Olga Sánchez
Cordero, quien desde el próximo diciembre despachará como secretaria de Gobernación,
tiene por delante tareas titánicas. Una de ellas es dar solución a las decenas
de miles de casos de desapariciones forzadas, hacer la consecuente justicia,
dar respuesta a los familiares de las víctimas, así como recuperar la
gobernabilidad que se ha perdido ante los embates del crimen organizado.
“El Estado está rebasado para dar respuesta a
lo que pasó con cada uno de los desaparecidos y para dar nombre a todos los
cuerpos no identificados”, afirma Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de
Gobernación y a quien le tocará, según sus palabras, pacificar el país,
encontrar a los cientos de miles de desaparecidos, hacer justicia a las
víctimas y recuperar la gobernabilidad que el Estado ha perdido ante los
embates del crimen organizado.
Para
recuperar la gobernabilidad, Sánchez
Cordero le apuesta a los programas anunciados por Andrés Manuel López Obrador,
como “Sicarios no, becarios sí”, legalizar la mariguana y otorgar amnistía, a
los que ella añade blindar la frontera para que no entren armas ilegales,
desarmar a los cárteles, crear comisiones de la verdad regionales y otras para
casos específicos –como Nochixtlán, Tlatlaya y Ayotzinapa– y reforzar la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de
Búsqueda (CNB).
Entrevistada
el miércoles 1, Sánchez Cordero cuenta:
“Tenía idea de la situación tan verdaderamente trágica, tan delicada, tan
compleja que viven muchas familias en este país, pero no había dimensionado en
toda su magnitud la tragedia nacional, hasta que me entrevisté con integrantes
de colectivos, básicamente mujeres, madres que buscan a sus hijos. ¡Es
dramático!”
Refiere que las cifras oficiales
indican que en los dos últimos sexenios hubo 40 mil desaparecidos. Sin embargo,
tiene información según la cual sólo en Veracruz fueron 20 mil, lo mismo que en
Tamaulipas. Sumadas estas cifras a las del resto del país, los desaparecidos
podrían ser más de 300 mil.
Las víctimas “quieren una respuesta
del Estado; no sólo quieren que el Estado los acompañe, sino que haga algo. La
queja es que las autoridades no hacen nada. Me dicen: ‘Hemos empujado la Ley de
Víctimas, la Ley de Desapariciones y de Desaparición Forzada, hemos creado la
Comisión de Víctimas y la de Búsqueda’. Obviamente hay una voluntad de atender
esta demanda de verdad y justicia, la demanda más importante.
“En este momento, la palabra clave de
toda la sociedad mexicana es esa: justicia. Justicia social como la que está
ateniendo Andrés Manuel, con mejor redistribución del ingreso, pero también
justicia para las víctimas del crimen. Andrés Manuel me ha dado carta abierta
para transitar en una justicia que dé respuesta a las víctimas.”
Explica: “Se ha criticado mucho la Ley de Amnistía.
Tendrá que ser resultado de un proceso de escucha, de los foros –que por
instrucciones de López Obrador atenderá Loretta Ortiz– que vamos a inaugurar el
7 de agosto en Ciudad Juárez. La Secretaría de Gobernación va a tener la tarea
de dar la respuesta del Estado a las tragedias vividas por la población, como
en Ayotzinapa, Nochixtlán, Tlatlaya, las fosas de Morelos, de San Fernando y
otros muchos eventos paradigmáticos y significativos; también el reclamo de las
víctimas de obtener verdad, justicia, reparación y no repetición. Implica una
política púbica donde se vayan creando comisiones. Yo le apuesto a comisiones
de la verdad regionales para las desapariciones. Y a comisiones particulares,
léase Ayotzinapa, Nochixtlán o Tlatlaya”.
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