El decomiso que difundió ayer la
Secretaría de Marina (Semar), de casi dos toneladas de cocaína y la detención
de un adolescente de nacionalidad ecuatoriana frente a las costas de Guerreo,
exhibió la falta de coordinación con el Ejército y la Secretaria de Seguridad
Pública estatal (SSP), dirigida por el general en activo Pedro Almazán
Cervantes ya que al menos 10 presuntos narcotraficantes escaparon por tierra en
las playas de Punta Maldonado, municipio de Cuajinicuilapa en la región Costa
Chica.
También, este hecho refleja que el abasto del
alcaloide procedente de Sudamérica está garantizado en el puerto de Acapulco
donde las pandillas operan impunemente y mantienen sumido al principal destino
turístico de la entidad en una espiral de violencia, impunidad y corrupción que
exhibe nexos de autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narco.
Tan solo
esta semana, la confrontación entre los
remanentes del Cartel de los Beltrán Leyva y el Cartel Independiente de
Acapulco (Cida), dejó un saldo de una decena de personas asesinadas, entre
ellos hombres decapitados, mujeres ejecutadas y ataques armados a plena luz del
día contra unidades de transporte público que provocaron la suspensión del
servicio en pleno centro porteño.
En este
escenario de guerra por el control de la joya de la corona del Pacífico, han sido reiterados los señalamientos
públicos, a través de cartulinas y mantas contra el actual jefe de la Policía
Ministerial, Esteban Maldonado Palacios, quien presuntamente brinda protección
al líder de una facción del Cida, identificado como José El Ángel El Capuchino
Galeana Palacios.
En mayo de
2017, el gobernador Astudillo, a través
del ex fiscal estatal, Xavier Olea Peláez, designó a Esteban Maldonado como de
la de la PM, en sustitución de Ricardo Zamora Guevara, quien también fue
exhibido públicamente por sus presuntos nexos con el narco.
Maldonado Palacios ha ocupado cargos
estratégicos en el área de investigación de la Fiscalía desde hace más de una
década donde se ha caracterizado por enfrentar señalamientos de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por incurrir en diversas irregularidades
tipificadas como delitos graves.
La CNDH
emitió dos recomendaciones en 2008 y 2010, contra Maldonado Palacios “por su
actuación inconsistente y de mal manejo jurídico” en las investigaciones de los
asesinatos del periodista acapulqueño Amado Ramírez y de los activistas
indígenas del pueblo Mixteco, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes
fueron vinculados con la guerrilla por el funcionario ministerial.
A pesar de los señalamientos contra
este jefe policiaco en Acapulco y su negro historial, el gobernador Astudillo y
el actual Fiscal, Jorge de los Santos Barila lo siguen manteniendo en el cargo.
En este
contexto de violencia, terror y muerte, el gobierno estatal, a través de la
Secretaría de Turismo, realizará este día un espectáculo aéreo en la bahía de
Santa Lucía donde los políticos son los dueños de bares y restaurantes.
En esta zona turística las
autoridades federales estatales y municipales toleran la venta de cocaína a
todas horas sobre la franja de playa que se extiende desde Caleta hasta los
antros de la Escénica, considerada la ventana del puerto, para surtir la necesidad
de cientos de paseantes que arriban solo los fines de semana.
Mientras las
pandillas disputan a sangre y fuego el control de la venta de droga para
abastecer este mercado de consumidores que no para, a pesar de los decomisos de
cocaína como el que ayer difundió la Marina de manera masiva en medios de
comunicación.
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