el archivo del caso.
El proceso
contra Gordillo fue abierto a fines de febrero de 2013, cuando Peña Nieto
apenas cumplía tres meses en el poder y con quien había tenido diferencias
públicas durante la campaña presidencial de 2012.
En el Poder
Judicial de la Federación se sabía que el caso era insostenible, a pesar de que
el juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero
Vertiz, accedió prácticamente a todas las peticiones de la PGR. La más
reciente, una mayor restricción en las condiciones de la prisión domiciliaria
en que se encontraba.
La PGR
solicitó restringir las llamadas telefónicas y las visitas que recibía la
exjefa del SNTE. Según la procuraduría, despachaba en su casa “desconociendo
con qué fines”.
El juez
accedió. Dos meses después, Caballero Vertiz falleció. La restricción ocurrió
en febrero pasado, en plena campaña presidencial, cuando su nieto, René
Fujiwara, y su yerno, Fernando González Sánchez, habían expresado su respaldo a
Andrés Manuel López Obrador, quien este miércoles recibe su constancia como
presidente electo para el periodo 2018-2024.
En la propia
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), algunos ministros aseguraron a
Apro que, si el caso llegaba al máximo tribunal, Gordillo obtendría su libertad
por las violaciones constitucionales del proceso penal.
No fue
necesario, en una conferencia durante la madrugada del miércoles, el abogado de
Gordillo, Marco Antonio del Toro Carazo, informó que el Primer Tribunal
Unitario en materia penal le notificó el decreto de “libertad absoluta e
inmediata” de Gordillo, quien al amparo del gobierno de Carlos Salinas hizo de
su liderazgo un fuerte cacicazgo político y económico y que fue uno de los
grandes respaldos del PRI.
En 2006
apoyó la candidatura del panista Felipe Calderón y operó en contra del
candidato del PRI, Roberto Madrazo. Después creó su propio partido, Nueva
Alianza (Panal), el que perdió junto con su libertad.
En el
proceso electoral que está por terminar, el Panal se alió a la catastrófica
candidatura del PRI, mientras que Gordillo y los suyos operaron a favor de
López Obrador.
La PGR fue
derrotada a pesar de haber demostrado la estructura con la que Gordillo
manejaba los recursos del sindicato. La acusó de haber desviado mil 900
millones de pesos en un esquema que equiparó al que usan los grupos de
delincuencia organizada.
Cuando fue
detenida, el 26 de febrero de 2013, fue ingresada al penal femenil de Santa
Martha Acatitla, en Iztapalapa. Casi de inmediato, el 1 de marzo, fue llevada
al de Tepepan, donde pasó en la Torre Médica de Especialidades, debido a los
múltiples males que presenta.
Después fue
trasladada al hospital María José Roma, en la colonia Roma Norte. En diciembre
del año pasado, empezó a vivir bajo prisión domiciliaria, en su casa de
Polanco, una de sus múltiples propiedades en México y el extranjero.
Cuando inició
ese régimen carcelario, la PGR pidió que las medidas fueran lo más restrictivas
porque su caso tenía que ver con la estabilidad, “la paz y la seguridad del
Estado”.
En el
comunicado que dio a conocer su abogado, Gordillo anunció que debido al largo
aislamiento en que se encontró, decidió no hablar con la prensa, ni nacional ni
extranjera.
Pero su
silencio no será largo. El martes 20 dará a conocer su “opinión y posición”
sobre “los sucesos relativos” a su caso.
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