Pese a los
cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad, el fiscal general del
estado, Uriel Carmona Gándara, ratificó
como titular de la Fiscalía Anticorrupción a Juan Salazar Núñez, quien en su
momento fue abogado personal del gobernador Graco Ramírez y en el gobierno
fungió como su consejero jurídico.
El nombramiento se confirmó a pesar
del rechazo de organizaciones empresariales y de abogados, que cuestionaron que
desde el Congreso local se diera la facultad a Carmona de nombrar al fiscal
anticorrupción, en julio pasado.
Y es que, además de la relación entre Salazar Núñez y
el gobernador perredista, aquel ha sido señalado por la falta de resultados
durante los casi dos años que ha estado al frente de la Fiscalía
Anticorrupción, cargo que tendría que haber dejado el próximo martes 28, pero
finalmente se determinó otorgarle el nombramiento oficial con base en la
modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia.
La
organización civil Morelos Rinde Cuentas exhortó
al fiscal general a no ratificar a Salazar Núñez y esperar a que la próxima
Legislatura tomara posesión para designar al fiscal anticorrupción.
“No pasa nada si no realiza el
nombramiento, si espera a la siguiente Legislatura para que se analice la
forma, y creemos que pudiera haber cambios en la forma en cómo se designa al
fiscal anticorrupción, de manera que sea transparente y con participación
ciudadana”, destacó
en su momento Roberto Salinas, a nombre de esa organización.
Y en conferencia de prensa, acompañado de
representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), hizo un llamado para que la comisión de selección del Sistema
Estatal Anticorrupción (SEA) anule el proceso de designación de los integrantes
del Comité de Participación Ciudadana, porque las propuestas consideradas,
dijo, sólo incluyen a exfuncionarios de gobierno, lo que contraviene el
espíritu original de que sea integrado por ciudadanos.
De acuerdo
con Salinas, existen fuertes presiones
de los partidos políticos y del gobierno local para que se apresure el proceso
y se nombre “convenientemente” a personajes cercanos y convertir a dicha
instancia en un comité de cuotas y allegados.
“Desde la sociedad civil hacemos un
llamado a la comisión de selección para que no se deje presionar por los
poderes Ejecutivo y Legislativo para designar al Comité de Participación
Ciudadana. Ellos tendrán que designar en los próximos días o semanas a las
cinco personas que integrarán el Comité que dirigirá el sistema estatal
anticorrupción, y por ello son tan importantes estos nombramientos, pero nos
parece que estas presiones que está recibiendo no ayudarán a una adecuada
designación”,
subrayó.
De igual
manera informó que, durante el examen
realizado por la comisión de selección, no se tomó en cuenta los lineamientos
nacionales. Y a partir de los criterios de depuración de los aspirantes,
abundó, se seleccionó a 16 finalistas, de los cuales 90% son exfuncionarios
públicos que han ocupado cargos por influencia política o partidista. La
mayoría de ciudadanos fueron descartados.
Ante ello, se plantearon dos posibilidades:
flexibilizar los criterios de selección para ampliar el número de candidatos, o
de plano anular el proceso de selección e iniciar uno nuevo que permita la
participación de los ciudadanos.
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