Capos y políticos, en la mira de Washington.

Ricardo Ravelo.

Convertida la política antidrogas de Enrique Peña Nieto en una verdadera trapacería, el gobierno de Donald Trump parece que empieza a tomar, un poco más en serio, la necesidad de combatir a los cárteles del narcotráfico desde el nervio financiero. Y ha enfocado sus baterías hacia México, particularmente contra los capos de la droga y la mafia política.

En doce años, de 2006 a la fecha, el país pasó a ser un escenario de miserias y gemidos debido a la violencia: la guerra de Felipe Calderón contra el narco resultó un fiasco y el combate criminal en el sexenio que acaba terminó convertida en una vacilada porque jamás se pudo frenar la violencia, por el contrario, ésta superó las cifras al fatídico gobierno de Calderón.

El resultado de ambos sexenios es que los capos ya gobiernan más del 75 por ciento del territorio, bajo cualquier sigla partidista, y nadie hace absolutamente nada para frenar el arribo de criminales a las tareas de gobierno.

Los partidos son responsables, en buena medida, de este desastre al no poner freno al dinero sucio. Por ello, la figura del municipio libre, por ejemplo, está capturada por mafiosos, de ahí que el gobierno de Trump haya puesto la mira en estas estructuras políticas –gobernadores, diputados, alcaldes, síndicos y muchos empresarios –que están coludidos con la mafia y cobijados por una suerte de pacto de impunidad.

Trump enfoca sus baterías hacia México y al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no le quedará otra alternativa más que cooperar con su homólogo en esta lucha contra los criminales.

Y las acciones ya comenzaron y esta vez no provienen de la improvisación ni de decisiones zigzagueantes. Washington va con todo y éste quizá sea el arranque feroz del gobierno de López Obrador, quien parece que también prepara su estrategia con miras a la pacificación del país. Quizá dejemos de ver al López Obrador vacilante y contradictorio, como se le ha observado, por ejemplo, con el polémico tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El tema de las drogas y la gobernabilidad jamás podrán ponerse en manos del pueblo para que decida qué hacer. Las directrices –y esto está claro –las determina el gobierno de Estados Unidos.

Hace apenas unos días, para ser exactos el pasado martes 16, el gobierno norteamericano aumentó el monto de la recompensa que ofrece por la cabeza de Nemecio Oceguera, El Mencho, jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Quien aporte información sobre su paradero podrá llevarse 10 millones de dólares. Nada se ha dicho todavía de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, señalado de proteger a capos (y sobre todo a El Mencho –durante su gobierno.

Esta es la segunda recompensa más cuantiosa que ofrece Washington por un capo de este pelaje. La suma más fuerte –20 millones de dólares –se otorga para quien ubique el paradero de Rafael Caro Quintero, puesto en libertad hace unos cinco años tras un fallo judicial bastante nebuloso que observó fallas en el procedimiento que se le había seguido al narcotraficante tras su captura, en los años ochenta, por tráfico de drogas y el asesinato de Enrique Camarena, el agente de la DEA torturado y asesinado en un rancho de Michoacán.

Eso no es todo: un día antes de que se anunció la nueva bolsa millonaria por El Mencho, altos funcionarios estadunidenses y de la Procuraduría General de la República (PGR) informaron sobre la creación de un grupo policiaco investigador mixto con un propósito específico: quitarles el dinero a los cárteles y golpear todos los ramajes financieros que les permiten corromper a funcionarios y generar violencia.

Este grupo especial, que trabajará tanto en territorio norteamericano como en México se enfocará a detectar las redes patrimoniales de capos y de políticos. En la mira parecen estar exgobernadores que amasaron fortunas protegiendo intereses del crimen; también alcaldes, diputados, senadores y altos funcionarios de Aduanas, donde por cierto opera una cauda de mafiosos del más alto nivel.

Elocuentes fueron las palabras del encargado de la oficina local de la DEA, Brian M. McKnight al afirmar: “Hemos puesto en marcha planes de acción innovadoras para resolver este problema”.

El nuevo grupo –dijo –se abocará a las investigaciones internacionales y operará desde la ciudad de Chicago. Su función específica, expuso sin mayores preámbulos, será perseguir a personajes de alto valor de los cárteles y también combatirá a pandilleros que están involucrados en la distribución de drogas.

El hecho de que Chicago –otrora centro de operaciones del legendario mafioso Alfonso Capone –sea la base de este grupo especial, es un dato que resulta relevante: esa ciudad estadunidense está considerada como la más importante receptora de la mayor cantidad de droga que se envía desde México. Desde ahí se distribuye a todo el territorio una gran variedad de drogas para los consumidores

Los datos así lo refuerzan: de acuerdo con informes de la DEA, en lo que va de 2018 se han asegurado unos 300 kilos de cocaína y fentanilo (narcótico sintético utilizado para la elaboración de medicamentos antigripales, anestesia y se asegura que su potencia supera los efectos de la morfina, en otro tiempo llamada el segundo demonio de la humanidad) cuyo valor asciende –se dijo — a unos 20 millones de dólares.

Las investigaciones de la DEA también detectaron que la droga que arriba a Chicago, como lo acreditó este caso, está manufacturada en México; que son los cárteles mexicanos, a través de intermediarios o brokers, los responsables de su distribución en toda la Unión Americana, de ahí que el tema del combate financiero sea clave para cortarle la cabeza a los grupos poderosos dedicados al tráfico de enervantes.

Y entre los más importantes, de acuerdo con el mapa criminal de Estados Unidos, están los cárteles de Jalisco Nueva Generación –de ahí la millonaria recompensa por Nemecio Oceguera –, el cártel del Golfo y la organización del Pacífico o cártel de Sinaloa que, según informes oficiales, se ha dividido en cuatro frentes para diversificar sus operaciones.

Pero los hombres que dirigen las acciones antidrogas desde la DEA, más allá de estos objetivos, tienen una prioridad: que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos ni la violencia en México podrán disminuir si no se desmantelan las redes financieras del crimen organizado.

Y es por ello que ahora sí parece que los hombres de la DEA van por el dinero.

Durante una visita realizada a Tamaulipas –uno de los estados perdidos por la violencia, donde la gobernabilidad está completamente pulverizada –el presidente electo Andrés Manuel López Obrador comenzó a dar algunos detalles de lo que será su política para combatir al crimen organizado.

Precisamente el miércoles 17 dijo que la estrategia consistirá en dividir al país en 256 regiones y cada una, dijo, estará encabezada por un mando único encabezado por efectivos de la Policía Federal, el Ejército y la Marina.

Y también hubo reversa en el tema de la amnistía, pues el tabasqueño también comentó que no firmará pactos con el narco ni con capos. Esto debe entenderse como que entonces habrá combate frontal y parejo, guerra sin excepciones. ¿Y el indulto? Bueno, eso le tocará definirlo legalmente al Congreso cuando se discuta para quiénes puede haber indulto y para quienes no.

Como ya se ha dicho en varios momentos en este espacio, la tarea de López Obrador para pacificar al país no será fácil. No es por decreto. Debe aplicarse una correcta política criminal que paulatinamente vaya poniendo fin a las guerras entre cárteles. Por su puesto que no todo será combate –la violencia genera violencia, ha dicho López Obrador reiteradamente –, pues no se descartan otras medidas alternas: la legalización de algunas drogas, la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio y dentro del listado de acciones no está fuera la negociación.

Pero lo que López Obrador no se atreve a comentar es cómo le hará para desmantelar la estructura política ligada al crimen y que ya gobierna en gran parte del territorio. No estamos hablando de infiltración del crimen en la política. No. Estamos hablando de que grupos del crimen organizado ganaron alcaldías y diputaciones en todo el país y que van a gobernar o ya están gobernando.

Es el caso, por ejemplo, de Guerrero. Ahí el PRI y el PRD ganaron alcaldías y diputaciones en varios distritos locales y federales con candidatos que están ligados a los cárteles de Los Rojos y Los Ardillos, los más perniciosos dentro y fuera de ese estado.

De entrada, se impone que el señor Alfonso Durazo se ponga a trabajar junto con la Secretaría de Hacienda y la PGR en el armado de todo el mapa criminal –confirmado o bajo sospecha –que ha trastocado la vida pública toda, con el fin de desmantelar su estructura.

Cuando los políticos empiecen a ir a las prisiones bajo cargos de lavado de dinero o protección a mafiosos, entonces el país podrá entrar en una etapa de pacificación. Antes de cualquier acción esto no será posible: el crimen organizado, como ya se ha dicho, opera con 25 actividades delictivas y todas generan violencia. Y, además, están protegidas por el poder político, aunque en muchos casos el poder político es el crimen.