Integrantes del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Salud (SNTSA) se manifestaron este día ante Casa Aguayo,
sede del gobierno estatal, para denunciar que ejercen su trabajo bajo amenazas
e intimidaciones del crimen organizado en municipios como Huauchinango, Cañada
Morelos, Izúcar de Matamoros y Texmelucan.
Patricia
Parra, secretaria general de la sección
25 del sindicato, denunció que se han presentado situaciones como la ocurrido
en el hospital de Huauchinango, donde los delincuentes amenazaron de muerte a
los directivos y de atacar las instalaciones luego de que se negaban a atender
sus demandas de ir a curar a sus heridos.
También reportó que se han presentado casos de
secuestros de doctores y enfermeras, así como retención de ambulancias, en
Cañada de Morelos e Izúcar de Matamoros, con el fin de obligarlos a atender a
los integrantes de grupos delictivos que resultan heridos en balaceras.
La
representante sindical mencionó que en
Puebla hay diversos focos rojos para el personal médico, entre ellos
comunidades como Tehuacán, Ciudad Serdán, San Martín Texmelucan, Tlacotepec,
Azumbilla, Vicente Guerrero, San Salvador El Seco, Atzizintla, Esperanza y
otras.
Parra
Maldonado explicó que este tipo de
riesgos laborales no sólo implica la intimidación de grupos delictivos, sino la
inseguridad que priva en esos lugares y que les afecta al momento que están de
guardia en horario nocturnos o se trasladan de sus casas a sus lugares de
trabajo.
Igual mencionó que uno de esos riesgos son las
frecuentes balaceras, asaltos o secuestros que se registran en esos y otros
municipios, y que han obligado a los trabajadores de la salud a trasladarse en
grupos o limitar sus horarios de atención, lo cual afecta a los pobladores de
esas localidades.
Los sindicalizados del sector salud
marcharon por las calles de Puebla también para denunciar que en San Martín
Texmelucan fueron detenidos dos médicos por órdenes de la Secretaría de la
Contraloría, la cual los acusó de usurpación de funciones.
Patricia
Parra indicó que los médicos fueron
sacados de sus centros de trabajo esposados y custodiados por policías, pese a
que la irregularidad en la que habían incurrido era sólo haber suscrito un
fármaco en las recetas del otro, debido a que atendían a pacientes en una hora
crítica de mucha demanda.
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