Javier Risco.
México por fin está hablando de paz.
Durante 12 años hablamos el discurso de la guerra y hoy están a debate las
palabras ‘olvido’ y ‘perdón’; la aproximación ha sido polémica, los caminos no
pintan para ser sencillos, algunas víctimas han levantado la voz y se han
sentido ofendidas siquiera con poner en el lenguaje de la pacificación una
palabra que sugiera la indulgencia; sin embargo, dicho está y los caminos
apuntan para tiempos que deben construir verdad.
Pero hay otros conceptos que han
salido a flote en el discurso mediático y gubernamental, aunque en boca de las
víctimas ha sido una constante: justicia. Y aunque hay mecanismos de reparación
del daño, ninguna falta cometida queda compensada para quien ha sido víctima,
que la justicia y la verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo van a pagar
su deuda con el dolor ocasionado? Una exigencia constante que hoy está teniendo
eco.
El gobierno
de Andrés Manuel López Obrador ha puesto
en estas semanas de transición objetivos palpables para visibilizar la cuarta
transformación: la venta del avión del Presidente, la reducción de salarios en
la burocracia, no habitar Los Pinos, los propios foros de pacificación, etc.;
sin embargo, hace falta un golpe en la mesa sobre la resolución de casos
icónicos de violación a derechos humanos en este sexenio, y de ahí vaya que
tiene de dónde escoger para poner un ejemplo de que en su gobierno se va a
privilegiar la verdad y se dará justicia a las víctimas.
Y aunque ha sido más en boca de la
exministra Olga Sánchez Cordero y de Alejandro Encinas que sabemos que los
derechos humanos están en la lista de prioridades del gobierno, en México
tenemos ejemplos de cómo las palabras –y sobre todo las de los políticos– se
las lleva el viento. Hoy hay sobre su mesa una oportunidad de mostrar con
hechos que ese eje que hundió al gobierno priista saliente, puede ser una zona
de oportunidad para una ‘cuarta transformación’ real.
Se trata del caso Tlatlaya, esta
masacre de la noche del 30 de junio de 2014, en la que el Ejército y las autoridades
mexiquenses presumieron ‘abatir’ a 22 presuntos criminales, que después se
descubrió se trató de ejecuciones extrajudiciales que desnudan el abuso que hay
de las instituciones que imparten justicia en contra de personas que, aun
habiendo cometido algún delito, debían ser sujetos de un proceso penal y no de
un ajusticiamiento.
Aquella noche sólo sobrevivió Clara,
quien, a través de su testimonio publicado en 2014 en la revista Esquire,
desenmascaró uno de los abusos militares más grandes y emblemáticos del sexenio
de Peña Nieto. Esta semana, cuatro años después, amenazas de muerte,
interrogatorios y una incesante lucha por justicia por medio, Clara consiguió
que un juez federal ordenara a la PGR reabrir el caso. ¿Quién y por qué se dio
la orden de ‘abatir’? La investigación debe ser imparcial y expedita, determina
la sentencia.
De la reconstrucción de hechos por
pruebas y testimonios, abogados como los que llevan el caso en el Centro Pro de
Derechos Humanos han logrado comprobar que al menos 15 de las 22 personas que
murieron en esa bodega del municipio mexiquense, fueron ejecutadas
extrajudicialmente. Asesinados, porque ese tendría que ser el término sin
elegancia que usemos para entender lo que pasó.
Siete militares fueron llevados ante
la justicia militar –no civil– por esta masacre. Los últimos 3 fueron liberados
en 2016. Nadie está hoy respondiendo por las 15 víctimas. Hasta ahora no se
sabe la responsabilidad de la cadena de mando y mucho menos si la orden de
abatir es una constante en los operativos militares. Esta nueva oportunidad que
abre la resolución del Tribunal Federal, en el contexto de un nuevo gobierno,
genera la posibilidad de mostrar una estrategia distinta para la atención no
sólo de futuros casos, sino para encontrar verdad y justicia en aquellos que se
le desmoronaron en las manos al casi expresidente.
Esta es la
única forma de pasar del discurso al hecho y de dejar de presumir una
transformación que desde ya pueden hacer realidad.
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