Sin la presencia de la prensa y la
correspondiente difusión de la convocatoria, los integrantes de la mesa
directiva de la diputación permanente aprobaron el acuerdo mediante el que se
ordena publicar en el Boletín Oficial del estado la Ley 288, donde se incluye
el “veto ejecutivo” y el paquete de reformas presentados por la gobernadora
priista Claudia Pavlovich Arellano.
Los cambios
aprobados la semana pasada modifican diversas disposiciones de la Constitución
de Sonora y contaron con el aval de 57 ayuntamientos, todos de corte priista.
El miércoles
8 de agosto, los diputados del PRI, junto con los de Acción Nacional, aprobaron
–escudados con un grupo de choque que abarrotó el interior del recinto y sus
principales accesos – la Ley 288 que reforma, deroga y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución estatal.
El diputado
José Luis Castillo fue el responsable de dar lectura al acuerdo aprobado en la
sesión secreta.
Esta ley
establece en su artículo primero transitorio que los efectos reformatorios
entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
estatal, es decir, este miércoles 15.
Justo ese día se cumple casi un mes
desde que Pavlovich polarizó a la población sonorense con una ventajosa reforma
que otorga más discrecionalidad al Ejecutivo y subordinar al Legislativo a los
deseos del mandatario sonorense en turno.
Esa ley también otorga facultades a
la gobernadora Pavlovich que sólo corresponden al Legislativo; anula las
atribuciones de los diputados en materia de revisión de cuenta pública y de
supervisión del Ejecutivo, así como relega la facultad que tenían los
legisladores para designar a los titulares de los organismos autónomos y
personal administrativo del parlamento local.
La próxima
secretaria de Gobernación, la exministra
Olga Sánchez Cordero, tachó de inconstitucional el “veto ejecutivo” y el
paquete reformatorio instrumentados por Pavlovich.
Precisó que las disposiciones son
“contrarias” a diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) y contravienen lo estipulado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Unos minutos
después de que los diputados ordenaran la difusión de la ley, Claudia Pavlovich advirtió que estas
reformas se discutirán por la vía “jurídica” y no por el camino de las
“descalificaciones”.
La dirección
de Comunicación Social del Congreso justificó que la nula convocatoria a la
prensa y a la sociedad civil se debió a que se “afectó” el sistema de internet
en el palacio legislativo tras la incesante tormenta del domingo por la noche.
Además, a
manera de “control de daños”, esta
oficina informó que se tienen las constancias de aprobación de la reforma
remitidas por los ayuntamientos de Hermosillo, Trincheras, Átil, Tepache, Villa
Hidalgo, Caborca, Tubutama, Cucurpe, Cananea, Álamos, Divisaderos, Banámichi,
Bacadéhuachi Bacanora, y Cajeme.
También las de Granados, Huatabampo,
Bacoachi, Etchojoa, San Felipe de Jesús, Carbó, Santa Ana, Yécora, Sáric,
Pitiquito, Mazatán, Magdalena, San Ignacio Río Muerto, Ónavas, Suaqui Grande,
Rayón, Santa Cruz y Soyopa.
Así como los documentos oficiales de:
Oquitoa, San Javier, Huásabas, Úres, Opodepe, San Pedro de la Cueva, Altar,
Huépac, Villa Pesqueira, Moctezuma, Arivechi, Bavispe, Sahuaripa, Baviácora,
Arizpe, Aconchi, Ímuris, San Miguel de Horcasitas, Benjamín Hill, Fronteras,
Bácum, Nácori Chico, Nacozari de García y Benito Juárez.
Entre los
firmantes del acuerdo destacan: Rafael Buelna Clark, José Luis Castillo,
Lisette López Godínez y José Ramón Ruiz Torres.
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