Las extrañas transferencias millonarias de Altos Hornos de México a #Odebrecht

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció en enero de 2014 que había comprado a Altos Hornos de México una empresa de fertilizantes: Agro Nitrogenados, una planta “chatarra” que tenía 14 años sin operar y con equipos de 30 años de antigüedad.

El costo de la transacción, considerada por especialistas como un “pésimo negocio” para la empresa estatal, sumó 475 millones de dólares, destinados a la compra de los activos y a la rehabilitación de la planta.

La imagen es convencional, sin nada que a simple vista parezca extraño, ningún elemento que llame la atención: 13 hombres de traje, 13 hombres de gris y negro, posan con formalidad.

Parados alrededor del semicírculo de una elegante mesa corporativa, despliegan la misma actitud, casi nada los diferencia, excepto el color de sus corbatas: verde limón a la derecha, morado claro a la extrema izquierda, azules ligeros, un solitario rojo; un par de prendas negras.

Destaca una corbata color rosa: la lleva un hombre llamado Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y funcionario muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto.

Es 14 de enero de 2014 y miran con gravedad a la cámara; casi todos sostienen una de sus manos con la otra. Es obvio que el momento reviste importancia.

Lo tiene, en efecto: se anuncia oficialmente que Pemex invertirá 475 millones de dólares en los activos y en la rehabilitación de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes que se encuentra parada desde hace 14 años y cuya maquinaria, equipo e instalaciones tienen 30 años de antigüedad.

Un boletín titulado “Pemex reactivará la producción de Fertilizantes en México” acompaña la fotografía. Da cuenta de la transacción, del monto de la misma, de las expectativas y remata con un párrafo: “Con esta operación, Pemex cumple su compromiso con el campo mexicano, el Plan Nacional de Desarrollo y con las iniciativas del presidente Peña Nieto de un México Próspero”.

El boletín no lo menciona, pero hay un detalle importante en esta historia: Agro Nitrogenados es una empresa de Altos Hornos de México, el mayor consorcio acerero del país, cuyas acciones están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

Un mes después de que Pemex anuncia la compra de Agro Nitrogenados se produce una operación: Altos Hornos de México realiza, exactamente el 17 de febrero de 2014, una transferencia de un millón 481 mil dólares a la cuenta bancaria de la empresa Grangemouth Trading Company LP.

Grangemouth Trading no es cualquier firma: es una de las decenas de empresas fachada montadas por la constructora Odebrecht para distribuir miles de millones de dólares destinados a pagar sobornos o “propinas” a la élite política de los países de América Latina en los que la empresa brasileña operaba, incluido México según documentos secretos obtenidos por El Quinto Elemento Lab como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.

No será la única transferencia. Pasan algunas semanas más. Altos Hornos de México hace dos traspasos adicionales a Grangemouth, cada uno por un poco más de un millón 110 mil dólares.

La primera operación tiene fecha del 26 de febrero y la otra del 10 de marzo de 2014, según los estados de cuenta de esa firma fantasma en poder del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, documentos que forman parte de las 20 carpetas electrónicas, alrededor de 100 cuartillas de transcripciones y resúmenes de testimonios jurados, copias de los registros de transferencias, órdenes de pago expedidas por los bancos de donde salían los recursos, a los cuales Quinto Elemento Lab ha tenido acceso.

Ambas transferencias llegan a la cuenta número 244087 que Grangemouth mantiene en el Meinl Bank, banco con sede en la isla caribeña de Antigua comprado por funcionarios de Odebrecht con el propósito de evadir los controles del sistema financiero internacional.

Desde ese banco, y utilizando compañías de papel, se operaron libremente los sobornos destinados a presidentes, ministros, viceministros, congresistas, directores de empresas públicas y prominentes políticos en una docena de países de América Latina y África.

El nombre de Grangemouth Trading Company, firma que carece de empleados y oficinas, pero cuyo “domicilio virtual” se encuentra en un edificio de departamentos de Edinburgo, Escocia, adquirirá particular relevancia para México.

La razón no es menor: como reveló Quinto Elemento Lab en agosto de 2017, de esa misma cuenta de Grangemouth Trading salieron también los 5 millones de dólares transferidos a Zecapan SA, la offshore en donde se depositaron los sobornos dirigidos a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), según declararon bajo juramento ante la justicia brasileña tres de los más prominentes ex ejecutivos de Odebrecht involucrados en la mayor trama de corrupción en la historia del continente.

El 16 de diciembre de 2016, y con sus 59 años a cuestas, Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, acude a la cita pactada con la Procuraduría General de Brasil para proporcionar su delación sobre sus “aventuras criminales” en nuestro país.

Si quiere participar en el programa de “colaboraciones premiadas”, debe contar todo lo que sabe sobre cómo Odebrecht logró insertar la corrupción en el primer círculo del gobierno mexicano.

Sabe, como los 77 ejecutivos y ex ejecutivos de Odebrecht que han participado en los acuerdos, que los beneficios de la colaboración (penas más benignas), por ejemplo, dependen de que revelen la información sobre cómo opera la estructura criminal y entreguen documentos que corroboren lo confesado.  

Hijo de Manuel Weyll y Selene Meneses, Luis Alberto de Meneses no tiene ya mucho que perder. Los fiscales brasileños han ido deshebrando esa compleja trama de corrupción. Se encuentra acorralado. Muchos hilos llevan a él y a sus compañeros.

Así que De Meneses se presenta una tarde de la semana previa a la Navidad de 2016 a la sede de la Procuraduría General de la República en el municipio de Guarulhos, aunque aún vive en la Ciudad de México, en específico en el complejo de Rubén Darío 115, en Polanco, un lujoso condominio en el que la renta mensual no es menor de 5 mil dólares.

Durante unos 50 minutos ratifica lo que ha declarado ya por escrito y aclara algunas dudas de los fiscales. Lo acompañan sus cuatro abogados. Está a punto de firmar formalmente su “colaboración premiada” y, así, ayudar a desentrañar el complejo esquema de “propinas indebidas” para “agentes políticos”.

De Meneses se explaya: cuenta que conocía a Emilio Lozoya Austin desde 2009, época en que éste era director para América Latina del Foro Económico Mundial. Y que cuando se enteró de que había planes del gobierno de Enrique Peña Nieto para construir una nueva refinería de Pemex en Hidalgo, decidió retomar el contacto con Lozoya, con las perspectiva de “obtener contratos” para Odebrecht. Era el 2011 y su apuesta era que llegarían buenos tiempos.

Lozoya y De Meneses se reunieron y, dado que los proyectos se desarrollarían en Hidalgo, el futuro director de Pemex le dio un “consejo” clave: le recomendó asociarse con Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Industriales Tapia, empresa con sede en Tula, Hidalgo.

Así que el director superintendente de Odebrecht en México le hizo caso a Lozoya y se asoció con esa compañía mexicana, con la perspectiva de adjudicarse obras Pemex, CFE, SCT y Conagua. Tenían una meta conjunta: obtener contratos por unos 2 mil 500 millones de pesos.

Los meses transcurrieron y sus contactos colocaron de nuevo a Lozoya Austin en la ruta que parecía correcta. Luis Videgaray, entonces coordinador de la precampaña presidencial de Peña Nieto, lo había llevado al primer círculo. Lozoya fue designado el 11 de enero de 2012 como vicecoordinador de Vinculación Internacional de la campaña del candidato priista.

De Meneses no perdió de vista ese detalle: “En esa misma época (inicios de 2012) constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito”.

Los ojos del brasileño apreciaban un futuro promisorio para Lozoya Austin. Para marzo de 2012 lo veía como uno de los líderes de la campaña, “razón por la cual se convertiría probablemente en una persona influyente dentro de la administración pública del país”.

Luis Alberto no se cruzó de brazos. Llamó telefónicamente y concertó una cita con Emilio. Se vieron en un hotel de la Ciudad de México y conversaron sobre la posición política de Lozoya Austin, quien le aseguró que si el PRI conquistaba el poder, él asumiría un cargo de relevancia en el gobierno federal.

En esa ocasión, recuerda De Meneses ante los fiscales, Lozoya dijo algo que el brasileño ya esperaba. “Con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacerle un pago del orden de cinco millones de dólares”.

De Meneses concluyó en ese instante que “sería positivo estrechar las relaciones con él”, pues en un futuro gobierno podría tener extensos beneficios. Así que le respondió a Lozoya que evaluaría el tema del pago y lo contactaría a la brevedad posible.

No lo pensó mucho. Consideró “el potencial que Emilio Lozoya representaba”, por lo que le propuso a su superior directo en Brasil, Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, que se hiciera un pago de cuatro millones de dólares. Era cuestión de ver hacia el futuro. Apostaban a que Lozoya se consolidaría como un “agente público” de relevancia. La transferencia fue autorizada.

Así que, ya con la aprobación en la mano, se encontró de nuevo con Lozoya Austin. “Nos reunimos en un café en las inmediaciones de Lomas, un Café El Globo. Y le dije que haríamos el esfuerzo de contribuir con cuatro millones de dólares a título de su, digamos, atención en los últimos años”, cuenta De Meneses al fiscal André Bueno la tarde del 16 de diciembre de 2016.

De Meneses le proporcionó en ese café más detalles a Emilio: le pagarían los cuatro millones en varias transferencias que harían a lo largo de 2012. Lozoya quedó de darle los datos de las cuentas bancarias a las que deberían realizarse los depósitos.

Días después, Lozoya acudió al edificio de Odebrecht en México, en Lomas Virreyes. Le entregó, según detalla ampliamente De Meneses, las cuentas a nombre de dos compañías offshore para que ahí se depositaran los pagos: la primera era Latin American Asia Capital Holding. La segunda era Zecapan SA, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y con cuentas en un banco del Principado de Liechtenstein.

Así que, pasados los meses, a la cuenta que Zecapan SA tenía en el Neue Bank llegaron cinco transferencias por un total de 5 millones de dólares entre el 3 de diciembre de 2013 y el 19 de marzo de 2014. Todo el dinero venía de Grangemouth Trading.

Emilio Lozoya ha rechazado reiteradamente los hechos que le imputan los ex ejecutivos brasileños. “Niego categóricamente las imputaciones y la información que hace referencia a supuestos actos de solicitud y/o recepción de sobornos directa o indirectamente por mi parte a la empresa Odebrecht o a sus funcionarios”, expresó en un comunicado emitido después de que se conocieran públicamente las afirmaciones.

LAS TRANSACCIONES: QUIÉN Y CUÁNDO LE ENVÍO DINERO A QUIÉN.

El dueño de Altos Hornos de México hizo uno de los mejores negocios de su existencia al venderle al Pemex dirigido por Lozoya Austin la empresa Agro Nitrogenados SA, una planta productora de urea que al momento de la compra-venta ya era considerada “chatarra” por los especialistas de la industria de fertilizantes.

La planta industrial tenía 14 años parada, tiempo durante el cual la maquinaria no recibió mantenimiento, y sus equipos e instalaciones contaban con 30 años de antigüedad, sin contar con que el proceso de producción con el que operaba resultaba obsoleto.

Esta realidad contrasta con el optimismo de Pemex al adquirir la empresa. “Con esta compra, Pemex reactivará la producción de hasta 990 mil toneladas anuales de urea a partir de 2015”, prometía el comunicado oficial. Además, destacaba que la producción esperada de urea representaría “cerca de 75 por ciento de la demanda nacional actual de este insumo estratégico para el agro nacional”.

Las altas expectativas oficiales sobre el potencial de Agro Nitrogenados obviaban un antecedente: ésta dejó de operar en septiembre de 1999 cuando la propia Pemex le canceló el suministro de amoniaco, la materia prima para la elaboración de urea, por la millonaria deuda que Agro Nitrogenados tenía con la paraestatal y porque los trabajadores estallaron una huelga en demanda del pago de sus salarios.

La empresa estatal tuvo que entablar demandas para exigir la entrega del dinero que le adeudaban. A Rogelio Martínez, entonces jefe de la Unidad Jurídica de Pemex Petroquímica, le tocó llevar esos litigios.

Por eso estalló cuando se enteró de que Agro Nitrogenados pasaría a manos del gobierno. “El gobierno comprará a precio de oro una planta oxidada. Esa planta es chatarra. ¿Qué es lo más fácil para Agro Nitrogenados? Vendérsela a un tarugo como es Pemex, o sus funcionarios, como si fuera una planta nueva”, denunció en entrevista con el diario Reforma, publicada apenas unos días después de que se anunció la transacción.

Abogado de profesión, Rogelio Martínez insistió en lo que desde entonces le parecía una maniobra fraudulenta: él había visitado la planta ocho años antes de que Pemex anunciara su compra; “desde entonces –sostuvo–, ya era chatarra”.  

En realidad, “lo que va a hacer Pemex es que va a poner una planta nueva. Van a decir que es mantenimiento, pero, ¿en qué va consistir ese mantenimiento? En quitar los fierros viejos que compraron y poner unos nuevos”, contó al reportero del diario.

Ello, naturalmente, implicaba incurrir en pérdidas desde el principio, pérdidas que absorbería el gobierno y, por ende, cada uno de los mexicanos.

Emilio Lozoya Austin cumplía escaso un año como director general de Pemex cuando el Consejo de Administración de la empresa, del cual él era el presidente, avaló la compra de la planta de urea a Altos Hornos de México en su sesión extraordinaria del 17 diciembre de 2013.

El anuncio formal, para el que se congregaron los 13 hombres de traje negro que aparecen en la imagen, se realizó días después: el 14 de enero de 2014.

Se informó entonces que la operación requeriría que Pemex pagara un total de 475 millones de dólares, incluyendo la compra de construcciones, maquinaria y equipo, así como la rehabilitación y renovación de la planta.

De esa cantidad, 275 millones de dólares irían a la tesorería de Altos Hornos de México y otros 200 millones de dólares serían utilizados para echar a andar la planta 15 meses después, una vez concluidos los trabajos de rehabilitación.

El plan original era que en noviembre de 2015 y en abril de 2016 comenzaran a operar respectivamente las dos fases de la planta de urea.

Los pronósticos no se cumplieron. Las condiciones de Agro Nitrogenados estaban peor de lo que se había previsto. En agosto de 2015 el Consejo de Administración de Pemex autorizó gastar otros 285 millones de dólares para rehabilitar la planta, con lo que el costo se elevó a 760 millones de dólares hasta ese momento.

Los tiempos corrieron y la planta no entró en funcionamiento. Así que Pemex aprobó nuevas fechas de arranque: mayo de 2017 para una primera etapa, el tercer trimestre del mismo 2017, para el resto. Tampoco se cumplieron.

Quedaron en el olvido las ambiciosas metas con las que Edgar Torres, asesor ejecutivo del director general de Pemex, argumentó en favor de comprar la empresa a Alonso Ancira Elizondo:

“Uno de los beneficios asociados a esta adquisición será abastecer a la agroindustria en el país que no tiene acceso a los fertilizantes”, vaticinó Edgar Torres en declaraciones recogidas por los diarios nacionales.

Es más, aventuró, si se vende el fertilizante en las cantidades consideradas, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y Chiapas “podrían incrementar su producción de granos, lo cual a su vez reduciría las importaciones de alimentos”.

Edgar Torres, quien meses después sería nombrado director de Pemex Fertilizantes, esgrimió otro argumento en favor de la compra: México dejaría de importar urea de Irán, China o Ucrania, por lo que el país podría ahorrar más de 400 millones de dólares al año.

Nada funcionó. Ni se sustituyeron las importaciones, ni se logró abastecer de fertilizantes a la agroindustria, ni se incrementó la producción de granos, ni se redujo la importación de alimentos en esos años. La planta inició pruebas de arranque apenas en mayo de este 2018.

La adquisición de Agro Nitrogenados llamó la atención de la Auditoría Superior de la Federación, cuyos especialistas realizaron en diferentes momentos varias revisiones.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión había solicitado el 20 de enero de 2016 que se fiscalizara la operación. Eso es lo que los auditores hicieron y esto encontraron, según la “Auditoría Financiera y de Cumplimiento 498-DE. Adquisición de Agro Nitrogenados”, incluida en la Cuenta Pública 2015:

La compra se hizo con base en avalúos presentados por Altos Hornos de México “tres meses después de la formalización del contrato”. Y, de hecho, fueron una formalidad, pues el valor de los activos se “ajustó a hechos consumados, es decir al monto ya pactado previamente de 275 millones de dólares”.

Un avalúo previo a la compraventa realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), dependiente de la Secretaría de Hacienda, situaba el valor de Agro Nitrogenados en 168 millones de dólares.

Pemex desestimó el avalúo oficial, por lo que la operación se realizó con un sobrecosto de 95 millones de dólares. Pemex pagó mil 328 millones de pesos de más por Agro Nitrogenados.

El 60 por ciento de la maquinaria y equipo de Agro Nitrogenados era inservible.

No se realizaron evaluaciones previas de los bienes comprados “porque, según Pemex, el vendedor se opuso, ya que de hacerlo se perdería la garantía de los mismos”.

Era ilógico: la planta “tenía 14 años sin operar y en las prácticas de negocios no se conoce que se otorguen garantías a bienes con considerable antigüedad y que no estén en funcionamiento”.

En el contrato de compraventa “se consideraron 432 bienes valuados en 26 millones 265 mil dólares (337 millones 934 mil pesos) que posteriormente se calificaron como material en desuso o chatarra”.

A la fecha de cierre de la auditoría (26 de enero de 2017) la planta no ha entrado en operación a pesar de que en el proyecto inicial se estimó que una de las plantas iniciaría operaciones en noviembre de 2015 y la otra en abril de 2016.

En síntesis: la adquisición de Agro Nitrogenados “no se realizó con las mejores condiciones de precio y calidad”.

Una segunda auditoría, la 438-DE, ahora sobre el proceso y los costos de la rehabilitación de la planta, encontró lo siguiente, entre otras cosas:

Se compró una planta de fertilizantes con “equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad”.

La compra careció de estudios y análisis competentes para garantizar su rentabilidad.

Hubo deficiencias en la evaluación de la propuesta.

Falta de control del presupuesto y de los tiempos estipulados en el contrato de rehabilitación.

Falta de experiencia de la empresa creada por Pemex para producir fertilizantes.

Aumento del monto contratado sin justificación del aumento de costos.

No hay permisos ambientales.

No se cumplió con la norma sobre uso de asbesto en techumbres.

La ASF ordenó en enero de 2018 realizar las investigaciones pertinentes e iniciar procedimientos administrativos por las irregularidades de servidores públicos que “en su gestión adquirieron una planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación, lo cual no ha generado utilidad para el Estado”.

La conclusión: Pemex hizo una mala adquisición y perdió cientos de millones de dólares.

Pocos meses después de la llegada de Emilio Lozoya Austin a la Dirección General de Pemex se puso en marcha un proyecto estratégico de inversión llamado “Fortalecimiento de las Capacidades Operativas 2013-2015”.

Básicamente, consistía en adquirir 41 vehículos terrestres, nueve aeronaves e instalar un Centro de Mando y Control con varios propósitos, de los cuales dos eran esenciales:

Vigilar por tierra y aire la infraestructura e instalaciones estratégicas de Pemex.

Interceptar e interrumpir de manera rápida y efectiva las acciones del crimen organizado mediante la movilización y el desplazamiento aéreo y terrestre del personal.

Los autores del proyecto tenían una idea clara de lo que pretendían: mejorar la protección de las instalaciones de Pemex mediante el aumento de las capacidades de vigilancia en ductos e infraestructura estratégica con “tecnología de primera generación”, para “actuar de manera contundente y oportuna” en los lugares donde se registrara un ilícito.

Argumentaron que eso permitiría “abatir el mercado ilícito de combustibles” y otras actividades del crimen organizado” que afectan el desempeño de la empresa.

Para conseguirlo se necesitaba dedicar una partida significativa de presupuesto para la compra y el arrendamiento del equipo: 2 mil 521 millones de pesos.

De todos esos millones de pesos, casi la mitad se dedicaron para adquirir un avión Gulfstream G550 (733.6 millones), un avión Cessna Sovereign (203.6 millones) y un helicóptero Eurocopter EC-145 (118.8 millones de pesos) para “el traslado de funcionarios de alto nivel para toma de decisiones y otras actividades de seguridad nacional”.

El helicóptero fue entregado a Petróleos Mexicanos el 14 de agosto de 2014. Y pronto se puso en operación. Pasó el tiempo y los especialistas de la Auditoría Superior de la Federación decidieron dar una revisada a ese proyecto, en particular al uso del equipo aéreo de Pemex.

Pidieron documentación, soporte de los gastos y las bitácoras de los vuelos de esas aeronaves. Pronto hubo sorpresas: las áreas responsables de Pemex no tenían ningún registro de los destinos ni de los pasajeros que hacían uso de ellas.

La Secretaría de Defensa Nacional, cuyo personal conducía las aeronaves, accedió entonces a entregar las bitácoras de vuelo a los auditores, quienes revisaron la documentación y encontraron lo siguiente:

Todos los vuelos, tanto del Cessna Sovereign como del helicóptero Eurocopter, se solicitaron telefónicamente desde la oficina central de Pemex y las bitácoras del personal militar “sólo indican el destino al que se trasladó al ‘DG’ (Director General) y pasajeros, sin especificar los nombres de sus acompañantes”.

En la revisión hallaron otros datos: Emilio Lozoya Austin realizó 727 traslados en el Eurocopter durante 2015, lo que equivale a dos viajes en helicóptero por día.

Esos vuelos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación en su Informe de la Cuenta Pública 2015, no eran ni “estratégicos” ni de “seguridad nacional”.

Revisaron también el origen y destino de los vuelos. De los resultados, destaca uno: Lozoya Austin utilizó el helicóptero de Pemex para realizar 54 vuelos (una vez a la semana en promedio) a la torre ubicada en Campos Elíseos 29, en Polanco.

Esa dirección es la sede de la Torre del Grupo Acerero del Norte, desde donde despacha Alonso Ancira, el presidente de una empresa conocida: Altos Hornos de México.

De: JOSE IGNACIO RODRIGUEZ REYNA <rodriguezreyna5elab@gmail.com>

Fecha: lunes, 23 de julio de 2018, 18:38

Para: Francisco Orduña <forduna@gan.com.mx>

Asunto: Consulta de Quinto Elemento Lab

Lic. Francisco Orduña

Director Corporativo de Comunicación y Relaciones Públicas

Grupo Acerero del Norte

Estimado Lic. Orduña:

Le escribo porque como parte de la investigación que llevan a cabo las autoridades de la Fiscalía General de Brasil se han obtenido documentos en los que aparece la empresa Altos Hornos de México SAB de CV.

Es por ello que me permito hacerle llegar las siguientes preguntas, con el propósito de incorporar su respuesta al texto de la investigación que será publicado en breve en varios medios de comunicación.

1) ¿Altos Hornos de México (AHMSA) o alguna de sus subsidiarias ha tenido relaciones comerciales o empresariales con la constructora brasileña Odebrecht o alguna de sus filiales en México o en el extranjero? 

2) ¿AHMSA o alguna de sus subsidiarias ha tenido relaciones comerciales o empresariales con la firma Grangemouth Trading Company?

3) ¿AHMSA tiene o ha tenido cuentas en el Meinl Bank, banco con sede en Antigua?

4) Las autoridades de justicia de Brasil tienen registros de que AHMSA transfirió varios millones de dólares a principios de 2014 a las cuentas de Grangemouth Trading Company en ese banco. ¿Tienen algún comentario al respecto?

5) Las autoridades de Brasil investigan el esquema de corrupción ejecutado por Odebrecht a través de varias empresas offshore como Grangemouth Trading Company. ¿Tiene la empresa alguna idea de por qué aparece en los registros en posesión de la Fiscalía General de Brasil?

6) Las tres transferencias registradas por la justicia de Brasil fueron realizadas poco después de que Pemex anunció la formalización de la compra de Agro Nitrogenados (empresa relacionada directamente con AHMSA). ¿Tiene la empresa algún comentario al respecto?

Le agradezco su pronta atención a la presente y quedo atento a sus comentarios. 

Ignacio Rodríguez Reyna

Quinto Elemento Lab

De: Francisco Orduña Mangiola <forduna@gan.com.mx>

Fecha: 25 de julio de 2018, 12:05

Asunto: Re: Consulta de Quinto Elemento Lab

Hola de nuevo. Ya hablé con la gente de finanzas y localicé la documentación.

Con base en un contrato firmado en enero de 2013, Grangemouth participó en un proyecto de expansión de las siderúrgicas en Monclova, a fin de producir aceros de alta especificación para la industria automotriz.

En ese contexto, Grangemouth fue contratada para asesorar a la empresa en la búsqueda, selección, evaluación y cotización de los equipos y sistemas, determinación de proveedores en Europa y Asia, supervisión de la fabricación de la maquinaria, y establecimiento de la logística de provisionamiento.

A raíz de la caída internacional de los precios del acero, a inicios de 2014 se determinó suspender y postergar el desarrollo del proyecto, por lo que de común acuerdo con Grangemouth fue cancelado el contrato y se pagó en tres exhibiciones la factura emitida por esa empresa, con un total de USD $3’703,540.57, acorde a los trabajos efectuados hasta el momento.

El proyecto sigue suspendido. AHMSA no tiene cuentas bancarias en Antigua; se hicieron transferencias al banco y cuenta que indicó Grangemouth.

Grangemouth Trading registrada en Escocia en marzo de 2013 por Vicena Internacional, un despacho británico de abogados especializados en armar firmas offshore, sin actividad real alguna, utilizadas a menudo para esconder el origen de recursos financieros que desean ser ocultados o tienen un origen ilícito.

El día 15 de ese mes Grangemouth recibió el certificado SL 12621 del registro de Compañías de Escocia. Al pie del documento firman los socios de la firma: Stitchting Tilbourg Crousing y Stitching Tocumen, dos fundaciones con sede en Holanda.

El rastro de Grangemouth se hubiese perdido quizá si su verdadero propietario no hubiese entregado al fiscal brasileño Orlando Martello los documentos que ayudaran a comprobar que lo confesado era verdad.

Entre los “datos de corrobación entregados” el 22 de noviembre de 2016 se halla la estructura de un núcleo de firmas offshore agrupadas bajo Fincastle Enterprises.

Ahí aparecen las dos fundaciones holandesas como las propietarias de Grangemouth y de otras cuatro firmas de papel con sede en Escocia, Nueva Zelanda, Bahamas, Hong Kong y el Reino Unido.

Por encima de ellas se ubican dos figuras humanas con los nombres de quienes son los últimos y reales propietarios de este complejo entramado: los hermanos Olívio y Marcelo Rodrigues.

Uno de ellos es el padre conceptual, el que imaginó y dio vida a Grangemouth: Olívio Rodriguez Júnior, que hasta 2007 era socio de una correduría de divisas extranjeras, uno de cuyos clientes era precisamente Odebrecht y su filial Braskem.

A mediados de ese año Olívio se separó y fundó su propia empresa. Los responsables del Sector de Operaciones Estructuradas (Departamento de Sobornos) de Odebrecht se le acercaron entonces y le propusieron trabajar juntos.

Tendría que servir de intermediario de Odebrecht para realizar “pagos no oficiales” o ilícitos. “Aunque yo no sabía a quién pagaba ni lo que específicamente estaba pagando, podía imaginar que no era algo lícito y aun así acepté hacerlo”, confesó ante los fiscales que le tomaron declaración en noviembre de 2016 en la ciudad de Curitiba, Brasil.

Olívio Rodrigues es propiamente un “operador”, como llaman en Odebrecht a quienes les prestan sus servicios para realizar el pago de sobornos mediante empresas offshore instaladas en paraísos fiscales que escapen a la vista de las autoridades y que permitan hacer cuantiosas transacciones sin que sean reportadas.

No era cualquier operador. En su respectiva “colaboración premiada”, Hilberto Mascarenhas, el número 1 de toda la estructura de Odebrecht dedicada a generar y pagar a discreción sobornos a través de cuentas secretas, definió a Olívio de esta manera:

“Era nuestro mayor y más cercano operador. Por cuestiones de seguridad y para evitar el riesgo de contaminación con otras empresas, fue contratado con carácter de exclusividad para constituir offshores en paraísos fiscales y, a través de ellas, realizar pagos en nombre nuestro”.  

El propio Olívio lo ratificó cuando, acompañado de sus abogados Paula Sion de Souza y Valdeque Borguez, hizo su delación premiada: “A fin de hacer viables los pagos de Odebrecht abrí diversas empresas offshore, con cuentas bancarias, en varios países, y yo figuraba como el beneficiario último (ultimate beneficial owner) en todas ellas”.

Olívio era muy bueno para esos menesteres. Tanto que manejaba 20 firmas establecidas en paraísos fiscales, con cuentas en Antigua y Panamá, desde donde salían millones de dólares para entregar los sobornos en el extranjero.

Cuando estalló la Operación Lava Jato, los fiscales brasileños a cargo de la investigación le entregaron a Olívio Rodrigues una lista de offshores y le pidieron que revisara sus registros y averiguará cuánto le pagó a cada una de ellas y de qué cuenta bancaria lo hizo.

El operador estrella de Odebrecht lo hizo y llegó a una cifra sobre el monto de los sobornos que él había pagado directamente: “Luego de revisar los registros, la suma totalizó aproximadamente 170 millones de dólares”.

Y en ese momento se comprometió a entregar a la Fuerza de Tarea de la PGR brasileña los nombres de las empresas que creó, qué cantidades salieron de ellas y hacia dónde. Este es el listado que entregó:

Trident Inter Trading LTD (Antigua)

Fast Tracker Global Trade

Intercorp Logistic (Antigua)

Fincastle Enterprises LTD (Bahamas)

Masterton Logistics LP (Nueva Zelanda)

Pelican Venture Capital LCC

Ravenscraig Engineering LP (Holanda)

Strategic Project Planning LTD (Islas Vírgenes Británicas)

Yangtai Trading Limited (Hong Kong)

Baili Island Trading LTD (Hong Kong)

Provence Properties LLC (Islas Vírgenes Británicas)

Granite Investment Fund

Ipex Investment Fund

Magna International (Nevis)

Velocity Construction and Engineering LPP (Reino Unido)

Wahlberg Investment Consulting LP (Escocia)

Constructora Internacional del Sur (Panamá)

Klienfeld Services LTD (Antigua)

Innovation Research Engineering and Develop LTD (Antigua)

Grangemouth Trading Company LP (Escocia)

Structure – April 2014 – Grupo g Anexo 1d by Aristegui Noticias on Scribd

Las tres últimas son de interés especial para México a la luz de los testimonios jurados de tres de los más altos ejecutivos de Odebrecht: Luis Mameri, Hilberto Mascarenhas y Luiz de Meneses Weyll, quienes han contado con exhaustivos detalles cómo es que el consorcio brasileño presuntamente sobornó con poco más de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin desde 2012 y hasta 2014.

Los tres ex funcionarios de Odebrecht, actualmente en proceso ante la justicia brasileña, han accedido a colaborar con los fiscales para obtener una reducción en sus condenas y han entregado información que respalda sus afirmaciones e imputaciones.

Por ello han entregado los estados de cuenta de las empresas offshore. Lo que los reportes bancarios en poder de Quinto Elemento Lab señalan es lo siguiente:

De Klienfeld Services LTD salieron más de $524 mil dólares para Zecapan SA.

De Innovation Research Engineering and Develop LTD se transfirió un total de 3 millones 150 mil dólares para las cuentas de Latin American Asia Capital Holding.

De Grangemouth Trading Company LP se hicieron cinco transferencias por un total de 5 millones de dólares a las cuentas de Zecapan SA.

El 2 de febrero de 2018 el diario The Scotland Herald publicó un reportaje firmado por David Leask, reportero en jefe, titulado: “Firmas offshore de Escocia tienen un papel clave en un mega escándalo de corrupción en América”.

“The Herald –dice el texto– puede revelar que tres empresas situadas en Edinburgo fueron parte de un elaborado esquema global usado presuntamente para lavar multimillonarios sobornos pagados a políticos en toda Latinoamérica”.   

Las tres offshore, continúa el texto, estaban controladas por Olívio Rodrigues Júnior, uno de los muchos personajes detenidos el verano pasado en la Operación Lava Jato, junto con Marcelo Odebrecht y el jefe de gabinete del ex presidente Inazio Lula Da Silva. “El ejecutivo controlaba 19 de las 40 offshores mencionadas en el caso Lava Jato…, incluidas las sociedades de participación limitada llamadas Grangemouth Trading Company, Ravenscraig Engineering y Wahlberg Investments Consulting”.

Una búsqueda hecha por Quinto Elemento Lab en registros empresariales de Escocia y Reino Unido arrojó los siguientes resultados: Grangemouth Trading Company no tiene actividades comerciales ni posee propiedades, no declara empleados, no cuenta con oficinas, no tiene hipotecas.

No existe de ella ningún rastro oficial.

Olívio Rodrigues Júnior, ese hombre de cabello prematuramente cano, ya explicó a los fiscales brasileños por qué.   

* Este reportaje es parte de las publicaciones de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas de Armando.info en Venezuela; La Nación de Argentina; La Prensa de Panamá; Sudestada de Uruguay; Quinto Elemento Lab de México, e IDL-Reporteros de Perú.