OHL México —ahora Aleatica— no pudo
haber invertido los 24 mil millones de pesos que reconoce en el Circuito
Exterior Mexiquense (CEM). Y la deuda que cobrará de aquí a 30 años a través de
peajes, no sólo está saldada, sino que queda a deber 7.4 mil millones de pesos,
aseguró este día el abogado Paulo Díez Gargari.
“Es un negocio construido a base y a
partir de la corrupción […]. El negocio de estos señores [de OHL] es la
corrupción”, comentó
el litigante que ha presentado varias denuncias en contra de la constructora.
OHL, según sus estados financieros modificados a
raíz de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), cuenta con una inversión de 22 mil 402 millones de pesos.
De acuerdo con Díez Gargari, esta
cifra está “maquillada”, pues si a esta supuesta inversión le restamos 10 mil
610 millones de pesos de capital de riesgo, que fueron incluidos de manera
ilegal y opaca, la inversión real de OHL en el CEM se reduce a 11 mil 792
millones.
Dicha cantidad corresponde a una
“falsa inversión” de 3 mil 440 millones de pesos (autorizada por el Gobierno
del Estado de México en 2013, a pesar de que las obras en el CEM concluyeron en
2011); los costos financieros de operaciones a
crédito por 2 mil 320 mdp (que incluyen indebidamente como capital de riesgo);
el derecho de vía por 4 mil mdp (valuado en un principio en 450 mdp para la
obtención del título de la obra a nombre del Edomex, que debe ser pagado por
OHL y que no cuenta cómo inversión); las inversiones correspondientes al
Monumento Bicentenario y maquinaria del Viaducto Bicentenario, que suman 850
mdp; y el dinero para el pago de sobornos en Suiza —registrado como inversión—
por más de 30 millones de pesos.
Si a los 11.7 mil mdp le restamos el
monto de la deuda pagada, que haciende a 19 mil 200 mdp, la inversión por
recuperar de OHL no sólo queda saldada, sino que implica un excedente de 7 mil
408 mdp.
Díez Gargari
recordó que hasta 2015 el capital social
de OHL no superaba los 6 mil mdp (por lo que su inversión, más allá de los
créditos, no pudo ser superior a ese monto).
Además, según el contrato de OHL y el Gobierno del
Estado de México, la inversión de la compañía en el CEM implica la recuperación
del capital de riesgo con una tasa de retorno del 10 por ciento anual, que
habrá de pagarse de manera paulatina por los próximos 30 años.
No obstante,
según la inversión real (o sin
maquillaje), OHL habría recuperado la totalidad de su dinero más un 63 por
ciento de rendimiento. De esta manera, no hay justificación para que la
concesión siga vigente.
Paulo Díez
Gargari sostiene que OHL infló sus
cifras para, inclusive, beneficiarse en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a
partir de manipular la información financiera para maquillar sus utilidades,
márgenes de ganancia y el valor de la empresa, para impulsar el valor de sus
acciones.
No obstante,
en junio de este año, Juan Osuna,
consejero delegado de OHL, dijo durante una asamblea de accionistas de la
constructora en España que, la caja invertida para todo OHL México, fue de 600
millones de euros (15 mil mdp actuales) mientras que el valor de la empresa es
de 2 mil 700 mdp. Es decir, la constructora cuadruplicó su fortuna —según el
testimonio de Osuna— con sus negocios en México (mientras en España está
quebrada).
Para Díez
Gargari, esta es una “confesión de
delito”, ya que no sólo reconoce una inversión (en todos sus proyectos en
México) que es inferior a la reconocida ante la BMV (de 22.4 mil mdp), sino que
además asegura que ya recuperaron más de lo invertido (contrario a lo que
reflejan sus estados financieros).
Este tipo de irregularidades están
reflejadas, asimismo, en los estados financieros de 2014 y 2015, que varían
después de las recomendaciones hechas por la CNBV.
Según OHL, su inversión en concesión neto (o el valor
de su activo en concesión) es de 57.2 mil mdp a diciembre de 2015; sus pérdidas
acumuladas netas ascienden a 20.8 mil mdp; y su capital contable es de 27.1
mdp.
En cambio, con las modificaciones de
la CNBV, las cifras, respectivamente, decrecen a 22.4, 3.5 y 2.7 mil millones
de pesos.
Con las cifras manipuladas, OHL logró
vender sus acciones caras y comprarlas baratas, sobre todo a raíz de los
escándalos de 2015.
Para Díez
Gargari, no sería descabellado pensar
que el escándalo fuera propiciado por la empresa española para manipular el
valor de las acciones, recomprarlas baratas y obtener así los títulos
suficientes para sacar a PHL del mercado mexicano (lo que no ha logrado) y
venderla a la empresa australiana IFM.
Con estas
operaciones, refirió el abogado, el
beneficio de este tipo de transacción implicó defraudar a los inversionistas y
generar beneficios para unos cuantos de 6 mil 500 millones de pesos.
MÁS
IRREGULARIDADES.
En 2015, Banobras emitió una garantía crediticia
“inconstitucional” a favor de OHL, sin tener una fuente de pago asegurada. El
monto del crédito —en conjunto con las aportaciones del Fenadim— ascendió a
10.6 mil mdp. Entonces, Alfredo del Mazo Maza, actual Gobernador mexiquense,
era el director general de Banobras.
A esta irregularidad se suma la
supuesta “rentabilidad garantizada” de la inversión millonaria de OHL por parte
del Edomex, que permitió a la empresa inflar su valor y sus activos financieros
ante la BMV.
Si esta rentabilidad garantizada por
parte del Edomex fuera cierta, implicaría un aumento en su deuda pública y
quebrar financieramente a la entidad federativa, ya que el estado estaría
comprometido a cubrir, en un dado caso, la deuda que OHL asegura tener
contratada con el Estado de México (cosa que no es reflejada en los estados
financieros del Estado, aunque sí está reflejado en los reportes financieros de
OHL).
Estos
señalamientos de Díez en contra de OHL, además de aquellos respecto de la deuda
saldada, la manipulación en la BMV y las inversiones falsas, han hecho que la
empresa responda con una contra demanda en contra del abogado de Infraiber.
Como la sarta de actos de corrupción
apunta al financiamiento ilegal de campañas políticas del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a favor de personalidades políticas como Arturo López
Montiel, Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza,
Díez Gargari reconoce ser objeto de una persecución de Estado, que surge de
“ocurrencias” cobijadas al amparo del artículo 393 de la Ley del Mercado de
Valores.
Con este
recurso legal, que está diseñado para proteger el principio de revelación de
información financiera para evitar la información falsa en los mercados (y por
tanto perjuicios a los accionistas), OHL
busca impugnar las declaraciones de Paulo Díez Gargari, bajo el alegato de ser
falsas y tener repercusiones negativas e injustificadas en contra de la empresa
y sus accionistas.
Está
diseñado para proteger el principio de revelación de información y consiste en
la obligación de las emisoras de la nación información veraz y oportuna para
tomar decisiones racionales.
“Es una ocurrencia que surge del
enojo del Presidente Enrique Peña Nieto” y que va dirigida a proteger los
intereses de la empresa en contra de “una supuesta campaña de calumnias que
afectó las acciones de OHL”, explicó Díez Gargari, para quien el acto de
litigio es “una especie de límite para criminalizar la libertad de expresión”.

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