Rafael
Cabrera (Reportaje especial)
Los magistrados que deciden las
controversias electorales y quienes entregarán la constancia de presidente
electo a Andrés Manuel López Obrador, están entre los funcionarios mejor
pagados del país.
Pese a que
el propio presidente de México y otros funcionarios han optado por
transparentar sus bienes, los
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
-una especie de suprema corte de asuntos electorales-, han decidido poner
candado a sus declaraciones patrimoniales para que no sean públicas.
Este
reportaje intentó superar ese muro de opacidad, al buscar de manera
independiente sus patrimonios.
Se logró documentar que seis de los
siete magistrados electorales son dueños, en conjunto, de al menos 10
departamentos, 5 terrenos o lotes, dos casas y una oficina.
Las propiedades están ubicadas en
Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Guerrero, de acuerdo con los
registros públicos de cada entidad.
En la búsqueda no se hallaron
indicios de corrupción por parte de los magistrados.
Aquí puedes consultar los hallazgos de la investigación o en el sitio de Connectas:
LA OPACIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Los magistrados que deciden las controversias electorales y que entregarán la constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, están entre los funcionarios mejor pagados del país. Pese a su alta responsabilidad pública, estos servidores se resisten a hacer transparentes sus declaraciones patrimoniales.
Por Rafael Cabrera
Pese a que el propio presidente de México y otros funcionarios han optado por transparentar sus bienes, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una especie de suprema corte de asuntos electorales, han decidido poner candado a sus declaraciones patrimoniales.
Esta investigación de Aristegui Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists en alianza con CONNECTAS, buscó acceder a esta información. Desde el pasado 4 de junio, se presentó una solicitud de transparencia para obtener copias de las declaraciones patrimoniales de los siete magistrados del Tribunal Electoral. La Suprema Corte, el área encargada de atender la petición, tardó dos meses en dar respuesta y al final la declaró de carácter confidencial.
Paradójicamente, esto es legal. El poder judicial, en un acuerdo de 2005, dejó abierta la opción de cada uno de sus miembros decidan si la declaración de bienes es pública o no. Y aunque desde 2016 existe una nueva Ley que borra este acuerdo discrecional, los representantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aún no definen los detalles para que se haga efectiva la transparencia y solo se bloquee la información cuando esté en riesgo la seguridad de un funcionario. “Sería muy sano para nuestro sistema democrático que el Poder Judicial comenzará a ser más transparente”, expresó Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
Por eso, esta investigación intentó superar el muro de la opacidad, buscando de manera independiente los patrimonios y documentó que seis de los siete magistrados electorales son dueños, en conjunto, de al menos 10 departamentos, 5 terrenos o lotes, dos casas y una oficina. Las propiedades están ubicadas en Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Guerrero, de acuerdo con los registros públicos de cada entidad.
En los 12 últimos años, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido el centro de la controversia pública en varias ocasiones. En 2006, protagonizó uno de los episodios más tensos cuando dio el triunfo a Felipe Calderón tras una cerrada y polémica elección presidencial. En 2014, fueron criticados por sus prestaciones, fondo de retiro y camionetas. Y en meses recientes ocurrió lo mismo, cuando ordenó que Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” fuera incluido como candidato en la boleta de la elección presidencial, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le invalidó el 53 por ciento de las firmas recolectadas, con lo cual no alcanzaba el umbral mínimo que exigía la ley.
Cuatro de los siete magistrados ignoraron la decisión del INE, quien también había resuelto en contra de la inscripción de Rodríguez Calderón porque detectó irregularidades en la recolección de fondos para la precampaña. Tras la resolución de último minuto, la candidata presidencial independiente Margarita Zavala se atrevió a llamar a “El Bronco” como “el candidato del Tribunal Electoral”.
“Estamos frente al órgano máximo en materia electoral; es una especie de Suprema Corte en la materia, y sus decisiones son definitivas, nadie las puede revisar”, dice Javier Martín Reyes, experto en materia electoral y profesor asociado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Para Reyes y un amplio sector de la opinión transparentar las declaraciones patrimoniales de sus más altos funcionarios sería una evidencia clara del valor que le dan a la rendición de cuentas. Pero esto no sucede.
Como parte del ejercicio de transparencia realizado para este reportaje, se buscó en los registros públicos del país y esto fue lo que encontramos.
EL PATRIMONIO OCULTO
Janine Madeline Otálora Malassis, presidenta del Tribunal desde finales de 2016, es quien más propiedades tiene registradas a su nombre, con siete inmuebles en total: dos departamentos en la zona sur de la Ciudad de México, mientras que en Guanajuato tiene otro departamento, dos inmuebles registrados como “lotes” y un par más como copropietaria, al parecer de su pareja.
De sus siete propiedades, seis fueron adquiridas antes de que fuera seleccionada por el Senado como magistrada. Sin embargo, en 2017 adquirió una más en el municipios de San Miguel de Allende, en Guanajuato.
El magistrado José Luis Vargas Valdez, por ejemplo, es dueño en la Ciudad de México de dos departamentos, uno de ellos en Lomas de Chapultepec, y una oficina. El valor de estas propiedades ascienden en conjunto a 9.7 millones de pesos.
Felipe Alfredo Fuentes Barrera, otro de los magistrados, tiene dos departamentos en la Ciudad de México, uno adquirido este 2018 con un valor de 3.8 millones de pesos, y una casa en un fraccionamiento exclusivo en el Estado de México.
Los magistrados Felipe de la Mata Pizaña e Indalfer Infante Gonzales tienen, cada uno, dos propiedades, mientras que la magistrada Mónica Arali Soto Fregoso tiene un departamento en el estado de Jalisco, en copropiedad con su esposo.
En la búsqueda no se hallaron propiedades del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
Debido a que los magistrados tienen bajo reserva sus declaraciones, es imposible determinar si los inmuebles hallados con sus nombres representan el total de su patrimonio o si este es mayor. Tampoco accedieron a dar una entrevista.
Este año, cada uno de los siete magistrados tendrá ingresos netos por 4 millones 654 mil pesos, que además de sus salarios incluyen 386 mil pesos de aguinaldo y un “bono de riesgo” por 720 mil pesos. Es decir, más de lo que actualmente recibe el mismo presidente de México: 3 millones 115 mil pesos. La actual legislación estipula que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente del país, pero los encargados de vigilar el cumplimiento de la ley electoral no se han ajustado a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
López Obrador anunció que reducirá el sueldo de la burocracia, incluido el Poder Judicial. Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, ha rechazado el eventual recorte planeado para jueces y magistrados.
“Las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación, no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible de un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y construir con ello una sociedad más justa”, dijo Aguilar el pasado 13 de julio.
Además, como parte del programa de austeridad propuesto por López Obrador, ganará 108 mil pesos al mes, es decir, el 40% de lo que actualmente gana el presidente Enrique Peña Nieto.
Con esta modificación, los magistrados del TEPJF ganarían casi tres veces más que el presidente, pues además de su salario neto, los magistrados reciben una serie de bonos y gratificaciones que engrosan su ingreso final y no se considera como parte íntegra de su salario sino como una compensación “extra”.
Este miércoles 8 de agosto, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal serán los encargados de validar la elección presidencial del pasado 1 de julio y dar la constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, quien ganó con más del 53% de los votos y sí adelantó en su campaña la declaración de bienes de él y de su esposa.
De igual manera, todos los detalles de ingresos, cuentas y propiedades deberían estar reflejados en la declaración de patrimonio de los magistrados del TEPJF, pero es información inaccesible.
LEYES A FAVOR
En 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el acuerdo 9/2005 para regular la presentación de las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios -Ministros, jueces, etc-, así como los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Todos los funcionarios del Poder Judicial están obligados a entregar sus declaraciones de bienes. Sin embargo, dicho acuerdo, que sigue vigente, da margen a todos los funcionarios del Poder Judicial para decidir si sus declaraciones son públicas o se mantienen bajo reserva de la opinión pública.
“La información relativa a la situación patrimonial será confidencial; sin embargo, podrá hacerse pública siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate”, dice el acuerdo.
En 2016, fue publicado el decreto de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual forma parte del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Con esta nueva legislación, las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos deberán ser públicas, salvo los casos en los que se ponga en riesgo su seguridad.
Sin embargo, dicho mecanismo sigue congelado pues el Comité Coordinador del SNA no ha emitido los formatos para determinar qué datos patrimoniales son sensibles y pueden quedar bajo reserva.
“Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”, dice la Ley en su artículo 29.
Mientras entra en vigor la nueva legislación, la Suprema Corte tiene un buscador en línea de las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios y los del Tribunal que hayan decidido hacerlas públicas. Todos los funcionarios están obligados a presentar su declaración de manera anual, incluida una cuando ingresa en el cargo y una cuando lo dejan. El órgano de control interno del Tribunal es el encargado de seguir la evolución patrimonial de todos los empleados, y sólo ellos pueden notar si hay algún cambio irregular.
Pero ahí no están disponibles las declaraciones de los siete magistrados de la Sala Superior. Del Tribunal Electoral, por ejemplo, sólo 125 personas aceptaron hacer públicos sus bienes, cuando su nómina a nivel nacional es de al menos mil 800 personas.
Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), uno de los organizaciones que impulsó la transparencia de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, dijo que sería sano que los árbitros electorales hicieran públicos sus bienes.
“Como aún no se han publicado los formatos para decidir qué información se puede reservar, los magistrados y ministros aún pueden mantener un margen de discrecionalidad para hacer públicos sus patrimonios”, dijo Corona.
LA APARIENCIA SÍ IMPORTA
Para Javier Martín Reyes, profesor del CIDE, la falta de transparencia en el Tribunal Electoral es sólo un síntoma más de la ausencia de rendición de cuentas en el Poder Judicial mexicano.
“El poder judicial, que incluye al Tribunal Electoral, es el poder menos observado y el que menos rinde cuentas a la ciudadanía. Los grandes casos y escándalos de transparencia se han dado en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero el Judicial es un poder muy opaco”, explicó.
El Tribunal Electoral, agregó Martín Reyes, vive bajo el riesgo de la captura: son los partidos políticos quienes designan a los siete magistrados y, al mismo tiempo, son los mismos partidos políticos quienes serán regulados por estos magistrados. “La apariencia de independencia y de imparcialidad importa e importa muchísimo. Y una manera de contribuir de manera clara es transparentar el patrimonio de las personas que están votando. Más allá de las sentencias, de los fallos, creo que sí sería una señal importante que quienes votan y quienes deciden los mayores cargos políticos tengan este nivel de apertura.”
Pero no sólo son los partidos políticos quienes están bajo regulación del Tribunal, sino también organismos y empresas privadas, como las poderosas televisoras mexicanas: “En su día a día, el Tribunal Electoral toma decisiones que afectan a sujetos públicos y privados. Buena parte de la regulación electoral es sobre el uso de la radio y TV, que son empresas privadas muy poderosas”, indicó.
Desde 2006, las diferentes integraciones del Tribunal Electoral han sido blanco de las críticas de la opinión pública. Es decir, al menos 12 años de fallos polémicos.
El actual Tribunal, por ejemplo, ha tenido sus propios escándalos: la validación de la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral se lo había negado; o la validación de la elección de gobernador de Coahuila, aunque quedó probado que el candidato ganador, del PRI, rebasó el tope de campaña por la compra de anuncios en Facebook.
¿CÓMO VOTARON?
1. El Bronco en la boleta presidencial
2. Entrega de tarjetas por votos
UNANIMIDAD A FAVOR
3. Usar apodos para votar
UNANIMIDAD A FAVOR
4. Spots Mexicanos Primero
UNANIMIDAD A FAVOR
5. Elección de gobernador de Coahuila
UNANIMIDAD A FAVOR
6. Candidatura de Miguel Ángel Mancera al Senado
UNANIMIDAD A FAVOR
7. Candidatura de Napoleón Gómez Urrutia al Senado
UNANIMIDAD A FAVOR
8. Candidatura de Cuauhtémoc Blanco para gobernador de Morelos
UNANIMIDAD A FAVOR
El profesor del CIDE, Javier Martín Reyes también señala el desencanto con la actual gestión de los árbitros electorales: “Hemos visto a un Tribunal con falta de consistencia jurídica, o con argumentos jurídicos muy endebles. Incluso cayendo en contradicciones con sentencias del propio Tribunal. La actual integración del Tribunal había generado cierta expectativa, pues tiene a gente preparada y con experiencia, pero pronto mostraron fallas graves.”
CONÓCELOS
Fecha de elección por el Senado (todos): 20 de octubre de 2016.
Inicio en el cargo (todos): 4 de noviembre de 2016
Janine Madeline Otálora Malassis
PRESIDENTA
EDAD
60 años
60 años
TIEMPO
9 años
9 años
GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
Doctorado - Sorbona de París
Doctorado - Sorbona de París
UNIVERSIDAD
UNAM
UNAM
Felipe de la Mata Pizaña
MAGISTRADO
EDAD
46 años
46 años
TIEMPO
9 años
9 años
GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
Dotorado - U. Panamericana y Castilla La Mancha (España)
Dotorado - U. Panamericana y Castilla La Mancha (España)
UNIVERSIDAD
Escuela Libre de Derecho
Escuela Libre de Derecho
Mónica Arali Soto Fregoso
MAGISTRADA
EDAD
47 años
47 años
TIEMPO
9 años
9 años
GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
Maestría - Universidad Internacional de la Paz
Maestría - Universidad Internacional de la Paz
UNIVERSIDAD
Universidad Autónoma de Guadalajara
Universidad Autónoma de Guadalajara
Reyes Mondragón Rodríguez
MAGISTRADO
EDAD
44 años
44 años
TIEMPO
8 años
8 años
GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
Maestría - CIDE e Instituto Internacional de Sociología Jurídica (España)
Maestría - CIDE e Instituto Internacional de Sociología Jurídica (España)
UNIVERSIDAD
ITAM
ITAM
Felipe Alfredo Fuentes Barrera
MAGISTRADO
EDAD
57 años
57 años
TIEMPO
8 años
8 años
GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
Doctorado - Universidad Tepantlato
Doctorado - Universidad Tepantlato
UNIVERSIDAD
UNAM
UNAM
José Luis Vargas Valdez
MAGISTRADO
EDAD
45 años
45 años
TIEMPO
6 años
6 años
GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
Doctorado - Universidad Pompeu Fabra (España)
Doctorado - Universidad Pompeu Fabra (España)
UNIVERSIDAD
ITAM
ITAM
Indalfer Infante Gonzales
MAGISTRADO
EDAD
54 años
54 años
TIEMPO
6 años
6 años
GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
Doctorado - Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores
Doctorado - Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores
UNIVERSIDAD
Universidad Autónoma de Guerrero
Universidad Autónoma de Guerrero
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Desde el pasado 4 de junio, este medio presentó una solicitud de transparencia a la Suprema Corte para obtener copias de las declaraciones patrimoniales de los siete magistrados del Tribunal Electoral.
La Corte tardó dos meses en dar respuesta. El pasado 1 de agosto, su Comité de Transparencia sesionó para determinar que la información solicitada es de carácter confidencial. Ese mismo día, al final de la tarde, la resolución fue entregada. Es decir, dejaron la respuesta para el último minuto del plazo establecido.
En el oficio enviado, se explica que la Secretaría General de la Presidencia de la Corte, que preside el ministro Luis María Aguilar Morales, fue la encargada de realizar la clasificación de la información, por lo cual no puede ser conocida por los ciudadanos.
En semanas pasadas, este medio también buscó a Julián Andrade, vocero del Tribunal Electoral para solicitar una versión del organismo y de los siete magistrados ante la publicación de este reportaje.
Aunque Andrade dijo que atendería un cuestionario enviado, el pasado 2 de agosto su respuesta fue opuesta:
“Te agradecemos el habernos consultado, pero los magistrados están concentrados en el tema que ahora les ocupa de la calificación de la elección”, respondió a través de un mensaje de WhatsApp.
En el cuestionario enviado a los magistrados del TEPJF se les pidió saber por qué han decidido reservar sus declaraciones patrimoniales, si las propiedades aquí publicadas eran todas las que tenían a su nombre o si había más y, particularmente, cuál era su opinión sobre la confianza que podría generar el organismo si ellos hicieran públicos sus bienes.
Sin embargo, el vocero del Tribunal Electoral dejó de contestar los mensajes y los magistrados optaron por no responder ninguna de las preguntas.
LAS PROPIEDADES
Janine Otálora Malassis
PRESIDENTA
TIPO DE PROPIEDAD
Departamento
Departamento
UBICACIÓN
Ciudad de México
Ciudad de México
COSTO
$1,150,000
$1,150,000
AÑO DE COMPRA
2007
2007
TIPO DE PROPIEDAD
Departamento
Departamento
UBICACIÓN
Ciudad de México
Ciudad de México
COSTO
$2,592,000
$2,592,000
AÑO DE COMPRA
2005
2005
TIPO DE PROPIEDAD
Departamento
Departamento
UBICACIÓN
Guanajuato
Guanajuato
COSTO
$1,750,000
$1,750,000
AÑO DE COMPRA
2011
2011
TIPO DE PROPIEDAD
Lote
Lote
UBICACIÓN
Guanuajuato
Guanuajuato
COSTO
$ND
$ND
AÑO DE COMPRA
2017
2017
TIPO DE PROPIEDAD
Lote
Lote
UBICACIÓN
Guanuajuato
Guanuajuato
COSTO
$ND
$ND
AÑO DE COMPRA
2015
2015
TIPO DE PROPIEDAD
Lote
Lote
UBICACIÓN
Guanuajuato
Guanuajuato
COSTO
$ND
$ND
AÑO DE COMPRA
2015
2015
TIPO DE PROPIEDAD
Sin especificar
Sin especificar
UBICACIÓN
Guanuajuato
Guanuajuato
COSTO
$45,000
$45,000
AÑO DE COMPRA
2001
2001
José Luis Vargas Valdez
MAGISTRADO
TIPO DE PROPIEDAD
Oficina
Oficina
UBICACIÓN
Ciudad de México
Ciudad de México
COSTO
$880,000
$880,000
AÑO DE COMPRA
2017
2017
TIPO DE PROPIEDAD
Departamento
Departamento
UBICACIÓN
Ciudad de México
Ciudad de México
COSTO
$6,800,000
$6,800,000
AÑO DE COMPRA
2011
2011
TIPO DE PROPIEDAD
Lugar de estacionamiento
Lugar de estacionamiento
UBICACIÓN
Ciudad de México
Ciudad de México
COSTO
$137,000
$137,000
AÑO DE COMPRA
2011
2011
TIPO DE PROPIEDAD
Lugar de estacionamiento
Lugar de estacionamiento
UBICACIÓN
Ciudad de México
Ciudad de México
COSTO
$137,000
$137,000
AÑO DE COMPRA
2011
2011
TIPO DE PROPIEDAD
Departamento
Departamento
UBICACIÓN
Ciudad de México
Ciudad de México
COSTO
$1,630,720
$1,630,720
AÑO DE COMPRA
2011
2011
Felipe de la Mata Pizaña
MAGISTRADO
TIPO DE PROPIEDAD
Departamento
Departamento
UBICACIÓN
Ciudad de México
Ciudad de México
COSTO
$880,000
$880,000
AÑO DE COMPRA
2006
2006
TIPO DE PROPIEDAD
Departamento
Departamento
UBICACIÓN
Ciudad de México
Ciudad de México
COSTO
$293,200
$293,200
AÑO DE COMPRA
2002
2002
Felipe Alfredo Fuentes Barrera
MAGISTRADO
TIPO DE PROPIEDAD
Casa
Casa
UBICACIÓN
Estado de México
Estado de México
COSTO
$1,800,000
$1,800,000
AÑO DE COMPRA
2015
2015
TIPO DE PROPIEDAD
Departamento
Departamento
UBICACIÓN
Ciudad de México
Ciudad de México
COSTO
$3,821,709
$3,821,709
AÑO DE COMPRA
2002
2002
TIPO DE PROPIEDAD
Departamento
Departamento
UBICACIÓN
Ciudad de México
Ciudad de México
COSTO
$198,222,000
$198,222,000
AÑO DE COMPRA
1990
1990
Indalfer Fuentes Gonzales
MAGISTRADO
TIPO DE PROPIEDAD
Casa
Casa
UBICACIÓN
Ciudad de México
Ciudad de México
COSTO
$3,201,000
$3,201,000
AÑO DE COMPRA
2005
2005
TIPO DE PROPIEDAD
Parcela
Parcela
UBICACIÓN
Guerrero
Guerrero
COSTO
$ND
$ND
AÑO DE COMPRA
2008
2008
Mónica Arali Soto Fregoso
MAGISTRADO
TIPO DE PROPIEDAD
Departamento
Departamento
UBICACIÓN
Jalisco
Jalisco
COSTO
$ -
$ -
AÑO DE COMPRA
2007
2007
Reyes Mondragón Rodríguez
MAGISTRADO
TIPO DE PROPIEDAD
No se hallaron
No se hallaron
UBICACIÓN
Sin Datos
Sin Datos
COSTO
Sin Datos
Sin Datos
AÑO
Sin Datos
Sin Datos
Este reportaje fue realizado por el periodista Rafael Cabrera para Aristegui Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.
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