Las bancadas
de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) presentaron en la Cámara de Diputados un
punto de acuerdo para solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) que
investigue al gobierno de Antonio Gali Fayad por su presunta intromisión en los
pasados comicios locales a favor de Martha Erika Alonso, actual gobernadora
electa.
Además, la fracción mayoritaria se pronunció porque
se restablezca el orden democrático en esta entidad y que las autoridades
electorales competentes “reparen la vulneración a la voluntad ciudadana” cometida
en la elección de gobernador.
Presentado
por el diputado federal Saúl Huerta Corona, el punto de acuerdo destaca que los comicios del 1 de julio en Puebla
se caracterizaron por la intromisión del gobierno local, violencia generalizada
el día de la jornada electoral y, además, la ilegal manipulación de la
paquetería electoral.
“El día de la jornada electoral,
desde el poder público local se desplegó una ilegal operación para atropellar
la voluntad popular cuando notaron que la expresión de ésta no favorecía a la
candidata de la coalición partidista en el gobierno”, se lee en el escrito presentado en
la sesión de este martes.
“Torcer la voluntad ciudadana
expresada en las urnas es la violación más grave que se puede cometer en contra
de la democracia y de la sociedad. Este atentado fue cometido en contra de los
poblanos por el gobierno de Antonio Gali Fayad”.
De igual
manera, sostiene que el gobierno local
incurrió en reparto masivo de dádivas, condicionamiento de programas sociales,
difusión masiva de campañas negras o de odio, destrucción u obstaculización de
propaganda electoral, e incluso hubo actos violentos y homicidios, todo para
condicionar el voto o afectar la equidad en la contienda.
“La culminación de este
comportamiento antidemocrático para usurpar la voluntad popular se dio el día
de la jornada electoral del primero de julio, donde vimos balaceras en varias
casillas, robo de urnas y boletas, a grado tal que una camioneta propiedad de
la Secretaría de Finanzas de Puebla volcó en su huida, repleta de boletas
robadas”, relataron
los diputados en el punto de acuerdo.
El uso de este vehículo, agregaron,
es prueba de que el gobierno estatal utilizó sus recursos para “hurtar” la
elección a gobernador y favorecer a la candidata de su partido.
El escrito hace referencia al retiro
de espectaculares del excandidato a gobernador de Morena, Luis Miguel Barbosa;
el reparto de zapatos (con el logotipo gubernamental) entre el alumnado de
educación básica; y la promoción de la imagen de la esposa del exgobernador
Rafael Moreno Valle.
“Toda esta canallada política puede
resumirse en una constante: Se implementó una elección de Estado para poner
recursos públicos e institucionales del gobierno local a favor de la candidata
Martha Erika Alonso de Moreno Valle”.
Los
legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia refirieron que tanto el INE como el Tribunal Electoral de Puebla han
mostrado un “servilismo indignante” hacia el gobierno local y hacia la
candidata Alonso, ya que sus integrantes fueron funcionarios y empleados
durante el gobierno de Moreno Valle.
“Nosotros mantenemos la exigencia de
que tales instituciones reparen el atentado que se cometió en contra de la
voluntad ciudadana de los poblanos. De seguir solapando el atropello a la
misma, los titulares de esos órganos deberán asumir las responsabilidades que
correspondan por su ilegal comportamiento”.
En ese
contexto, señalaron que Puebla es la
expresión clara de una crisis social y política causada por la corrupción del
grupo que ha mantenido el control del gobierno en los últimos ocho años.
Indicaron que esta crisis se refleja
en delitos al alza, impunidad, incapacidad para atender los reclamos de la
población, conflicto poselectoral, entre otras expresiones de la
“ingobernabilidad por la que atraviesa actualmente ese estado”.
Por ello propusieron que la Cámara de Diputados
condene los actos de intromisión en que supuestamente incurrió el gobernador
Gali Fayad, así como pedir al INE que abra una investigación contra su
administración por cometer actos que vulneraron la certeza, legalidad,
independencia y parcialidad del proceso electoral.
También demandaron un “enérgico” llamado al
Instituto Estatal Electoral de Puebla y al Tribunal Electoral del Estado para
que se abstengan de emitir actos y resoluciones que contravengan los principios
rectores en materia electoral.
Linchamientos.
Por otra
parte, la fracción del PRI propuso
exhortar a la Fiscalía General de Puebla para que dé celeridad a las
investigaciones por el homicidio y linchamiento de dos personas en el municipio
de Acatlán de Osorio, el pasado 29 de agosto.
Asimismo, se pronunció porque el gobierno de Puebla
fortalezca la coordinación con los municipios, a efecto de prevenir este tipo
de incidentes donde las dos personas, detenidas por infracciones
administrativas, fueron acusadas por los pobladores de intentar robar a dos
niños.
“Es importante destacar que durante
estos acontecimientos no se cumplieron los protocolos de actuación como el de
‘búsqueda de soluciones pacíficas’, las autoridades municipales no
establecieron canales efectivos de diálogo y tampoco informaron de los hechos
para un rápido auxilio a la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de
Seguridad Pública estatal”, señala el punto de acuerdo.
Agrega que los linchamientos en
Puebla y la incapacidad institucional para prevenirlos por parte de las
autoridades estatales son constantes.
De igual
manera, apunta que sólo en lo que va de
este año, en Puebla se han dado 146 intentos de linchamiento y 15 personas han
perdido la vida por estas causas, entre ellas cuatro en Yehualtepec y tres en
Miravalles; asimismo, han golpeado y quemado a diversos individuos en la junta
auxiliar de San Gabriel Ometoxtla, en El Sabinal y en la localidad de San
Miguel Canoa, en esta capital.
“…es fundamental que la Fiscalía
General del Estado de Puebla realice las investigaciones correspondientes con
objetividad, transparencia y efectividad, a fin de deslindar responsabilidades,
establecer sanciones a los responsables y prevenir hechos de estas
características, así como asegurar el acceso a la justicia”, puntualizaron los diputados del
tricolor.
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