La nueva
Legislatura que será encabezada por Morena ya anunció un “ajuste” y la
compactación de plazas de la burocracia legislativa para ahorrar 208.5 millones
de pesos. En sentido contrario y a pocos
meses de concluir su cargo, los diputados federales salientes de las dos
fracciones mayoritarias (PRI y PAN) autorizaron por lo menos cuatro plazas que
implicarán un gasto de 4 millones 263 mil 960 pesos, así como pagos adicionales
de un mes a empleados de la Mesa Directiva y la Mesa de Coordinación Política.
Tres semanas
antes de la elección presidencial, PRI y
PAN acordaron crear nuevas plazas en la Cámara de Diputados y hacer un pago
extra de un mes a algunos empleados de la Mesa Directiva y la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), “derivado de las cargas de trabajo”.
Al tiempo
que la Jucopo decidió rescindir
anticipadamente el contrato a aproximadamente 200 asesores, autorizó un pago
por única ocasión, de un mes completo y sin deducir impuestos, a 43 asesores de
los órganos de gobierno.
Dos acuerdos
del Comité de Administración de San Lázaro, cuya copia tiene este semanario,
dan cuenta del “pago único” y de la autorización de cuatro plazas con nivel de
“subdirector de área”. Se desconoce si
existen otras plazas autorizadas para las 13 direcciones que tiene la Cámara de
Diputados.
La justificación que se dio a esos
pagos adicionales fue el arduo trabajo que realizaron los integrantes de la
Mesa Directiva y la Jucopo en el último periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, dichos órganos de gobierno cuentan con 176 personas con plaza, plaza
homologada o contratadas por honorarios, cuya labor consiste precisamente en
realizar las labores por las que se les entrega la mencionada remuneración
extra.
El presupuesto de la Cámara de
Diputados para 2018 es de 8 mil 439.4 millones de pesos; de los cuales 5 mil
441 millones se destinan al rubro de servicios personales o salarios.
Todas las fracciones parlamentarias
cuentan con asesores; algunos trabajan por honorarios y son recontratados al
inicio de la nueva Legislatura, otros no y son reemplazados por personal que
acompaña a los nuevos diputados federales.
Este año, por acuerdo de la Jucopo, que encabeza el
diputado panista Marko Cortés, aproximadamente a 200 de los más de mil asesores
que laboran en San Lázaro se les liquidó el 31 de mayo, lo cual generó
protestas de los afectados, pues su contrato establece que el trabajo concluye
el 31 de agosto, fecha en que culmina la 63 Legislatura federal.
El 17 de mayo los asesores se
manifestaron en la cámara con pancartas en que se reclamaba al presidente de la
Junta esa decisión. En una de ellas se leía: “Jucopo 3 meses te vas a ahorrar,
pero ahora ¿quién va a trabajar?”
No les respondieron. Fueron
liquidados y menos de un mes después el Comité de Administración decidió hacer
el pago extraordinario para asesores de la Mesa Directiva y la Jucopo.
El acuerdo
está fechado el 5 de junio de 2018 y únicamente lo firman la presidente del comité, la panista Marisol Vargas Bárcena y
la priista Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, cercana al primer coordinador de
su partido, César Camacho Quiroz, quien dejó el cargo para competir por una
senaduría y perdió.
El Comité de
Administración es la instancia que, por órdenes de la Jucopo, proporciona a los
comités o comisiones los recursos humanos, materiales y financieros para
realizar sus labores. También vigila la entrega de las prerrogativas y
subvenciones a los diputados, es decir, el dinero que se entrega a cada
fracción parlamentaria de acuerdo a su número de curules.
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