El Juez Decimocuarto
de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó
a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar una serie de
diligencias para esclarecer de inmediato el caso Tlatlaya y fincar
responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden
de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
En un
comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro
Prodh) difundió que la PGR no ha
realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso Tlatlaya
y, en respuesta a un recurso de la víctima y sobreviviente Clara Gómez
González.
La sentencia, dictada el 25 de mayo
de 2018, indica que las autoridades deben -de manera ininterrumpida y con
celeridad- realizar diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a
los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando,
investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes
intervinieron en su emisión, respetar el derecho de la víctima a coadyuvar
activamente en el caso y programar cronológicamente las diligencias, pudiendo
llegar al ejercicio de la acción penal.
“Al analizar el juicio de amparo
545/2017, interpuesto el 15 de junio de 2017, el juez Erik Zabalgiotia Novales
reconoció que la investigación defectuosa de la PGR ha violado los derechos de
la víctima a la adecuada impartición de justicia y a ejercer la coadyuvancia,
contemplados en los artículos constitucionales 17 y 20 apartado B.
“La reciente decisión del juez se basa en que
no se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas; que algunas
de las que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas; que no se analizaron
pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias
declaraciones de los militares involucrados; y que no se ordenó recabar nuevas
pruebas ni fortalecer la acción penal. Además, las autoridades no han
considerado las pruebas ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para
investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, revelada por
el Centro Prodh en el primer aniversario de los hechos”, especifica el boletín.
Es necesario recordar que, debido a
la fallida investigación de la PGR, a la fecha no hay ninguna persona rindiendo
cuentas ante la justicia al no haber ofrecido las pruebas suficientes para
señalar individualmente a los responsables, a pesar de que la propia CNDH
acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente;
que no se ha establecido con precisión el número de víctimas de ejecución y que
no se ha castigado a nadie por la alteración de la escena. Esta falta de debida
diligencia es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento
de graves violaciones a los derechos humanos en México.
Para Clara
Gómez y sus representantes, el hecho de
que el Poder Judicial tenga que ordenar a la PGR que realice una investigación
de forma adecuada tras cuatro años de una de las violaciones a derechos humanos
más emblemáticas del sexenio es ilustrativo de los riesgos de la Ley de
Seguridad Iinterior, que dota de mayores facultades a la Fuerzas Armadas en
labores de seguridad pública sin que haya contrapesos ni salvaguardas
extraordinarias.
“La falta de rendición de cuentas de
los elementos militares y el abuso de la fuerza han sido una constante desde el
inicio de la Guerra contra el narcotráfico. Para cerrar una etapa que ha
causado inconmensurables pérdidas y dolor a centenares de miles de familias en
México, es indispensable hacer un cambio del paradigma de seguridad, pero
también procurar justicia pronta en los casos concretos que han puesto rostro a
la grave crisis de derechos humanos en México”, aseguró el Centro Prodh.
El 30 de
junio de 2014, 22 personas murieron en una bodega de San Pedro Limón, municipio
de Tlatlaya, Estado de México. La Sedena difundió que fue resultado de un
enfrentamiento entre un grupo criminal y elementos del Ejército pertenecientes
al 102 Batallón de Infantería.
Sin embargo,
el testimonio de Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH
revelaron que un número, hasta ahora indeterminado de estas muertes, fue
resultado de ejecuciones arbitrarias cuando los civiles ya se habían rendido y
que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los
responsables.
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