Raymundo
Riva Palacio.
La
incertidumbre y angustia de cientos que nunca se expresó durante la campaña
presidencial, cuando Andrés Manuel López Obrador prometió que bajaría el 50 por
ciento de los salarios a todos los burócratas, cambió cuando un discurso de
campaña se convirtió en una realidad venidera, y a lo largo de las últimas
semanas se han venido aireando las preocupaciones de la alta burocracia. La
línea de pensamiento es que la alta burocracia gana mucho, que el país tiene
muchos pobres que necesitan más recursos, y que la mitad del salario de
alrededor de 35 mil burócratas que ganan por encima del techo señalado, ayudará
a cambiar la distribución de la riqueza. Así, las nóminas serán recortadas a
machetazos.
Si López
Obrador no cambia el machete por el bisturí, su promesa de campaña se
convertirá en una medida que por las mejores razones tendrá las peores
consecuencias para él, para su gobierno y para quienes hoy celebran en el
ajuste de cuentas salarial que planea, porque serán quienes, junto con el resto
de los mexicanos, paguen los efectos que tendrá probablemente la tabula rasa
que pretende el próximo presidente de México, que llevará a una administración
pública sin calidad de gestión y con pérdida de experiencia.
Este alegato
ha sido refutado por López Obrador, quien ha dicho que hay mucha gente que
quiere trabajar en su gobierno, incluso sin salario alguno. Es posible que sea
cierto, sobre todo en aquellos que están ingresando al mercado laboral, lo que
trasladaría la discusión al tema de la experiencia. Quienes ofrecen trabajar
sin goce de sueldo, salvo que sean millonarios filantrópicos, habría que ver de
qué vivirían o de dónde piensan sacar esos recursos, que no sea del erario. Las
buenas intenciones no llevan siempre a las mejores soluciones.
Un ejemplo
que ilumina la dimensión de esta medida es el Banco de México, que tiene como
misión mantener controlada la inflación, y cuyo trabajo ayuda a evitar crisis y
colapsos económicos. Todos los días observan los comportamientos de las
economías en el mundo, los efectos que tienen sobre ellas decisiones de otros
gobiernos –como se aprecia la inestabilidad en Turquía por los nuevos
arancelarios impuestos por Estados Unidos–, o incluso aspectos subjetivos como
las declaraciones de un líder, que si atemoriza a los mercados, pega
invariablemente a las divisas del mundo. Esos equilibrios que se dicen rápido,
como en esta descripción muy general de cómo operan algunas de sus áreas, son
profundamente complicados.
Esas
decisiones se toman a partir de la información que les dan funcionarios de la
alta burocracia que se han especializado en el análisis de comportamientos
específicos. Sus informes y reportes los revisa la Junta de Gobierno del Banco
de México que decide si, por ejemplo, recorta el dinero que se envía
diariamente a los bancos comerciales para reducir el circulante y contener la
inflación, o intervenir en el mercado de divisas para prevenir inestabilidad
cambiaria, que son dos aspectos de alto impacto psicológico entre los
mexicanos. También hay quienes revisan permanentemente el estado de las
reservas internacionales y monitorean sus flujos.
Quienes
hacen ese delicado y desconocido trabajo que afecta a 130 millones de
mexicanos, tienen niveles de especialización que fueron adquiriendo con la
expectativa de hacer una carrera dentro del servicio público que iba a pagarles
lo suficiente para poder llegar a jubilarse, con una pensión suficiente para
vivir dignamente y que les permitiera tener y educar a sus hijos como
quisieran. En este momento hay funcionarios muy angustiados en el Banco de
México, con créditos hipotecarios, con hijos pequeños y lustros de educación
por delante, que están viendo cómo la reducción salarial hará imposible que
paguen sus deudas o que sus hijos puedan seguir la educación que tenían
diseñada para ellos apenas hasta hace unos meses.
Su
desarrollo profesional también se verá mermado, no porque pueda perder el
trabajo, sino porque en el momento que esté en condiciones de jubilarse, su
pensión va a ser la mitad de lo que esperaba después de haber dedicado dos o
tres décadas al servicio público. No son pocos los que en el Banco de México,
como en otras áreas de especialización, están pensando en renunciar al llegar
el nuevo gobierno. Proporcionalmente, en el sector privado hay evaluaciones
para ampliar sus plazas ejecutivas para emplear a personas altamente
capacitadas, que se preparan para dejar el servicio público ante la próxima
pauperización salarial. Un problema adicional, quizás más grave por el
horizonte ominoso a largo plazo, es que debajo de esos funcionarios, jóvenes
que llegaron al Banco de México con un plan de vida y que en una primera
instancia no les afecta la reducción salarial, entrarán a una fase donde su
evolución salarial quedará truncada, porque jamás podrán ganar más que sus
jefes. ¿Cuánto tiempo más se quedarán en la institución? Con su entrenamiento,
ofertas en el sector privado nunca faltarán.
Suplirlos,
cuantitativamente, podrá no ser problema, como afirma López Obrador. La calidad
de su trabajo es otra cosa. Tomar buenas decisiones bajo presión, con estrés,
no se enseña en las universidades sino en el campo. Cuando alguien tiene que
tomar una decisión de esa naturaleza, sin perder minutos y sabiendo que de lo
que haga depende el bienestar de millones de personas, los años de conocimiento
adquirido es lo que ayuda al temple y a tener la cabeza fría. No se trata de
inteligencia, sino de experiencia y conocimiento aplicado. Eso no se tiene con
los salarios que quiere imponer López Obrador. A esa franja de la alta
burocracia le va a pagar cacahuates. Entonces, cacahuates tendrá.
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