La Procuraduría General de Justicia
del Estado Guanajuato (PGJEG) exoneró al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías por
los presuntos abusos cometidos contra un grupo de niños que se encontraban bajo
su tutela en los albergues conocidos como “Ciudad de los Niños”.
De las cinco
causas penales iniciadas por los presuntos abusos cometidos contra más de cien
niños que vivían en los albergues dirigidos por Gutiérrez Farías, la Procuraduría no vinculó a proceso penal
al sacerdote por ninguno de estos delitos.
La PGJEG tampoco fincó responsabilidades a
servidores públicos de instancias oficiales como los sistemas DIF estatal y
municipal y Registro Civil, aun cuando los supuestos abusos fueron cometidos en
complicidad con funcionarios de dichas dependencias de gobierno.
La denuncia original fue presentada
de manera anónima por golpes y abuso sexual, presuntamente cometidos contra una
menor de la que se solicitaba su reubicación, por lo que el sacerdote solicitó
un amparo para evitar que la niña saliera del albergue.
La juez que revisó la petición de
amparo del sacerdote, sin embargo, declaró improcedente la medida e hizo una
serie de observaciones para que, además de proteger a la menor, se atendiera a
otros cien chicos, pues no era “benéfico para los menores permanecer viviendo
en los centros de asistencia social a cargo de la asociación civil Ciudad de
los Niños Salamanca”. También hizo serios señalamientos a autoridades como el
DIF por sus omisiones.
Además del sacerdote fueron
denunciados tres de sus colaboradores, entre éstos la monja Xóchitl Tapia
Carbajal, así como Leandro Martín Bermúdez Armenta y Aurelio Gutiérrez
Anguiano, de acuerdo con información oficial del caso.
De los
cuatro denunciados Xóchitl Tapia
Carbajal enfrenta un proceso penal por el delito de violencia familiar, por la
presunta agresión cometida contra la menor de iniciales M.G. C.U, en tanto
Aurelio Gutiérrez, acusado de abuso sexual, logró un acuerdo reparatorio con su
víctima.
Leandro Martín Bermúdez, maestro de
música, enfrenta por su parte una orden de aprehensión pendiente de
cumplimentar por el delito de privación ilegal de la libertad, de acuerdo con
información consultada en los juzgados donde se desahogan los juicios. Contra
esta persona, además, existía una denuncia por violación que fue desechada.
¿Impunidad
clerical?
Para Juan
Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la
Infancia en México (REDIM), es evidente
que desde que se dio a conocer el caso “el gobierno de Guanajuato no sólo ha
sido complaciente con el padre Pedro Gutiérrez”, sino que se ha negado
sistemáticamente a la intervención de las organizaciones de la sociedad civil.
“Hay que recordar que el propio
gobernador Márquez es el que promueve castigo corporal a niños y niñas, también
salió a defender al sacerdote Pedro Gutiérrez diciendo que es una buena persona
y no hubo denuncia, el secretario de gobierno también lo hizo y el propio
procurador Zamarripa”.
Pérez García
acusó al procurador de Guanajuato de no
cumplir con su obligación legal de proteger a niñas y niños particularmente
víctimas de delitos, sobre todo porque tienen conocimiento de que algunas de
las víctimas del albergue “fueron amenazadas de muerte si mantenían las denuncias
en contra del sacerdote Pedro Gutiérrez”.
“Nuestro llamado de exigencia es que
no se permita la impunidad al fuero clerical, sabemos que en este país como en
otros países del mundo no se permita la impunidad que tienen los sacerdotes es
enorme. Hacemos un llamado al Papa Francisco, así como está diciendo a nivel
global y está pidiendo perdón en varios países del mundo voltee a mirar a
México y de se cuenta que acá hay varios temas pendientes, este es solo uno de
los casos Pedro Gutiérrez con más de dos décadas de denuncias y, aun así la
iglesia católica sigue protegiéndolo, el gobierno sigue protegiéndolo y nos
parece increíble que la Procuraduría General de la República a más de un año de
denuncias siga sin concretar las investigaciones”.
De acuerdo
con el vocero del gobierno del estado, el caso sigue abierto y continúan las
investigaciones. Señaló que existe la
posibilidad de que el predio del albergue se regrese a la asociación, aunque la
Fiscalía estatal pelea que no sea utilizado como albergue.
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