Los diputados de la LXI legislatura
local que preside el diputado priísta Héctor Vicario Castrejón ha destinado más
de 17 millones de pesos anuales por concepto de “apoyos” y pago por “servicios
publicitarios” a medios de comunicación sin criterios transparentes de la
asignación de estos recursos públicos.
De acuerdo a
información oficial, la dirección de
comunicación social del Congreso que dirige Jaime García Moreno maneja de
manera discrecional y en total opacidad, tres listados donde contempla
“convenios” con 117 empresas y particulares por un monto de un millón 303 mil
980 pesos; así como el “pago” a 13 columnistas por 70 mil pesos y “apoyo” a un
centenar de reporteros por 110 mil pesos.
Esta cantidad destinada a reporteros
y empresas de medios suma la cantidad de un millón 483 mil 980 mensuales y solo
se indica que forma parte del “fondo 23”, administrado
por la jefa del departamento de contabilidad del Congreso, Imelda Pérez
Pantaleón, quien depende del subsecretario de servicios financieros y
administrativos Vicente Figueroa Alanis, indican los reportes consultados.
En la extensa lista de beneficiarios
que se maneja de forma discrecional y no se encuentra disponible en el portal
de transparencia, a pesar de que se trata de información pública de oficio como
marca la ley, se encuentran funcionarios estatales y municipales que cobran
como servidores públicos y por “brindar servicios” publicitarios a la LXI
legislatura local.
Así como reporteros que cobran a nombre
de empresas y a título personal, incluso esposas y familiares directos.
Los montos de los “convenios” con
empresas de medios, así como “pagos” a columnistas y “apoyos” a reporteros es
variable y no se especifica un criterio o justificación en la asignación del
gasto millonario en medios.
Por ejemplo,
la empresa radiofónica Capital Máxima
aparece con un convenio de 34 mil 800; al locutor de la misma estación,
Federico Sariñaña Valdez le pagan 10 mil 600 y el reportero del mismo medio,
Fernando Hernández Ramos recibe mil 500 pesos de “apoyo” mensual.
Destaca también
el caso de Fidel Pinzón López que recibe 2 mil 500 pesos mensuales de “apoyo”
en el Congreso y actualmente se desempeña como funcionario en el área que
dirige el vocero de Seguridad del gobierno estatal, Roberto Álvarez Heredia.
Así como el caso del actual director
de Cultura del ayuntamiento porteño, Julio Zenón Flores Salgado, quien tiene un
convenio de publicidad con el Congreso por un monto de 5 mil 800 pesos
mensuales por brindar servicios de publicidad, a través de su página virtual
denominada Trasfondo Político.
En noviembre
de 2017, Apro informó que el gobierno de
Héctor Astudillo Flores gasta en promedio 300 millones de pesos mensuales para
difundir publicidad oficial en medios de comunicación y entregar “apoyos
económicos” a comunicadores, entre ellos Joaquín López Dóriga, Adela Micha y
una legión de conductores, columnistas, editores, reporteros y fotógrafos.
El millonario gasto anual por
concepto de publicidad oficial del gobierno de Astudillo Flores y el Congreso
estatal en medios de comunicación, (un promedio de 320 millones de pesos),
contrasta con el reducido presupuesto contemplado para el próximo año para el
sector social, educativo, de salud y vivienda.
El proyecto
de presupuesto 2018, enviado a finales
del mes pasado por el Ejecutivo al Congreso local, plantea solo nueve millones
para la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), y 55 millones para el
Hospital del niño y la madre indígena.
Desde 2015, las organizaciones civiles Artículo 19 y
Fundar han advertido que existe una preocupación particular por la opacidad que
existe en Guerrero y Tamaulipas, debido a que durante cuatro años las
autoridades de ambas entidades no han transparentado la información sobre su
gasto en publicidad en medios de comunicación.
En el
informe denominado “Libertad de
expresión en venta”, las ONG consideran que estos recursos públicos se
distribuyen conforme a criterios políticos e intereses privados, y se convierte
en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios, una
práctica definida como “censura sutil o indirecta”.
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