En el Poder
Judicial de la Federación (PJF), 51% de
los jueces de distrito y magistrados de circuito en México tiene al menos un
familiar laborando, y en algunos casos la proporción es de hasta 80%, como es
el caso de Jalisco.
Lo anterior
se desprende del informe El déficit meritocrático, que denuncia que el nepotismo y las redes familiares provocan sesgos en
las sentencias.
El documento
fue presentado por Julio Ríos Figueroa, investigador de la División de Estudios
Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en conjunto
con la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI).
El reporte destaca que, tras 25 años
de la creación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se perpetúan redes
familiares, abundan carreras judiciales incompletas y hay una falta de carreras
administrativas.
De igual
manera, resalta que a pesar de que los
cargos de juez de distrito y magistrado de circuito son por concurso, hay
“graves problemas” para una selección transparente.
La
investigación encontró que entre 1995 y
2016, 87% de los concursos fueron convocatorias cerradas en las que sólo podían
inscribirse personas ya dentro del PJF. Es decir, excluían a profesores,
académicos y abogados litigantes.
De los más de 50 distintos puestos de
trabajo que hay en el PJF, que engloba desde la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) hasta jueces de distrito y tribunales unitarios, sólo 11
participan en el procesamiento de casos y sentencias, y solo cinco de estos
últimos son parte de la carrera judicial.
De esos 5, sólo 2 puestos (juez de
magistrado y distrito) se obtienen por concurso de oposición y exámenes
estrictos, en tanto
que los otros 3 se consiguen
“esencialmente a discreción de jueces y magistrados”, apuntó la investigación,
y halló que ello incentiva a la creación de redes familiares que en el 47%
cubren plazas sin filtros meritocráticos.
De estos
familiares contratados, el 68% son por
consanguinidad –49% de ellos son padre/madre a hijo/hija–, mientras que el 32%
restante son contrataciones por “afinidad”, y en su mayoría, el 65% de los
casos, se da trabajo al cónyuge.
Por estados, los más “solidarios” con
la familia, según el reporte, son Jalisco, con 77%; Nuevo León, 73%; Tlaxcala,
70%; San Luis Potosí, 65%, y Guanajuato, con 63%. Por otra parte, las entidades
menos “solidarias” son Nayarit, con 3%; Tabasco, 16%; Colima, 20%; Oaxaca, 24%,
y Guerrero, con 31%.
Sin embargo,
faltan los datos del circuito judicial
de Ciudad de México y de Toluca, por lo que “es probable que las cifras reales
sean bastante mayores”, abundó Ríos Figueroa. Pero a pesar de las diferencias
regionales, el 51% promedio es “muy alto” si se compara con otros países,
subrayó.
En Estados Unidos, por ejemplo, una reciente encuesta externa reportó un 8% de familiares en el
Departamento de Justicia. Y en España el 14% de los miembros del Tribunal de
Cuentas tienen familiares en la institución, remarcó el investigador.
El cargo más común para familiares es
de oficial administrativo, que requiere muy pocos requisitos. El nombramiento
recae en el titular del juzgado y tiene un salario bajo, por lo que puede ser
una “plataforma para ingresar fácil” y después subir de categorías, abundó.
Estos factores merman la credibilidad
del sistema judicial en México, ya que según datos del Instituto Nacional de Geografía y
Estadística (Inegi), el 71% de los
mexicanos cree que hay corrupción en la Justicia y, según un estudio de World
Justice Project (WJP), el 68% cree que tener familiares es “decisivo” para
hacer carrera en la Justicia mexicana.
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