El
presidente electo Andrés Manuel López
Obrador debería actuar de manera más cautelosa en sus promesas de erradicar la
corrupción y terminar en tres años la “guerra contra las drogas”, pues si bien
son “loables”, existen muchos obstáculos y resistencias en el camino.
Y en caso de no poder cumplir sus
ofrecimientos, “la confianza pública en las instituciones del Estado podría
desplomarse”, opinó
el International Crisis Group (ICG).
De acuerdo
con un informe del Grupo –consultado por Apro–, “no existe una salida fácil a la crisis de seguridad en México”, pues
el próximo 1 de diciembre López Obrador heredará un país que sufrió una
“campaña militar” contra la delincuencia organizada durante los últimos 12 años
y que engendró “una plétora de conflictos regionales, cada uno de los cuales
tiene sus particularidades y requiere de un enfoque propio”.
Además, tomará las riendas de un país donde los
aparatos policiacos y militares fueron viciados por “corrupción, colusión y
autoritarismo”. El informe resalta que el Ejército fue señalado por tener
pactos de complicidad con la delincuencia organizada, e incluso por participar
en “varios casos de alto perfil no resueltos, como la desaparición de 43
estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en Guerrero”.
Además, destaca que el poder municipal fue
abandonado y a menudo cayó en manos de grupos criminales; que la Procuraduría
General de la República (PGR) dejó en la impunidad 96.8% de los casos de
violaciones a los derechos humanos que investigó, o que los agentes de la
Policía Federal (PF) sufren pésimas condiciones laborales y se prestan a la
corrupción.
Según el
ICG, “el Ejército será reticente a ceder
su poder y a los flujos de ingresos que acumuló en la última década”, mientras
que “poderosos intereses de negocios podrían percibir sus reformas económicas
como amenazas”.
Y la sociedad mexicana “está lejos de
tener un consenso sobre las medidas necesarias para conseguir la paz”, subraya.
El
International Crisis Group observa tres
dilemas que enfrentará el futuro gobierno: prometió retirar el Ejército de las
tareas policiacas, sabiendo que los cuerpos policiacos son débiles y a menudo
infiltrados; ofreció reparaciones a las víctimas de la guerra contra el
narcotráfico, sabiendo que no existen las capacidades de investigar y sancionar
estos crímenes, y busca aportar la paz mediante el diálogo con los victimarios,
lo que podría desencadenar la furia de las víctimas.
El
presidente electo “debería contener las
expectativas y enfatizar en reformas clave, priorizando el acabar con la
colusión entre las policías y la delincuencia, apoderar comisiones de la verdad
para proponer políticas de construcción de paz, llevar ante la justicia a los
responsables de sonados crímenes de Estado pasados, e impedir futuros abusos”.
De igual
manera, el Grupo recomienda a la futura
administración que se resista a imponer soluciones desde el gobierno federal, y
en su lugar aconsejó alentar la creación de comisiones de la verdad dirigidas
por ciudadanos en los estados más azotados por la violencia (Guerrero,
Michoacán y Veracruz, por ejemplo), para que de éstas emerjan soluciones
concretas y adaptadas al contexto local.
También le sugiere que financie los colectivos de
búsqueda de personas desaparecidas –que a la fecha operan con fondos de los
propios familiares de víctimas– y que “investigue y traiga ante la justicia a
todas las fuerzas del Estado involucradas en los casos más emblemáticos de
asesinatos y desaparición de civiles”, entre ellos el de los normalistas de
Ayotzinapa.
Propone que evalúe el otorgar
amnistía parcial a los integrantes de “medio o alto nivel” de organizaciones
criminales con tal de conseguir paz, y sostiene que “los costos políticos,
tanto a nivel doméstico como respecto a Estados Unidos, podrían ser significativos,
pues se podría acusar al gobierno de ser laxo o incluso coludido con el crimen
organizado”.
Subraya la necesidad de diseñar
programas de reinserción para ofrecer una alternativa a los miembros de
pandillas y organizaciones criminales, y urge el Congreso a cancelar la Ley de
Seguridad Interior (hizo notar que la postura del gabinete de López Obrador al
respecto no ha sido clara), a la par de fomentar el regreso de las
instituciones civiles para mantener la seguridad en el país.
“El éxito de un cambio radical
dependerá sobre todo de cómo (el presidente electo) solucionará los micro
conflictos desparramados en el país, y las medidas que su gobierno tomará para
terminar con la complicidad del Estado y la delincuencia en las regiones
violentas”.
Los dilemas.
Con el triunfo electoral de Andrés
Manuel López Obrador “las esperanzas por un cambio son altas en México”, sin
embargo, el ICG observa que el tabasqueño “todavía no detalla cómo su gobierno
vencerá la serie de obstáculos que se elevan en el camino de una solución
rápida a la delincuencia o la corrupción”. Y enfatiza que el problema no reside
en el qué sino en el cómo.
En materia
de seguridad, retrata un panorama
desolador: más de 150 mil personas murieron o desaparecieron en 12 años, y la
estrategia de cortar cabezas en los principales cárteles multiplicó el número
de organizaciones criminales que luchan a muerte por el control de territorios
–además expandieron sus sectores de actividades ilegales– y se apoderaron de
gobiernos locales, en los que manejan recursos e instituciones.
En lugar de reducirse, la violencia
rebasó las zonas en las que se concentraba –como Guerrero, Michoacán y
Tamaulipas– y se desbordó hacia entidades que vivían en relativa paz, como
Jalisco, Guanajuato o Colima, pero por motivos distintos.
El documento
muestra la situación de Tierra Caliente,
Michoacán, donde la violencia se originó en el combate por desmantelar al
cártel de la Familia Michoacana, que se dividió en grupos pequeños y dispersos
que luchan por el control territorial. Lo anterior, en un contexto de disputas
y “vendettas” entre familias y comunidades.
En
contraste, menciona que Salamanca,
Guanajuato, sufre altísimos niveles de violencia, producto de la disputa entre
grupos criminales –particularmente el Cártel de Jalisco Nueva Generación
(CJNG)– para dominar el robo de hidrocarburos de los ductos de Petróleos
Mexicanos (Pemex) y la venta de “huachicol”.
Entre los dilemas de López Obrador
destaca la reforma a las fuerzas de seguridad federales: por una parte, el
presidente electo debe atender las demandas de justicia de los familiares de
personas asesinadas y desaparecidas, y a la vez medir los contragolpes que
puedan originarse desde las corporaciones de seguridad.
“Moverse con demasiada prisa
–castigando de manera súbita a los funcionarios responsables de delitos graves,
por ejemplo– podría generar resistencias, mientras que el retiro abrupto de las
fuerzas armadas de las tareas policiacas que asumen en los estados más
afectados por la violencia podría desencadenar una inestabilidad todavía
mayor”, abunda el
estudio.
Durante los
foros de diálogos con las víctimas que realizó el equipo del tabasqueño –añade–
no fue bien recibido el mensaje de “perdón sí, olvido no” y que camina de la
mano con su propuesta de amnistía.
Por otra
parte, el presidente electo prometió otorgar becas de 3 mil 600 pesos mensuales
a 2.7 millones de jóvenes, reequilibrar la economía, fomentar la inversión en
infraestructura, incrementar el salario mínimo y acabar con la corrupción.
“Detrás de gran parte de las promesas
de López Obrador recae la fe en un acto de magia personalizado. La persona es
el método: la solución no es otra que el propio López Obrador”, indica el informe.
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